El gobierno entabló una serie de contactos al más alto nivel con Brasil para evitar ser incluido en el impuesto de 30% que la administración de Dilma Rousseff aplicará a la producción local e importaciones de vehículos que no tengan 65% de origen regional. La medida, que sorprendió al gobierno de José Mujica, tiene como fundamento proteger a la industria local brasileña y pone en riesgo exportaciones de autos armados en Uruguay que rondan los US$ 100 millones anuales.
Uruguay reclamará a Brasil que respete el acuerdo automotor
Kreimerman inició contactos diplomáticos y Lorenzo fustigó el proteccionismo