En junio de 2025, mis colegas Diego Cayota y Santiago Soravilla te contaban en la newsletter Galleta de Campaña que en el entorno de la ministra advertían un dato que la posicionaba bien de cara a 2029: a medida que se hacía más conocida por el cargo, mejoraban sus niveles de simpatía. A esto se sumaba que su sector, El Abrazo, había sido junto al MPP el que más creció en la última elección, un peso político que se tradujo en los 73 cargos que lograron en este gobierno.
Aunque como ministra de Salud Pública y figura cercana a Orsi logró mayor visibilidad, Lustemberg venía construyendo su capital político desde mucho antes gracias a sus méritos técnicos dentro del Frente Amplio y su especialización en políticas de primera infancia. Lideró Uruguay Crece Contigo entre 2012 y 2015, fue referente del Área de Infancia y Adolescencia de ASSE y ocupó la subsecretaría del MSP en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
También se le reconocía un estilo articulador y orientado al diálogo con legisladores de otros partidos para aprobar proyectos vinculados a la niñez y la salud pública. En ese camino logró un hito en 2024: la votación por unanimidad de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (Ley N° 20.376).
Esa buena sintonía llevó al entonces candidato nacionalista Álvaro Delgado a decir en plena campaña que le gustaría convocar a figuras de distintos partidos para abordar temas clave como la pobreza infantil, mencionando expresamente a Lustemberg. Ella rechazó tajantemente la idea, calificándola de “demagogia” y de una mera estrategia electoral para captar votos.
Ya al frente de la cartera, puso el foco en el ordenamiento financiero de mutualistas con dificultades como el Casmu y en la implementación de protocolos para reducir las listas de espera en el sistema público. Pero otros frentes políticos la arrastraron al centro de la tormenta. Tras haberse aferrado con uñas y dientes a la defensa del presidente de ASSE, Álvaro Danza —quien finalmente debió renunciar a sus cargos privados por incompatibilidad con la gestión pública—, Lustemberg tuvo un papel cuestionable y desconcertante en el caso Miralles.
La anestesista intervino en la operación de vesícula a la pediatra Soledad Barrera en octubre 2023 en el SMI. La paciente no tenía complicaciones previas y sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó un daño neurológico severo e irreversible. Estuvo en estado casi vegetativo durante diez meses hasta su muerte. La hipótesis principal es que la mala praxis ocurrió porque Miralles abandonó el block para ir al baño a drogarse con fentanilo. Aunque lo del consumo no quedó recogido en los informes ni en la sentencia judicial surge de investigaciones previas realizadas en la mutualista Universal y de los indicios recopilados durante la operación en el SMI.
La resolución por la que la ministra le rebajó la sanción a tres años, tomada en octubre de 2025, recién se conoció a fines de abril, cuando trascendió que 11 de los 13 miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública habían renunciado en desacuerdo con su decisión.
Ese equipo de notables —integrado por catedráticos y docentes grado 4 de distintas especialidades— había analizado la actuación de la profesional y concluido que cometió faltas gravísimas en su proceder médico:
- Durante el curso de la anestesia se retiró del block operatorio en dos oportunidades sin avisar al resto del equipo y sin dejar controlando el curso de la anestesia a algún colega capacitado.
- Extubó de forma apresurada a Barrera, realizando una mala valoración de su situación ya que había sufrido un paro.
- Omitió trasladarla intubada de inmediato al CTI, sino que tras extubarla la mantuvo unos cinco minutos en el área de recuperación postanestésica.
Los cuatro errores políticos de la ministra
1. Rebajar la sanción sin un criterio sólido y provocar una renuncia masiva. La inhabilitación de cinco años a Miralles había sido dispuesta por la administración anterior siguiendo la recomendación de la comisión asesora. Al asumir, Lustemberg decidió rebajar la pena a tres años en octubre de 2025, ante un recurso de revocación presentado por la anestesista.
Cuando estalló el escándalo, la ministra argumentó que se había basado en un informe jurídico que recogía antecedentes de otros casos y que contaba con el aval de la Unidad Académica de Anestesiología.
Cuando se le insistió para que detallara los fundamentos de ese cambio, Lustemberg se escudó en que el tema seguía bajo análisis y evitó dar mayores explicaciones. “No he cedido a ninguna presión de ningún lobby”, se limitó a decir en setiembre en Desayunos Informales (Canal 12).
Si bien los dictámenes de la comisión asesora no son vinculantes, basta repasar la gravedad de las conclusiones técnicas —y el hecho de que la mala praxis derivó en una muerte— para advertir que cinco años de suspensión no resultaban en absoluto desproporcionados ni irracionales.
