José Batlle y Ordóñez restituyó la centralidad del Estado e inició un largo ciclo innovador

La oferta del gobierno implicaba un nuevo reparto de departamentos, como después de la revolución de las Lanzas de 1870-1872, o de los pactos de La Cruz en 1897 y de Nico Pérez en 1903, aunque con algunas rebajas. Saravia, por su parte, debía comprometerse a no librar otra batalla y entregar las armas que había recibido días antes a través del río Uruguay.

Batlle parecía haberse ablandado después de la batalla de Tupambaé, un combate de tres días en junio que provocó unos trescientos muertos y mil seiscientos heridos, y temía verse obligado a aflojar aún más por la presión política después de otro enfrentamiento similar.

Pero antes de cualquier acuerdo posible los jefes revolucionarios, que se sentían más fuertes que nunca y mejor armados, decidieron pelear. Fue el camino a Masoller y a la derrota.

El último levantamiento de los blancos no caería “en el abismo del tiempo perdido: formaba parte de la historia de ‘la formación paulatina y trabajosa de hábitos democráticos’ en Uruguay, mérito de sus partidos y de sus próceres”, escribió José Rilla, citando a Eduardo Acevedo Vásquez, un extraordinario exponente de la élite política y universitaria (1).

Un vuelco en la historia, una nueva era

Aparicio Saravia encarnó valores y mitos que sirvieron de poderosa motivación a sus seguidores, que pusieron en juego sus vidas, a la vez que un punto de convergencia simbólico entre los caudillos rurales y los doctores urbanos del Partido Nacional. Para sus enemigos, mientras tanto, era poco más que un gaucho camorrista, una expresión bárbara del siglo XIX.

La desbandada de las guerrillas del Partido Nacional tras la muerte de su caudillo convirtió a José Batlle y Ordóñez en un héroe del Partido Colorado, que gobernaba sin pausa desde 1865, y le concedió un amplio crédito para hacer su voluntad.

Don Pepe, que tenía un carácter resuelto y autoritario, creía que la “utopía de la coparticipación” en el gobierno expresaba debilidad, y que la rotación de partidos en el poder era aún inaplicable en Uruguay. El gobierno pues debía ser de partido, y ese partido de predominio absoluto sería el Colorado, que controlaba todos los resortes burocráticos. Los “saravistas” no serían funcionarios hasta que no depusieran sus “absurdas aspiraciones guerreras”, según escribió en El Día en enero de 1906. La representación proporcional y el voto secreto quedarían para mucho después, hasta la reforma constitucional de 1916-1917, pues debilitaban la “influencia moral” del presidente.

En el plano de las garantías electorales y de los derechos de las minorías, el batllismo fue conservador todo el tiempo que pudo.

La conversión de Uruguay en una democracia moderna plena, un proceso largo que se inició en el siglo XIX y se consolidó con la Constitución de 1918, fue en buena medida el resultado de las luchas del Partido Nacional y de otras minorías, frente a una aceptación gradual del Partido Colorado, el partido dominante y muchas veces “exclusivista”.

Hasta la guerra civil de 1904, el Partido Blanco o el Nacional habían impuesto durante décadas una suerte de coparticipación y representación de las minorías sobre la base de rebeliones armadas con finales pactados, en los que obtenía la administración de algunos departamentos. “Soy de los que piensa que esa coparticipación fue clave para explicar la democracia uruguaya”, sostiene el politólogo Adolfo Garcé: “Quién sabe. En una de esas, sin la oposición de los blancos, los colorados terminaban siendo como el PRI mexicano”. El Partido Revolucionario Institucional mexicano gobernó sin pausa durante 70 años, desde 1930 a 2000, y se confundió con el Estado. Visto a la ligera México aparentaba ser una democracia estable. Pero el PRI controlaba y auspiciaba sindicatos, medios de comunicación y hasta grupos de oposición; compraba voluntades y repartía subsidios. Era la “dictadura perfecta”, como sostuvo el novelista y político peruano Mario Vargas Llosa.

Como resumió el historiador José Rilla: “La democracia uruguaya, una construcción del siglo XX que madura hacia 1920, es, desde luego, anterior a Batlle y Ordóñez y, en algún sentido, es contraria a Batlle. Porque él fue un gran reformista, el primer reformista económico, social y moral, incluso; (pero) tenía un vínculo extraño con la democracia y el pluralismo. Un vínculo inmaduro con la democracia y el pluralismo, si se quiere […]. La democracia se hizo con Batlle y contra Batlle. Si tuviéramos que trazar una línea de donde empieza la historia uruguaya, hay que ponerla en el siglo XIX, no en 1903” (2).

Primera Presidencia: 1903-1907

La primera Presidencia de Batlle y Ordóñez fue moderada y prolija aunque ya en cierto tono innovador.

Batlle aumentó el presupuesto del Estado tanto como hasta 20% en un solo año. En un país sin inflación (o de una inflación muy baja según ciertos estudios, pese a algunas fluctuaciones severas como en la década de 1880), la recaudación por contribución inmobiliaria creció más de 130% entre 1903 y 1915. Los batllistas alegaron que el valor de la tierra había crecido mucho en parte por inversión social como infraestructura o seguridad.

Pero Batlle y Ordóñez no sólo recaudó; también fue un administrador escrupuloso. Tenía muy presente que su padre, Lorenzo Batlle, presidente de la República entre 1868 y 1872, padeció crisis económicas y financieras, corridas de depositantes, quiebras bancarias y caída abrupta de los precios internacionales de las materias primas —además de una epidemia de cólera y una interminable guerra civil—.

“Creía en el billete con respaldo y en los presupuestos sin déficit”, resumió el historiador estadounidense Milton Vanger, quien durante más de medio siglo investigó la vida y la obra de Batlle y Ordóñez. En un altillo de su casa de Cambridge, en las afueras de Boston, que compartió con su esposa Elisa María Oribe, hija del escritor y médico melense Emilio Oribe, atesoró en microfilms todo el archivo personal de Batlle y Ordóñez (que donó en 2011 a la Universidad de la República), además de exhibir en las paredes del living una rica pinacoteca de autores uruguayos, desde José Cúneo a Pedro Figari (3).

Vanger ilustró el rigor administrativo de Batlle y Ordóñez con un episodio: el 5 de mayo de 1906 el ministro de Hacienda, José Serrato, anunció en el Parlamento que el ejercicio 1905-1906 cerraría con un gran superávit, pese a los gastos de la guerra civil de 1904 que aún había que cubrir. Entonces “toda la Cámara, tanto colorados como nacionalistas, estallaron en aplausos espontáneos”.

El superávit fiscal llegó de la mano de una administración cautelosa, el auge económico, el aumento de las exportaciones e importaciones y, en consecuencia, de la recaudación aduanera. El batllismo fue absolutamente ortodoxo en términos fiscales. Este hecho sería inimaginable en Uruguay pocas décadas después, con su trágica historia de déficits e inflación perpetuos (4).

El superávit fiscal era importante porque garantizaba la solidez del peso uruguayo y el crédito del país, además de alejar al sistema bancario y monetario de su historia de corridas de más de tres décadas.

A partir del 1907 el Banco de la República monopolizó la emisión de papel moneda, siempre convertible en oro, medio siglo después de que se iniciara la experiencia bancaria uruguaya con el Banco Mauá. Y en 1911 el Banco de la República pasó a ser enteramente público. Pero entonces se recayó en el crédito excesivo y se afrontaron sus duras consecuencias.