Durante mucho tiempo hablamos de las redes sociales como si fueran un mundo separado. Lo virtual estaba de un lado; la vida real, del otro. Hoy esa frontera resulta difícil de sostener. Una humillación puede acompañar a un adolescente hasta su dormitorio. Una identidad falsa puede entrar en la confianza de una familia. Una estafa puede llevarse ahorros sin que el delincuente se acerque a la víctima.
Varios países comenzaron a revisar las reglas. Australia restringió las cuentas de menores de 16 años. El Reino Unido exige medidas de protección infantil. La Unión Europea obliga a las plataformas a responder por riesgos, transparentar decisiones y facilitar denuncias. Son caminos diferentes frente a una misma pregunta: ¿qué responsabilidades tienen las empresas que organizan una parte creciente de nuestra vida social?
Uruguay debería discutirlo con profundidad. La preocupación por la violencia nos obliga a mirar también cómo nos tratamos, qué celebramos y qué terminamos aceptando como normal. Las redes no explican por sí solas el deterioro de la convivencia. Pero pueden ampliar el público de una agresión, prolongar una humillación y convertir el sufrimiento ajeno en entretenimiento.
El psicólogo uruguayo Roberto Balaguer, investigador y autor sobre cultura digital, advierte sobre “la violencia que circula y se amplifica en redes sociales”. En su reflexión sobre convivencia educativa describe vínculos frágiles y un maltrato que termina naturalizándose. Su planteo invita a recuperar acompañamiento adulto, escucha y pertenencia. Hay allí una dimensión social que ninguna prohibición resolverá por sí sola.
El debate ya aparece en nuestras autoridades. La senadora Blanca Rodríguez planteó penalizar los discursos de odio y trabajar la violencia desde la educación. El diputado Gerardo Sotelo cuestionó que una idea pueda castigarse por considerarse odiosa y subrayó la diferencia con la incitación a la violencia. Rodríguez aclaró que todavía no se había avanzado en un proyecto. Esa discusión merece precisión: proteger a las personas exige reglas claras y garantías para la crítica y el disenso.
Las estafas agregan otra urgencia. Un estudio de CERES describe cómo los delincuentes aprovechan la confianza construida en redes y medios digitales. Allí recoge una advertencia del ministro del Interior, Carlos Negro: el delito también alcanza a quien está solo en su casa frente al celular. La seguridad debe acompañar ese cambio de escenario.
Uruguay necesita exigir respuestas accesibles a las plataformas frente a fraudes, amenazas y suplantaciones; fortalecer la investigación y la atención a las víctimas; y enseñar a reconocer la manipulación desde la escuela hasta los espacios de formación de adultos. También debería evaluar medidas de protección de menores según resultados, cuidando su privacidad.
La responsabilidad alcanza, además, a quienes participamos de la conversación pública. ¿Qué enseñamos cuando compartimos una humillación, premiamos el agravio o confundimos notoriedad con autoridad? Los adultos también construimos los modelos de comportamiento que después cuestionamos en los jóvenes.
La confianza es un patrimonio social y económico. Sostiene vínculos, comercio e instituciones. Un país que aspira a ser confiable tiene que cuidar también lo que sucede en sus espacios digitales.
Regular exige capacidad técnica, equilibrio democrático y continuidad. Recuperar la convivencia exige, además, un compromiso cotidiano. Porque detrás de cada cuenta hay —o debería haber— una persona. Y el daño que recibe no desaparece cuando apagamos la pantalla.