La Dirección General Impositiva publicó el 16 de octubre su Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2026-2027 (Resolución Nº 2358/2026). Entre sus novedades está un segmento propio para unas 3.000 personas de alto patrimonio: el 0,19 % del padrón, que aporta el 1,90 % de la recaudación como contribuyente.
El Plan no crea impuestos. Cambia el método de control. La DGI anuncia auditorías de "consistencia patrimonial" con Big Data, análisis de redes sobre personas, sociedades y fideicomisos vinculados, y un Grupo Especializado dedicado a este colectivo. La pregunta deja de ser si cada impuesto está bien liquidado y pasa a ser si el patrimonio y el nivel de vida se explican con lo declarado. La clave siempre ha sido la capacidad contributiva, la DGI en el pasado avanzó con información a estos efectos, requiriendo de terceros, como inmobiliarias, automotoras e incluso colegios privados (respecto a pagadores de cuotas de alumnos).
De dónde saldrá la información
La DGI no necesitará pedirle datos al contribuyente para empezar. La mayor parte ya le llega de terceros:
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El exterior. Por el intercambio automático de información financiera, más de cien países informan cuentas, intereses, dividendos y ventas de activos de residentes uruguayos. El Plan anuncia cruzarlos automáticamente con el IRPF declarado.
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Bancos, custodios y corredores locales. Efectúan retenciones sobre rentas de inversiones en el exterior y lo informan a la DGI.
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El registro de beneficiarios finales. Muestra quién está detrás de sociedades y fideicomisos, lo que alimenta el análisis de redes que el Plan promete.
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Plataformas de alquiler temporario y aseguradoras de garantías de alquiler, para los arrendamientos.
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Registros públicos y las propias declaraciones de patrimonio y transmisiones, que permiten medir cuánto creció un patrimonio de un año a otro.
Con esos cruces, el sistema emitirá alertas y avisos de "inducción" para que la persona corrija antes de una inspección. El aviso no es una multa, pero sí la señal de que la Administración ya tiene el dato.
Qué arriesga quién no declaró
El frente más expuesto es el IRPF sobre inversiones en el exterior. Los intereses y dividendos de cuentas en el extranjero tributan desde 2011, de modo que una omisión puede arrastrar varios años no prescriptos. Desde enero de 2026, por la Ley de Presupuesto Nº 20.446, también tributan los alquileres de inmuebles fuera del país y las ganancias por venta de acciones, bonos, etc.Además, quien tenga 5 % o más de una sociedad que obtenga esas rentas paga por su parte, aunque la sociedad no le distribuya nada.
Quien regularice paga el impuesto más una multa por mora de hasta 20 % y recargos. Si la DGI entiende que hubo ocultamiento, la multa por defraudación va de una a quince veces el tributo (lo habitual son una a tres veces), y el caso puede derivar en denuncia penal.
Lo que queda abierto
El Plan no publica los umbrales que ubican a alguien en el segmento. Tampoco explica cómo una alerta de "inconsistencia" se transforma en una determinación de deuda, un paso que sigue sujeto a las garantías del Código Tributario. Y el dato del 1,90 % debe leerse con cuidado: no incluye lo que estas personas tributan a través de sus empresas ni el efecto de regímenes legales como el de impatriados. Una brecha entre riqueza y aporte personal no prueba, por sí sola, evasión.
Aun así, el mensaje es claro. La titularidad formal de las estructuras pesará menos que la coherencia económica del conjunto, y la ventana para corregir sin pasar por una fiscalización existe hoy, no después del aviso.