Hace unos pocos días un conjunto de vecinos y productores del Casupá junto a organizaciones gremiales de la Federación Rural y acompañados de varios dirigentes políticos de diferentes partidos se movilizaron hacia Torre Ejecutiva y luego al Parlamento para defender sus tierras ante la caprichosa continuidad de la decisión del Gobierno de construir en esa zona una Represa que destruirá todo el ecosistema de la zona.
Un conjunto de productores pequeños y vecinos, en diferentes tipos de vehículos y perdiendo un día de trabajo, se trasladaron a la capital para reclamar con preocupación y angustia que no se les quiten sus fuentes de trabajo inundando inútilmente los predios que son su medio de sustento diario.
Conocemos la zona, la visitamos y recorrimos hace ya unos cuantos meses para ver de primera mano la situación. No estábamos en época de sequía aguda y, sin embargo, la situación del Arroyo Casupá era de muy bajo caudal y lo mismo ocurría con otros cursos de agua de la zona.
Allí pretende construir su Represa este Gobierno encaprichado con una solución equivocada para atender el grave problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.
No importa que la enorme mayoría de los estudios técnicos demuestren que la verdadera solución requiere, necesariamente, de la diversificación del origen del agua. Y esto significa que es imprescindible que la obra a realizar tome agua de otra fuente hídrica, como sin duda es nada más ni nada menos que el caudal inagotable del Río de la Plata.
No importa que sea evidente que insistir sobre la Cuenca del Río Santa Lucía es inútil porque hace tiempo que muestra señales de deterioro en la cantidad y la calidad del agua.
No importa que tengamos frente a nuestras narices el caudaloso Río de la Plata del que se abastece buena parte de la población de Buenos Aires.
El Gobierno está encaprichado con construir su Represa en Casupá, aunque todo indique que será un fracaso. Por si quedaba alguna duda, la Mesa Política del Frente Amplio justamente el día antes de que la ciudadanía de la zona fuera a la capital a reclamar por el grave error, emitió una declaración sin atenuantes sobre su decisión de avanzar por el camino equivocado.
Después quienes hoy gobiernan se preguntan por qué es tan bajo el apoyo de la ciudadanía, incluso entre una parte relevante de quienes los votaron. Y se “rasgan las vestiduras” y acusan a los que queremos evitar un grave error de impacto irreversible en el plano ambiental, social y productivo de la zona, de que estamos haciendo un “juego político”.
Justamente, es todo lo contrario. En todo caso es el Frente Amplio quien se aferra a una decisión política equivocada por el mero hecho de que esta propuesta integraba su programa de campaña en 2024.
Lo que quieren los vecinos y productores del Casupá no es levantar una bandera política, es defender su derecho al trabajo y a preservar la zona en donde viven.
Sin embargo, desde Presidencia no se los recibió, ni por el Presidente, ni por ningún jerarca de gobierno. A las “cansadas” y después de un buen rato mandaron a un secretario para recibir el reclamo de los vecinos que esperaban al pie de la Torre Ejecutiva. Vaya ejemplo de diálogo y apertura.
Lo único que queremos los que apoyamos este reclamo es que no se emprenda un camino equivocado dilapidando entre 130 y 150 millones de dólares y haciendo desaparecer 450 hectáreas de monte nativo, así como más de mil hectáreas de tierras productivas.
Pero, además, por ese camino emprendido cuando ocurra una nueva sequía que, cambio climático mediante, inevitablemente ocurrirá, nos encontraremos con el drama adicional de que esa obra tan costosa no habrá servido de nada para evitar los graves impactos productivos y sociales que provocará una nueva sequía.
Hay que resolver el problema con urgencia, pero hay que resolverlo bien y no “enterrando” los dineros públicos en un emprendimiento equivocado.
Por otra parte, el proyecto Casupá carece de la “Autorización Ambiental Previa” requerimiento establecido en la legislación que no se está respetando y también está categorizado como “C”, que es la clasificación destinada a aquellos proyectos de mayor impacto ambiental.
Pasan los días y resulta cada vez más difícil de entender el empecinamiento del Gobierno con esta iniciativa.
Por esa razón presentamos hace ya unos días una demanda judicial a OSE para que se detengan las acciones que se están llevando adelante sin el respaldo legislativo ni constitucional correspondiente.
En efecto, es particularmente paradójico que el partido que impulsó, en su momento, la reforma constitucional conocida como el “Plebiscito del Agua” en 2004, sea el que ahora, desde el ejercicio del gobierno, impulsa un accionar claramente contradictorio con la normativa vigente.
Dice el artículo 47 de la Constitución, entre otras definiciones, que “Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas” y agrega “Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto”.
La simple lectura de la norma constitucional demuestra con claridad que el Gobierno no ha cumplido con las obligaciones constitucionales ni legales al avanzar en el sentido señalado. Por eso, recurrimos a la Justicia.
Todavía mantenemos la expectativa de que el Poder Ejecutivo revise lo actuado y reconozca que el camino emprendido es inconveniente, ilegal e inútil. Si así lo hiciera, estaríamos dispuestos inmediatamente a trabajar de común acuerdo en una solución alternativa verdaderamente correcta y eficaz.
De lo contrario seguiremos buscando los caminos que le ahorren al país un gravísimo costo ambiental, económico y productivo que, por si fuera poco, además representa un enorme riesgo futuro que impedirá el acceso al agua potable a cientos de miles de ciudadanos.