2. Moverse con secretismo y sin transparencia. El cambio de resolución se conoció seis meses después de firmado, y no por una comunicación oficial, sino por el portazo de los miembros de la comisión asesora. Durante todo el proceso, la cartera actuó bajo un hermetismo difícil de justificar.
Para empezar, la madre de la víctima, Rosario Barrera, denunció en su propio recurso de revocación que el MSP resolvió la reducción de la pena sin darle vista del expediente, vulnerando sus derechos como parte denunciante. A esto se sumó que el ministerio tampoco informó que se le había vencido un plazo clave en la contestación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), lo que permitió que en la justicia administrativa se admitiera la prueba solicitada por Miralles y se ordenara una pericia técnica de oficio (un descuido por el que recién ahora concluyó un sumario que calificó de “falta grave” la actuación de la abogada a cargo del trámite).
3. Dejar que el tema creciera y no mostrar empatía con la familia. Desde abril en adelante, Lustemberg defendió su decisión y la ratificó cada vez que pudo, mientras aseguraba que “otros ámbitos” estaban estudiando el expediente.
En junio, al ser convocada al Parlamento, sostuvo que la rebaja a tres años respondía a criterios jurídicos de “proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad, individualización de la sanción, además de antecedentes de casos similares”, y aseguró tajante: “No existió –y esto lo quiero decir con claridad– ningún tipo de apartamiento de las normas”.
En setiembre volvió a blindar su postura en Canal 12, aunque deslizó que habían “surgido otras condiciones” sin aclarar cuáles. Por esos mismos días afirmó en el programa radial Doble Click (Del Sol FM) que había pedido reunirse con los familiares de la víctima, algo que fue desmentido de plano por la madre de Soledad, quien aclaró que ni la ministra ni nadie del MSP los había contactado jamás.
El colmo llegó esta semana, cuando puso en pie de igualdad el dolor de los padres de la médica fallecida con el de la profesional condenada por mala praxis: luego de que Presidencia decidiera restablecer la sanción original de cinco años, Lustemberg declaró desde Artigas que “es un caso doloroso para una familia que perdió a su hija y para otra familia que también tiene un sufrimiento”.
4. Firmar la marcha atrás sin asumir el error ni pedir disculpas. Si algo dejó al descubierto este penoso devenir es que, así como en su momento se buscó un informe jurídico a medida para justificar la rebaja, ahora se pidió otro para avalar la marcha atrás. El asesor Martín Esposto argumentó como “hecho nuevo” el acuerdo con la Fiscalía por el cual Miralles fue condenada a dos años de prisión por homicidio culpable en régimen de libertad a prueba. Un fundamento débil y tardío, considerando que esa sentencia penal tiene casi un año.
“Nunca dudé de la gravedad de los hechos, solo fue el quantum de la sanción, siempre bajo la valoración de la Unidad Académica de Anestesiología. Al surgir nuevos elementos luego de firmada la resolución en octubre de 2025 (…) lo trabajamos con Jurídica y con Presidencia, y con el presidente decidimos ratificar lo que había dicho la Comisión Honoraria”, explicó la ministra. Ni en sus declaraciones públicas ni en los papeles oficiales hubo una admisión de error, y mucho menos un pedido de disculpas a la familia o a la sociedad, contradiciendo lo que ella misma había prometido en setiembre en televisión cuando aseguró que en la función pública “uno tiene que saber corregir” y reconocer equivocaciones.
La oposición dio por perdida la confianza política en la ministra, exigió su renuncia y la interpelará el próximo 24 de noviembre. Mientras tanto, Orsi intentó blindarla: admitió que hubo una equivocación, pero la atribuyó al asesoramiento jurídico que “indujo a error” a la jerarca (lo que derivó en la salida forzada de Esposto) y ratificó su respaldo con una frase de manual: “Estas son las cosas que nos afirman”.
Sin embargo, un informe jurídico de la propia Presidencia, divulgado por El País, terminó de dinamitar la coartada oficial. El documento —entregado al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con las firmas de los abogados Mariana Errazquin y Gonzalo Chiribao— rechazó de plano que hicieran falta “hechos nuevos” para restituir la sanción de cinco años y calificó de “arbitraria” la resolución firmada por Lustemberg en octubre de 2025.
Recordó que las graves faltas médicas ya estaban plenamente probadas en el expediente administrativo antes de la condena penal, y sentenció de forma lapidaria que el MSP recurrió a “fórmulas genéricas, las cuales no son admisibles” según el Decreto 500/991, concluyendo que “dicha ausencia de motivación afecta la legalidad del acto”.
Aunque el respaldo de Orsi le alcance a la ministra para sortear la interpelación parlamentaria del 24 y sostenerse en el gabinete, el daño a su imagen está hecho. Habrá que ver si es capaz de rehabilitarla.
