El 13 de diciembre de 1992, luego de una fuerte campaña de las dos partes, por el Sí y el No a la derogación, venció con el 71,5% la postura de quienes querían eliminar cinco artículos de los 32 de la ley.
Luego, en 1993, Lacalle logró llevar a una ley la desmonopolización parcial del mercado de seguros y, pese a la oposición del Frente Amplio, la ley se mantuvo. Más tarde, la izquierda se opuso también a la creación del sistema previsional mixto que creó las AFAP, y resistió la asociación de ANCAP con privados, entre otras iniciativas.
Cambia, todo cambia
Con el correr de los años la oposición de la izquierda a las asociaciones del Estado con privados fue mutando. Tanto que a iniciativa del propio FA hoy hay una ley que las ampara.
Llevar adelante el proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) no fue gratis para el gobierno frenteamplista. Lo sumió en una durísima lucha con el Partido Comunista, que, reivindicando el espíritu que primó en la izquierda en las últimas décadas, se negó a apoyar la nueva ley y provocó una crisis en el oficialismo.
Las razones expuestas por los comunistas para no apoyar el proyecto son las mismas que años atrás defendía toda la izquierda: la participación de privados en la gestión pública pone en riesgo a las empresas estatales.
Pero el cambio de postura, o la apertura hacia las posibles asociaciones con empresas privadas no son producto de un clic momentáneo. Primero lo obvio: no es lo mismo ser gobierno que oposición. Y a la hora de tomar decisiones para el desarrollo del país no valen las acciones para la tribuna. Por eso desde hace años, pero en especial desde la llegada del FA al gobierno, en la izquierda se viene procesando la idea de que es necesario contar con la inversión de privados para llevar adelante obras de todo tipo. Y en eso mucho tiene que ver la ineficiencia de las empresas estatales.
Ya en 2001 el líder frenteamplista Líber Seregni dijo a El Observador que “el país no puede seguir atado a esquemas de gestión pensados hace 50 o 100 años. Las empresas públicas deben adecuarse a las circunstancias del momento y abrirse al capital privado”.
Seregni compartía el concepto de “no vender el rico patrimonio de los orientales”, pero señalaba que “las capacidades de inversión que tiene Uruguay son sumamente limitadas”. Y por eso postulaba “la conveniencia de empresas mixtas” donde “haya participación y orientación del Estado con la posible integración del capital privado”.
Ya en el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) también se realizaron asociaciones que dejaron de manifiesto la evolución en el pensamiento de los orígenes izquierdistas. Sin embargo, ante cualquier iniciativa, siempre surge desde la interna algún recordatorio de aquella vieja bandera que decía no ante cualquier intento de un privado de colarse en alguna empresa estatal.
Pero la sumatoria de ineficiencia y pérdidas en varios servicios del Estado fue llevando al Frente Amplio a dejar de lado sus prejuicios. Por ejemplo, fue el gobierno frenteamplista el que vendió el 75% del paquete accionario de Pluna e intentó conceder a privados la construcción de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.
No es privatizar
A pesar de ello, la palabra “privatización” encrespa a la mayoría de los integrantes del gobierno. Y desde el inicio del análisis del proyecto de PPP se encargaron de justificar y advertir que no se realizarían privatizaciones “al estilo de los 90”.
En 2008, cuando el PIT-CNT reflotó la Comisión en Defensa del Patrimonio Nacional, varios jerarcas del gobierno defendieron su gestión. Señalaron que no se privatizarían los servicios públicos sino que se los “fortalecería” para hacerlos más competitivos. El entonces vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Gastón Silbermann, dijo que estaba “en contra de la privatización al estilo de las que se quería hacer en la década del 90, pero no de la participación privada para el desarrollo del país” que se intentaba en ese momento. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, se manifestó en forma similar: “No hay un proceso privatizador” sino “una renovación” de las empresas públicas “para que funcionen mejor”.
La Intendencia de Montevideo, que lleva 21 años de gestión frenteamplista, recurrió varias veces a agentes privados para poder cumplir con distintos servicios.
Desde hace años se maneja también la idea de asociar a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) con privados para intentar recuperar lo que queda de la ineficiente empresa estatal. El gobierno tiene la decisión tomada de que AFE se convierta en una empresa pública de derecho privado, pero ya recibió la oposición interna del Partido Socialista y de los empleados del ente.
