Venezuela y la política del silencio

Para acumular más poder e ignorar a la oposición, Maduro apunta ahora hacia la prensa y promueve la censura y cierre de medios

Es evidente que Nicolás Maduro, el exchofer de ómnibus y excanciller al que el difunto presidente Hugo Chávez eligió como su sucesor va logrando todo aquello que se propone, además de perpetuarse en el gobierno a toda costa.

Primero comenzó por detentar el poder de la forma más autoritaria posible y dejando de lado, de todas las formas habidas y por haber, a los partidos de oposición.

Eso incluyó la aplicación de cualquier recurso y artimaña para posponer elecciones.

Pero no se quedó solo en eso: hizo perseguir y encarcelar a algunos de los más influyentes dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero también se encargó de ordenar su proscripción, de manera que no pudieran participar de ningún proceso electoral.

Eso determinó, además de la cárcel para algunos, el exilio forzoso de muchos otros.

De hecho, en los últimos meses, se incrementó notoriamente la cantidad de presos políticos en Venezuela, de acuerdo a datos divulgados por distintas organizaciones internacionales promotoras de los derechos humanos.

Por si eso no hubiese sido suficiente, Maduro fue más allá y promovió, en mayo pasado, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo principal cometido –de antemano– debía ser la reformulación de la Constitución chavista, vigente desde 1999.

Pero claro, ese organismo, presidido por una de las más influyentes dirigentes del chavismo, la combativa excanciller Delcy Rodríguez, no solo sustituyó en sus funciones al Parlamento, sino que además asumió plenos poderes.

En los hechos, eso implicó minimizar y desconocer todavía más a la oposición y, sobre todo, ejercer acciones de gobierno.

En ese contexto, y como forma de ir cerrando ese círculo de poder sin interferencias a la vista –y pese a las presiones políticas y económicas ejercidas por la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza– Maduro también encontró la forma de quitar del medio a Luisa Ortega Díaz.

La exfiscal general, que supo ser una dirigente chavista de todas las horas, debió irse de apuro con destino a Colombia, pues llegó a temer por su vida.

Ortega Díaz se había transformado en un problema para el régimen chavista, pues se dedicó a denunciar todas sus arbitrariedades, incluso hechos de corrupción que involucraban a altos funcionarios del gobierno.

Entre esas arbitrariedades, figuraban en primer plano la represión de las manifestaciones callejeras entre abril y julio de este año, que provocaron más de un centenar de muertos, así como varias decenas de heridos y múltiples detenciones ilegales.

Además, para las elecciones de gobernadores realizadas en octubre pasado, Maduro aplicó una estrategia tal que literalmente aplastó a la MUD al ganar en 18 de los 23 estados del país, con lo que además ayudó a desnudar las profundas divergencias internas y la merma en el poder de convocatoria de los partidos de oposición.

La prensa en la mira

Pero aún así faltaba la frutilla en el postre: la prensa, sobre todo aquellos medios independientes que el régimen chavista aún no había conseguido silenciar y que se habían convertido en algo más que una piedra en el zapato para la administración de Maduro.

Y hacia allí dirigió todos sus afanes el presidente, al disponer en los hechos una caza de brujas sin precedentes en la historia del país, que llevó –por ejemplo– en 2017 al cierre de 69 medios (46 radios, tres emisoras de televisión y unos veinte periódicos).

En ese contexto, el gobierno de Maduro ordenó el cierre de emisoras como la cadena colombiana Caracol Televisión y la cancelación de la licencia de Radio Caracas Televisión), el levantamiento de programas y la censura con nombre y apellido a periodistas no ya opositores sino solo independientes, algo que el chavismo no puede concebir.

Pero, además, al amparo de la denominada "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" –aprobada por la Asamblea Constituyente el mes pasado y que impedirá presentar en elecciones a aquellos partidos que promuevan la "intolerancia" y el "fascismo"– comenzó a instruir "procedimientos" que amenazan la libertad de expresión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó recientemente el cierre de dichos medios y exigió al gobierno chavista a que garantice su actividad sin perjuicio de su línea editorial.

A través de un comunicado, la Relatoría Especial realizó un "llamado urgente" para el "restablecimiento" de las transmisiones de esas emisoras que fueron retiradas del aire.

Asimismo, exigió el restablecimiento de todas las "garantías necesarias" para el "ejercicio pleno" del derecho a la libertad de expresión en el país.

"El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias", indicó la Relatoría, un ente autónomo dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Precisamente, el secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo, Luis Almagro, ha sido en este último tiempo, uno de los principales críticos del régimen chavista, lo que le valió todo tipo de agravios y acusaciones.

A juicio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la decisión del gobierno chavista es una forma de "censura indirecta bajo el derecho internacional".

La ONG Human Rigths Watch, también se sumó a las expresiones de condena al indicar que la falta de garantías sobre los derechos humanos permite al gobierno venezolano "intimidar, censuras y perseguir a sus críticos".

Uno de los periodistas afectados por las medidas arbitrarias del gobierno fue Daniel Lara Farías, conductor del programa "Y así nos va" en la emisora RCR 750 AM, la más antigua de Venezuela.
Al periodista se le intruyó un procedimiento en el que se cuestiona el contenido del programa.

"No podemos decir dictadura, ni tiranía ni régimen militar ni gobierno ilegítimo", contó Lara Farías a El Observador.

El periodista describe la situación como "particularmente alarmante" (además de su caso, el procedimiento incluye a otros ocho programas, además de a sus conductores, los invitados, gerentes, productores y propietarios de la emisora).

La instrucción de esos procedimientos se basa en la "Ley de Odio", que prevé hasta un "tratamiento siquiátrico obligatorio" para quienes sean considerados "instigadores de odio", comenta Lara Farías.

Pero no solo eso: esa norma también contempla condenas de hasta 20 años de cárcel para todo aquel que la Asamblea Constituyente crea "odioso" para el gobierno.

"Obviamente, el régimen venezolano ha dado un paso más allá de la censura", comenta el periodista.

"Pero ya no hablamos solo de censura; hablamos de criminalización de la opinión adversa, judicialización de la crítica y un combate sin ambages contra la disidencia, donde quiera que esta se desarrolle", acota.

La preocupación de Lara Farías y de otros periodistas independientes es la imposición de contenidos y la línea editorial, que en algunos casos –aquellos que permiten esa prácticas– garantiza el acceso a publicidad estatal.

"Denuestos y agresiones"

Los periodistas opositores de nunciaron en más de una oportunidad haber sido víctima de amenazas, "denuestos y agresiones" a través del aparato de propaganda del gobierno, explica Daniel Lara Farías.

Además de haber sido acusado de "incitar y promover elodio por razones políticas, incitar a alteraciones del orden público, fomentar zozobra en la ciudadanía y desconocer autoridades legítimamente constituidas", según consta en la insttrucción del expediente contra la emisora RCR, Lara Farías también denuncia haber sido víctima de "amennazas y agresiones".

Asimismo, recuerda haber recibido "graves heridas" cuando salía de la radio una vez culminado el programa.

Por otra parte, otros dos programas de la misma emisora fueron retirados del aire este año y detuvieron a su productor.

69

Medios de comunicación, entre los cuales figuran emisoras de radio y canales de televisión, fueron cerrados en lo que va del año, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

498

Trabajadores de la prensa fueron agredidos en el año, según cifras divulgadas por ese gremio al realizar su balance anual; asimismo, contabilizó 66 detenciones contra periodistas.

20

Años de cárcel contempla la recientemente aprobada "Ley de Odio" para todo aquel que la Asamblea Nacional Constituyente considere "odioso" solo por criticar al régimen chavista.

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