Desde el oficialismo se ha cuestionado el tono “tremendista” de algunas críticas a la propuesta de diálogo social. Más allá del impacto real de la medida anunciada, creo que hay un punto válido: el recurso constante de anunciar apocalipsis políticos parece una constante en Uruguay. En política, exagerar diagnósticos o anticipar catástrofes es extremadamente eficaz para movilizar militantes, instalar temas en redes sociales y captar titulares de prensa, aunque no terminen pasando. Y, por eso mismo, es una práctica extendida -y cada vez más amplificada por las redes sociales- que merece ser criticada. El problema es que esa crítica, siendo correcta, es profundamente incompleta. Porque el tremendismo que el oficialismo critica no es patrimonio de un partido, sino una práctica transversal del sistema político uruguayo.
Y, sobre todo, es una práctica que se intensifica en la oposición y se olvida -o se relativiza- cuando se llega al gobierno. La rutina parece ser siempre la misma. Se presentan políticas públicas que son atacadas por algunos actores irresponsables de la oposición, que anuncian una catástrofe política con impactos devastadores. Los militantes repiten el mensaje y las redes se inundan de apocalipsis. Pasados los meses, ese escenario prometido no se materializa, pero nadie se hace cargo de haber anunciado horrores que no ocurrieron. La agenda política pasa al siguiente tema, donde se augura un nuevo fin del mundo que, probablemente, tampoco llegue. Es cierto que algunas advertencias efectivamente se han terminado concretando (ANCAP, políticas de seguridad, etc), pero la enorme mayoría de ellas nunca pasan. Ejemplos de esto hay muchos.
Durante el debate de la Ley de Urgente Consideración, se instaló la idea de que los llamados “desalojos exprés” dejarían a miles de personas en la calle. Escuchamos innumerables alertas sobre el gigantesco impacto que tendría semejante error en la vida de las personas. La norma fue aprobada y está vigente, pero ese escenario de catástrofe nunca ocurrió. No hay casos de desalojos masivos ni grandes protestas al día de hoy. Sin embargo, no hubo una sola revisión pública ni reconocimiento del exceso. Nos íbamos a quedar todos sin vivienda. No pasó.
Algo similar ocurrió con la portabilidad numérica. Se afirmó, con insistencia, que abrir la posibilidad de cambiar de compañía era un golpe mortal que implicaría el principio del fin de Antel. Que los usuarios migrarían masivamente y que la empresa perdería su posición dominante. La norma se aprobó y nada de eso sucedió. Antel sigue siendo líder en el mercado y los usuarios pueden cambiar de compañía si lo desean. Tampoco hubo rectificaciones ni pedidos de disculpas. Antel iba a desaparecer. Ahí está hoy. La regla fiscal fue otro caso paradigmático. Se sostuvo que mantenerla implicaría un desmantelamiento del Estado de bienestar, al restringir severamente el gasto en áreas sociales y educativas.
No solo eso no ocurrió, sino que el propio gobierno actual mantiene ese instrumento como parte de su marco macroeconómico. El desmantelamiento nunca llegó. Tampoco la autocrítica. Con los combustibles se repite la misma lógica. Cuando se implementó el mecanismo de precios basado en el PPI, se argumentaba que cualquier suba respondía exclusivamente a esa regla. El contexto internacional no importaba: la responsabilidad era política y doméstica.
Hoy, frente a aumentos en los últimos meses, quienes sostenían esa posición invierten el argumento. El factor explicativo pasa a ser el contexto global, y la regla aparece incluso como un amortiguador. La vara cambia según la posición. Este patrón revela un problema más profundo que la simple exageración retórica. El tremendismo es una herramienta de corto plazo para captar atención e instalar narrativas, pero carece de cualquier mecanismo de responsabilidad posterior. Cuando las profecías catastróficas no se cumplen -o las soluciones “definitivas” no resuelven-, simplemente se pasa de tema. El costo es nulo. Esto es algo que particularmente llama la atención.
No existe, por parte del sistema político ni de los actores sociales, un mea culpa por haber vaticinado una catástrofe que no fue tal. Tampoco parece haber un seguimiento por parte de periodistas a quienes prometían tormentas, para preguntar por qué sus profecías no se cumplieron. La agenda avanza al siguiente tema, y a la próxima promesa de catástrofe. Creo que la política necesita recuperar una dimensión básica: la responsabilidad en el uso de la palabra. Dejar de lado la demagogia de las catástrofes desmedidas e irreales, que rinden electoralmente en el corto plazo pero tensionan y polarizan enormemente, y de las que nadie luego se hace cargo.
Criticar con rigor implica dimensionar correctamente los efectos de una política. Proponer con seriedad implica reconocer límites, riesgos y tiempos. Siempre habrá quienes quieran seguir persiguiendo fantasmas y anunciando catástrofes, y son libres de hacerlo. Pero cuando no ocurran, al menos deberían tener la honestidad de reconocer el error o enfrentar el cuestionamiento de por qué no pasó. Aunque, probablemente, ya estén ocupados anunciando un nuevo fin del mundo del próximo mes.