Facturas
Días atrás, la ley de PPP fue votada en el Parlamento con el apoyo de toda la oposición. Blancos y colorados no desaprovecharon la oportunidad de pasar factura a los frenteamplistas por haberse negado antes, y aceptar ahora, la participación de los privados.
“Cuando nosotros quisimos darle participación al capital privado nos dijeron de todo. Desde neoliberales hasta piratas y vendedores de soberanía. Aquello nos dolió, pero es bueno que quienes nos dijeron aquello ahora estén arrepentidos”, dijo Luis Alberto Heber (Unidad Nacional).
Y los colorados tampoco dejaron pasar la oportunidad. “Hoy todos reconocemos que las asociaciones público privadas no son una cosa espuria y peligrosa como pensaba la fuerza política que hoy está en el gobierno”, dijo Ope Pasquet (Vamos Uruguay).
El proyecto establece que el Estado podrá asociarse con privados para realizar obras de infraestructura como puentes, puertos, rutas, escuelas, hospitales, viviendas, aeropuertos, cárceles, complejos deportivos, terminales logísticas e instalaciones energéticas.
PLUNA
Pluna fue la primera gran experiencia de asociación del gobierno de izquierda. El grupo Leadgate –liderado por el empresario Matías Campiani– adquirió en junio de 2007 el 75% del paquete accionario de la aerolínea de bandera nacional.
Sin embargo, no fue una decisión exitosa. En 2010, Pluna concretó un nuevo proceso de capitalización, mediante el cual recibió una inyección de liquidez por US$ 20 millones e incorporó un nuevo socio privado. La canadiense Jazz Airlines compró el 33% del paquete accionario y Leadgate retuvo el 67%. El resto pertenece al Estado uruguayo.
Aun así, la empresa continúa generando pérdidas.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, dijo este año que el gobierno “no quiere disolver ni estatizar” a Pluna sino que sea exitosa.
También consideró que no se está “en una situación de alarma que nos ponga frente a una decisión inminente de disolución de la empresa” y señaló que “los compromisos se están cumpliendo”.
En el Poder Ejecutivo ya se había dicho algo parecido respecto a Aerolíneas Argentinas, recomprada por el gobierno de Cristina Kirchner: dijeron que fue “peor el remedio que la enfermedad”.
IMM
Desde 1990, cuando asumió Tabaré Vázquez la Intendencia de Montevideo (IMM), y durante las gestiones del FA posteriores, la comuna capitalina concedió numerosos servicios municipales a privados. Entre ellos se destacaron los hoteles Carrasco y del Prado, el servicio de recolección de residuos en Centro y Ciudad Vieja, el barrido de la ciudad, los paradores de la rambla y la preservación de algunas plazas públicas. Por supuesto, esto no estuvo exento de críticas, muchas provenientes de la misma fuerza política. El Partido Comunista (PCU), hacia 2007, trancó fuerte la propuesta de privatizar los casinos y se opuso a la concesión de la usina de residuos nº 5. Diez años antes, la propuesta de concesionar el hotel Carrasco fue rechazada por buena parte de la izquierda que no aceptaba que parte de las ganancias de la sala de juego fuera para particulares. El entonces edil Jorge Zabalza votó en contra y frustró el negocio. En consecuencia, Vázquez renunció a la presidencia del FA. En 1999 se terminó de adjudicar la concesión a Carmitel SA pero el contrato se rescindió por incumplimiento de la empresa. Pero el déficit generado por las salas municipales y una nueva propuesta para que el privado pagara un canon dejó solo al PCU. En 2009, la IMM oficializó a Sofitel como el nuevo concesionario. En tanto, la comuna resolvió no adjudicar la licitación de la planta de residuos de la calle Felipe Cardozo tras fuertes resistencias a nivel sindical y político –al PCU luego se le sumó el MPP– y cuestionamientos por presunta corrupción por algunas empresas que compitieron en el llamado.
