Hay temas en los que Uruguay parece estar atrapado en una calesita. Cada vez que cambia el gobierno, cambian también los lugares desde donde hablamos. Quienes ayer gobernaban pasan a señalar las falencias del nuevo gobierno y quienes antes criticaban comienzan a enfrentar dificultades muy similares a aquellas que cuestionaban. La situación de calle es uno de los ejemplos más claros. Como integrante del Partido Nacional, me tocó formar parte de un gobierno que impulsó muchas acciones para enfrentar esta realidad. ¿Alcanzó? Evidentemente no. Reconocerlo no significa desconocer lo realizado. Significa asumir que estamos frente a un problema profundo que ningún gobierno ha conseguido resolver. Vivo en el Centro. Convivo todos los días con personas en situación de calle. Veo el problema, pero también los esfuerzos que se realizan para enfrentarlo.
Me preocupa que muchas veces parezcamos discutir únicamente dos respuestas: cómo hacemos para que esas personas dejen de estar en determinados lugares o cuánto más dinero ponemos para atenderlas. Si seguimos apostando solamente a que no las veamos, a sacarlas de determinados lugares como si fueran un papel que alguien dejó tirado en una vereda de 18 de Julio, estamos perdidos.
El problema no desaparece cuando deja de estar frente a nuestros ojos. Y seguramente se necesiten más recursos. Pero antes deberíamos hacernos una pregunta elemental: ¿sabemos realmente cuál es la magnitud del problema que queremos resolver? ¿Alguien puede decir hoy, con precisión, cuántas personas están en situación de calle en Montevideo? Tenemos relevamientos y registros, pero no una medición integral y anual que nos permita conocer de manera sistemática la dimensión y la evolución del fenómeno. Hacen falta recursos, sí. Pero también conocimiento, prioridades claras, responsabilidades y disposición a cambiar lo que no está funcionando.
Estoy convencido de que muchas más personas podrían salir adelante si recibieran los apoyos adecuados a tiempo. Ahí tenemos que cambiar el eje: cada respuesta de emergencia debe formar parte de un camino para salir de la calle, con oportunidades y apoyos que se sostengan. Porque el tiempo también hace daño. Cada año en la calle puede profundizar el deterioro, romper vínculos y volver más difícil la salida. Si llegamos tarde o nos limitamos a administrar la urgencia, podemos dejar que personas que hoy tienen posibilidades de salir pierdan esas oportunidades. Y ahí también hay una responsabilidad nuestra: no haber actuado cuando todavía estábamos a tiempo.
En Montevideo, el aumento de personas en situación de calle es notorio. Los relevamientos del MIDES muestran una tendencia preocupante: se registraron 1.023 personas en 2011; 1.393 en 2016; 1.745 en 2019; 2.082 en 2020; 2.215 en 2021 y 2.756 en 2023. En poco más de una década, la cifra prácticamente se triplicó. Necesitamos conocer también qué sucede en el resto del país y cómo evoluciona esta realidad. Pero contar personas tampoco alcanza. Necesitamos saber quiénes son y cómo llegaron hasta allí.
Salud mental, consumo problemático de sustancias, desvinculación educativa y laboral, debilitamiento de las redes familiares y trayectorias de institucionalización aparecen entrelazados. Hay un dato particularmente fuerte: en el relevamiento de 2023, el 52,9% de las personas consultadas declaró haber estado privada de libertad alguna vez durante su vida adulta.
Eso debería llevarnos a preguntarnos qué sucede antes de que una persona termine viviendo en la calle. Porque la calle no suele ser el comienzo de una historia de exclusión, sino el lugar donde se hacen visibles muchas exclusiones anteriores. Por eso creo que Uruguay debería avanzar en dos medidas concretas. Primero, institucionalizar un relevamiento anual de personas en situación de calle, con alcance nacional e independientemente del gobierno de turno.
Segundo, integrar, con las debidas garantías de protección de datos personales, la información que ya posee el Estado: MIDES, ASSE, Ministerio del Interior y, progresivamente, BPS y ANEP. El objetivo debe ser reconstruir trayectorias: conocer qué vínculos tuvo cada persona con el sistema educativo, el mercado laboral, los servicios de salud mental y atención a las adicciones, el sistema penitenciario y las políticas sociales. Identificar cuándo aparecieron las primeras señales de alerta y en qué momentos existieron oportunidades para intervenir.
Y convertir ese conocimiento en respuestas concretas: evitar que alguien salga de una institución directamente a la calle, asegurar la continuidad de un tratamiento y acompañar el acceso a vivienda, empleo e ingresos. Medir y cruzar información tiene sentido si permite llegar antes y actuar mejor. Todos repetimos que “el MIDES solo no puede”. Estamos de acuerdo. ¿Y entonces? ¿Cómo se traduce esa afirmación en responsabilidades para el resto del Estado? ¿Quién hace qué, cómo se coordina y quién responde por los resultados? Necesitamos evaluar qué funciona y qué no, asignar recursos en función de los resultados y aprender de nuestra propia experiencia.
La emergencia exige respuestas todos los días, pero no puede consumir toda nuestra capacidad de pensar y construir salidas. También necesitamos una autocrítica colectiva. No alcanza con cambiar de lugar entre gobierno y oposición si cada cinco años volvemos a empezar la misma discusión. La pobreza, la situación de calle, las adicciones, la salud mental y el sistema penitenciario son problemas demasiado importantes para convertirlos en herramientas para marcar puntos políticos. Preocupa que tantas veces pongamos más esfuerzo en mostrar que hacemos, defender una gestión o señalar el fracaso del otro que en cambiar la realidad. A esta altura, conformarnos con ganar esa discusión es una forma bastante mediocre de hacer política frente a un problema tan doloroso. Mientras nosotros repetimos los mismos argumentos, hay personas que siguen durmiendo en la calle y familias que siguen esperando respuestas. Uruguay necesita salir de la calesita política. Conocer el problema nos obliga a actuar, a corregir y a hacernos responsables de los resultados. Pero también nos exige algo más profundo: reconocer hasta qué punto nos hemos acostumbrado a convivir con realidades que consideramos inaceptables, sin que esa contradicción nos interpele lo suficiente como sociedad.
