La XXXV Asamblea Nacional Técnico Docente (ATD) de Educación Inicial y Primaria aprobó una declaración pública que no puede pasar inadvertida. No por su tono, que es lo de menos, sino por lo que revela: un órgano asesor de la educación pública, previsto por la ley para aportar en asuntos técnicos y pedagógicos, convertido en tribuna de militancia política.
Conviene leerla. Comienza afirmando que “la prepotencia capitalista, a manos de sus gangsters y sus esbirros” está llevando a la humanidad a una situación similar a la que permitió el ascenso del fascismo. Sigue con definiciones sobre Medio Oriente, califica de “genocidio” la situación de Cuba, se pronuncia sobre la OTAN y sobre Estados Unidos, y denuncia el “secuestro” de un presidente latinoamericano. Señala a los “neopentecostales” como parte de una estrategia de dominación. Ya en el plano nacional, habla de “salarios de hambre” y del “Uruguay de los privilegios”, arremete contra la Caja Militar, el sector agroexportador y los centros de pensamiento que discrepan con su visión, y respalda expresamente una iniciativa popular en curso para crear una sobretasa al impuesto al patrimonio, tildando de “mezquinos” a quienes no la comparten.
Nada de esto es técnica ni pedagogía. Es un pronunciamiento de marcada orientación ideológica. Cualquier ciudadano, también cualquier maestra o maestro, tiene todo el derecho a pensar así y a defenderlo con vehemencia en un partido, en un sindicato o en la plaza pública. Nadie lo discute. El problema es otro: quién habla y desde dónde se habla.
Las ATD no son sindicatos ni agrupaciones políticas. Son órganos técnicos de la ANEP. La Ley General de Educación les asigna iniciativa y función consultiva en asuntos educativos, y dispone que sean consultadas sobre planes y programas. Sesionan convocadas institucionalmente, en días hábiles del calendario escolar, con delegados que dejan sus clases para participar y con recursos que aportan todos los uruguayos, piensen como piensen.
La Constitución de la República es clara. Su artículo 58 establece que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, y que en los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Tomar partido por una iniciativa popular en curso, descalificar a quienes la rechazan y adoptar posiciones de política nacional e internacional desde un órgano oficial, en horario de trabajo, es exactamente lo que la Constitución prohíbe.
Está en juego, además, la laicidad. El artículo 17 de la Ley General de Educación obliga a asegurar el tratamiento integral y crítico de todos los temas, a preservar la independencia de opinión de quien se educa y a garantizar la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. La laicidad uruguaya, conquista de todos y no de un sector, nació para proteger la conciencia de quien aprende frente a cualquier dogma, sea religioso o político. Señalar a un grupo religioso como instrumento de dominación desde un órgano de la educación pública es incompatible con esa tradición.
La paradoja es evidente. En otro capítulo del mismo documento, la ATD invoca a Reina Reyes y sostiene que la formación del pensamiento autónomo requiere contacto con conocimientos, argumentos y concepciones diferentes. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en la declaración no aparece una sola concepción diferente. No hay matices ni lugar para la duda. Hay una verdad, y quienes no la comparten son “gangsters”, “esbirros” o “mezquinos”. Se denuncian bloqueos y agresiones, pero no hay una palabra sobre los presos políticos de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Es un pluralismo de dirección única.
Más revelador aún: la declaración reconoce que se los acusa de adoctrinamiento y responde que el verdadero adoctrinamiento es el de los sectores dominantes. Así funciona la lógica del dogma: lo que piensa uno es conciencia crítica; lo que piensa el otro, alienación. Y advierte que quienes desoyen o ignoran las opiniones de la ATD se alejan de las mejores tradiciones de la educación pública. Ningún órgano tiene la autoridad para repartir certificados de compromiso con la escuela pública. La ley obliga a consultar a las ATD, no convierte sus opiniones en mandatos.
No estamos ante un documento más. Las maestras y los maestros de Primaria tienen a su cargo a niños de entre tres y doce años, en la etapa más formativa de sus vidas, cuando todavía no cuentan con todas las herramientas para contrastar lo que reciben. Un niño no elige a su maestra. Las familias, de todas las creencias y que votan a todos los partidos, confían sus hijos a una escuela pública que para la gran mayoría es la única opción. Por eso la exigencia de neutralidad en Primaria es mayor, no menor. Allí se forman los ciudadanos del mañana. Allí se forman nuestros hijos.
No afirmo que en cada aula se adoctrine. Conozco el magisterio, he recorrido escuelas de todo el país y sé que la mayoría de las maestras y maestros trabaja con profesionalismo, vocación y respeto por la conciencia de sus alumnos. Muchos de ellos no se sienten representados por esta declaración. Precisamente por ellos hay que hablar. Cuando un órgano institucional define qué debe pensar un docente comprometido, el que discrepa queda bajo sospecha. Eso también es una forma de presión, y la sufren primero los propios maestros.
La Dirección General de Educación Inicial y Primaria publica estas resoluciones con una advertencia: deslinda toda responsabilidad por su contenido. No alcanza. Deslindar no es actuar. Si un pronunciamiento emitido en el marco de una instancia oficial vulnera la Constitución y la ley, la administración no puede mirar para el costado. Las autoridades deben actuar, y deben hacerlo de una vez.
Corresponde que el CODICEN y la Dirección General se pronuncien con claridad y públicamente: esta declaración excede las competencias de la ATD y desconoce la laicidad y la prohibición de proselitismo. Corresponde que se recuerden formalmente a todos los órganos y funcionarios los límites que fijan el artículo 58 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley General de Educación, y que las instancias y los recursos institucionales no pueden ponerse al servicio de causas políticas. Corresponde revisar la reglamentación de funcionamiento de las ATD para que sus pronunciamientos se ciñan a las materias que la ley les confía. Y corresponde informar qué garantías existen para que en las aulas se presenten las distintas perspectivas sobre los temas controvertidos.
Lo que está en juego no es la libertad de expresión de nadie. Los docentes la tienen, y la tienen plena, como ciudadanos. Lo que está en juego es el derecho de los niños a formar su propio juicio. La autonomía técnica de la educación existe para enseñar mejor, no para que una institución adopte una ideología oficial. La autonomía no es extraterritorialidad constitucional.
La escuela pública es de todos: de los hijos de quienes votan a unos y a otros, de creyentes y no creyentes, de quienes defienden el mercado y de quienes lo cuestionan. Es también de los futuros disidentes, de esos niños que mañana pensarán distinto de quienes les enseñaron. Su libertad no se somete a votación en ninguna asamblea.
La escuela pública no tiene dueño. Y no puede tenerlo.