OSE
Desde 1990, cuando asumió Tabaré Vázquez la Intendencia de Montevideo (IMM), y durante las gestiones del FA posteriores, la comuna capitalina concedió numerosos servicios municipales a privados. Entre ellos se destacaron los hoteles Carrasco y del Prado, el servicio de recolección de residuos en Centro y Ciudad Vieja, el barrido de la ciudad, los paradores de la rambla y la preservación de algunas plazas públicas. Por supuesto, esto no estuvo exento de críticas, muchas provenientes de la misma fuerza política. El Partido Comunista (PCU), hacia 2007, trancó fuerte la propuesta de privatizar los casinos y se opuso a la concesión de la usina de residuos nº 5. Diez años antes, la propuesta de concesionar el hotel Carrasco fue rechazada por buena parte de la izquierda que no aceptaba que parte de las ganancias de la sala de juego fuera para particulares. El entonces edil Jorge Zabalza votó en contra y frustró el negocio. En consecuencia, Vázquez renunció a la presidencia del FA. En 1999 se terminó de adjudicar la concesión a Carmitel SA pero el contrato se rescindió por incumplimiento de la empresa. Pero el déficit generado por las salas municipales y una nueva propuesta para que el privado pagara un canon dejó solo al PCU. En 2009, la IMM oficializó a Sofitel como el nuevo concesionario. En tanto, la comuna resolvió no adjudicar la licitación de la planta de residuos de la calle Felipe Cardozo tras fuertes resistencias a nivel sindical y político –al PCU luego se le sumó el MPP– y cuestionamientos por presunta corrupción por algunas empresas que compitieron en el llamado.
ANCAP
La ley de asociación de ANCAP del año 2003 enfrentó al FA con el presidente Batlle, aunque los entonces senadores frenteamplistas Danilo Astori y Enrique Rubio participaron de la redacción y defendían la norma. El texto establecía la desmonopolización de los combustibles una vez que la empresa pública se asociara con otra firma por un máximo de 30 años. La gestión de la nueva empresa quedaría a cargo del socio privado, en tanto ANCAP mantenía la mayoría de las acciones –esto era bien visto por Vázquez– y la reserva de su consentimiento en las decisiones estratégicas. La Mesa Política rechazó el proyecto oficial –uno de los argumentos era que no se confiaba en el gobierno de turno– y también uno alternativo presentado por Astori, Rubio y Alberto Couriel, y resolvió por mayoría respaldar la recolección de firmas para impulsar una consulta popular. Asamblea Uruguay votó en contra, y se abstuvo la Vertiente Artiguista. Líber Seregni, líder histórico de la izquierda, comentó: “La resolución adoptada por la Mesa Política constituye un error político que va a afectar las posibilidad de gobierno efectivo del FA”. El referendo de diciembre de 2003 sepultó con más del 60% ese intento y, sin embargo, la izquierda se posicionó como fuerte candidata a ganar las elecciones de 2004. Años más tarde, ANCAP concretó participaciones en diversas empresas que operan en régimen de derecho privado, algunas de ellas minoritarias.
ANTEL
Cuando la izquierda era oposición acompañó al PIT-CNT en la recolección de firmas para derogar leyes de los gobiernos blancos y colorados a propósito de la privatización de ANTEL. Primero fue en 1992 y luego en 2001. Más de 700 mil firmas obligaron al presidente Batlle a retirar dos artículos de la ley de Presupuesto que permitían la caída del monopolio en telefonía básica. Una diferencia de un año y medio entre la promulgación y la derogación (año 2002) permitió que se avanzara en la subasta pública de las bandas celulares y de las llamadas internacionales. El PIT-CNT y organizaciones radicales del FA increparon que se estaba “rematando el país” y se estaba “atentando contra el desarrollo del país productivo”.
De todas formas, se concretó la apertura del mercado aunque siguió siendo un “monopolio legal”. Más tarde se sumó el área de datos. En 2007, Vázquez lanzó una bomba cuando anunció la caída de los monopolios para la telefonía básica, pero eso no ocurrió ni ocurrirá mientras esté vigente la ley que otorga el monopolio al servicio del Estado. El gremio de funcionarios de ANTEL quedó perplejo ante la posibilidad de que la posición garantizada por el referendo de 1992 fuera amenazada por el propio FA. En esa fecha, ANTEL, ya en manos del FA, había creado una empresa mixta para el call center, era propietario de la firma ITC SA –de derecho privado– e intervenía en otras empresas, aun siendo minoritaria.
TERMINAL DE CONTENEDORES
El gobierno de Vázquez trató de convencer al PCU y a los sectores radicales de que apoyaran un proyecto de ley para conceder la construcción de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El procedimiento elegido era el de subasta, a imagen y semejanza de lo que hizo la administración de Batlle para conceder la primera terminal.
