¿Por qué Uruguay integra el grupo de los escasísimos países en el mundo -los otros son Guatemala, Cabo Verde y Mozambique-, donde están prohibidos los allanamientos nocturnos? ¿Tan ineficaz es o tan desprotegida está nuestra policía como para no poder encarar esa labor? ¿Cuáles son los miedos o las contraindicaciones?
En ese grupito de países la prohibición está vinculada a una vieja necesidad de protección de los derechos humanos tras regímenes dictatoriales que aprovechaban la noche para cometer sus crímenes. En Uruguay estamos lejos de eso y la restricción data de la Constitución de 1830. Entonces, ¿por qué no?
El asunto admite distintos puntos de vista pero eso mismo es lo que lo vuelve valioso para que los políticos dialoguen y lleguen a conclusiones sobre temas vinculados a la tan herida seguridad pública. Y además le permitiría al presidente Yamandú Orsi ponerse a la cabeza de un intercambio entre el gobierno y la Coalición Republicana que le puede servir para mostrarse activo y, a la vez, acercarse a una oposición que no se la está haciendo nada fácil.
La propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos para combatir la expansión del narcotráfico ya tuvo dos actos fallidos con los intentos de reforma constitucional rechazados en 2019 y 2024.
No obstante, los plebiscitos fueron realizados junto con las elecciones nacionales lo que suele dificultar la decisión de los votantes entre tanta papeleta. Es así que el resultado de las urnas no coincidió con las intenciones previas registradas por las encuestas.
Ahora, desde el Partido Nacional se propone que los allanamientos nocturnos sean votados por dos tercios de la Asamblea General y luego plebiscitados sin que coincida con las elecciones nacionales.
Así se lo planteó el presidente del directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado a Orsi durante una visita la Torre Ejecutiva y abrió oficialmente la puerta a un nuevo empuje de esta medida que, entre otras cosas, busca interceptar el funcionamiento de las bocas de pasta base que operan de noche al amparo de la oscuridad y del polémico artículo de la Constitución.
La reacción de Orsi fue positiva. “Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir, porque los tiempos cambian, el crimen y el delito han cambiado. Entonces, nunca cierro la puerta al diálogo. Cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país, por el tema que sea, siempre será bienvenida en la Presidencia”, dijo el mandatario.
Es, para Orsi, la oportunidad de encarar un diálogo con los principales líderes de la oposición y demostrar, si es que hace falta, que es él quien manda en la Torre Ejecutiva. Porque el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ya salió con la suela en alto. “Obviamente que todos los temas pueden ser debatibles. Lo que sí me llama la atención es que cuando se discuten temas, por ejemplo, como el voto de los ciudadanos que viven en el exterior, o se discuten plebiscitos sobre los delitos cometidos durante la dictadura, se dice una y otra vez por parte de la oposición: 'eso ya fue discutido, ya fue laudado dos veces', y cuando se trata de los temas que ellos impulsan, aunque existan dos pronunciamientos negativos, siguen insistiendo”, afirmó el prosecretario. Y tiene razón sobre ese doble discurso.
Pero no condice con la postura de Orsi quien prefiere olvidar esas contradicciones y reconocer que los tiempos cambian y puede cambiar también la opinión de la gente.
Por su lado, el senador Daniel Caggiani (MPP), buscando entreverar la baraja, sostuvo que el FA estaría dispuesto a encarar el tema si la oposición se aviene a discutir la designación de un nuevo Fiscal de Corte en lugar de Mónica Ferrero. Algo que sabe casi imposible.
Además, desde algunos sindicatos de la policía dicen que no están las condiciones dadas para realizar estos allanamientos, que es peligroso, que estarán entrando a ciegas a lugares complicados.
Sobre esto, el senador nacionalista Javier García dijo en el streaming Todo un tema de El Observador que no se trata de un asunto que puedan decidir los sindicatos policiales. “Yo confío en una policía muy profesional, nunca se me pasaría por la cabeza una policía diurna. El policía que diga eso no está hablando bien de su cuerpo”, sostuvo.
En tanto, el de líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, ofrece su propia mirada. “El allanamiento nocturno tiene que ser habilitado para determinados delitos, tiene que ser llevado a cabo por un grupo especializado, entrenado y equipado, porque hoy por hoy hay tecnología para que el allanamiento nocturno tenga condiciones similares al diurno. Y que la Policía lo ejecute con un equipo especialmente preparado para ello. Eso le daría garantías a todos", apuntó.
Es decir, hay tela para cortar, para que los partidos se junten y analicen un asunto nada banal. Pero para eso el presidente Orsi debería animarse a avanzar sin pedir algunos permisos y dejando de lado prejuicios.
Que un juez, tras evaluar el trabajo previo de inteligencia policial y con pruebas contundentes sobre la mesa, pueda autorizar un allanamiento sin quedar atado a la salida del sol no parece una locura. Los allanamientos nocturnos no son una bala de plata contra el narcotráfico ni mucho menos, y nadie pide que la policía entre a las patadas a una casa a las tres de la mañana por antojo de un comisario.
Lo cierto es que, en este asunto, los narcotraficantes operan con herramientas del siglo XXI y el Estado responde con un escudo constitucional del siglo XIX.
Entre tanta desavenencia política de ocasión, Orsi tiene en sus manos la oportunidad de ponerse a la cabeza de un acuerdo que tiene mucho de simbólico pero también de necesario.