La Comisión de Defensa del Patrimonio nacional del PIT-CNT, de activa participación en el caso de las empresas públicas en 1992 y en la asociación de ANCAP con privados en 2003, fue una de las voces contrarias al llamado de una licitación para una segunda terminal portuaria. Raúl Sendic, que por ese entonces era diputado por la agrupación 26 de Marzo, manifestaba que el FA, una vez llegado al poder, iba a “revisar” las privatizaciones y “esta política de desmantelamiento”.
Al momento de la inauguración de la terminal, Vázquez sostuvo que el proyecto confirmaba la intención del gobierno de continuar trabajando con el sector privado para asegurar el crecimiento del país y ofrecer condiciones que garantizaran éxito a los inversionistas. También declaró que estaba afín a que la segunda terminal fuera 100% de privados, contra lo que en ese momento opinaba el PCU y el MPP.
AEROPUERTO
En 2003 se adjudicó a Cerealsur SA –integrado por capitales de Argentina, Italia y Estados Unidos– la concesión del aeropuerto de Carrasco por 20 años con opción a 10 años tras ofrecer US$ 34 millones. En ese entonces, Tabaré Vázquez manifestó que la subasta del aeropuerto de Carrasco “deja a la vista la necesidad del gobierno de hacer caja con el patrimonio nacional” y que la intención del Poder Ejecutivo –en ese momento en manos del Partido Colorado– era la de dejar el país “vacío de herramientas” para gobernar.
Por su parte, el senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo que el negocio servía para financiar la campaña electoral del oficialismo. También habló de “mafia” y de “vergüenza nacional”. Su compañero Reinaldo Gargano apuntó que era lo mismo que “venderlo” y que, “seguramente”, la empresa iba a entregar “harapos”.
Años más tarde, cuando Vázquez ya era presidente, le tocó inaugurar la nueva terminal e invitó a Jorge Batlle, su antecesor, a cortar la cinta. Su ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, reconoció que el FA se había equivocado en hacer declaraciones apresuradas y señaló que “sería una desgracia que el Uruguay quedara permanentemente prisionero de esa discusión sin superarla nunca”.
AFE
El plan de asociar a AFE con privados que ya tenía Vázquez fue calificado como un “salvaje” intento de privatización. “El Estado va a poner la plata para arreglar las vías y después un particular se va a llevar las ganancias”, expresó el PCU. Blancos y colorados acusaron a la izquierda de cambiar de discurso. El Poder Ejecutivo pretendía vender el 51% de las acciones aunque durante años reclamó que el Estado fuese socio mayoritario. Al tiempo, el gobierno congeló su intentó de privatizar el servicio de carga. Ahora, desde la administración de Mujica –y sin estar exento de críticas–, se ha insistido en que es necesaria la asociación con privados porque no hay más margen para seguir subsidiando a AFE.
BSE Y AFAP
El FA estuvo en contra de la desmonopolización del mercado de seguros producida en 1993. El Parlamento creó la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en el Banco Central del Uruguay (BCU), para regular el sector y supervisar la competencia.
Más tarde, en 2007, se reformó la carta orgánica del Banco de Seguros del Estado (BSE), a instancias del FA, y se habilitó a la aseguradora estatal a “adquirir, asociarse o celebrar otra clase de convenios con empresas de seguros, nacionales o extranjeras”. No obstante, mantuvo el monopolio en la cobertura por accidentes de trabajo. También redujo de cinco a tres los miembros del directorio y habilitó mecanismos para agilizar las compras. El Consejo Banca Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) opinó que esto representaba “una amenaza de privatización”. La propuesta tuvo el inmediato rechazo de la Comisión de Defensa del Patrimonio nacional del PIT-CNT.
Respecto a la seguridad social, el FA se opuso en 1995 a la reforma que creó las AFAP. Apoyó un referendo sin éxito. Diez años más tarde, esa fuerza política eliminó de su programa la posibilidad de derogar el sistema previsional mixto. Quince años después, Astori ponderó la solvencia del sistema y Mujica declaró que se trata de un “ahorro nacional que tiene que estar seguro”. En 2010, el FA impulsó una ley que aumenta el tope que tienen las AFAP para invertir en emprendimientos privados y amplía las opciones para que estas coloquen fondos en el exterior.
