El encuentro organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), con los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, invita a una reflexión que trasciende la coyuntura: cómo aprovechar la experiencia política acumulada para construir el Uruguay de los próximos diez años. Escuchar a quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el país permite poner en perspectiva nuestros desafíos y preguntarnos qué acuerdos somos capaces de sostener hacia adelante.
Uruguay tiene una fortaleza que a veces valoramos más cuando salimos del país: la confianza en sus instituciones, la convivencia democrática y la posibilidad de construir acuerdos. Ese patrimonio es nuestro principal capital. Pero conservarlo exige que se traduzca en una vida mejor para la gente. La estabilidad necesita resultados.
Cuando las políticas elegidas no son las adecuadas, los problemas se acumulan, aunque las intenciones sean buenas. Una familia que espera una consulta médica, un joven que abandona sus estudios o una empresa que demora una inversión por trámites innecesarios viven las consecuencias. Para ellos, la calidad del Estado se mide en respuestas.
Por eso vale la pena plantearnos un acuerdo sobre diez temas centrales para los próximos diez años. Un compromiso que atraviese dos períodos de gobierno, con objetivos claros, responsables identificados y resultados que cualquier ciudadano pueda conocer. Cada partido mantendría su identidad y sus propuestas. El país ganaría continuidad en aquello que necesita tiempo para madurar.
La infancia, la educación, la seguridad, la salud, la vivienda, la transformación demográfica, la competitividad, la infraestructura, la innovación y la calidad de la gestión pública podrían ordenar esa conversación. La lista merece discusión. Lo fundamental es decidir qué queremos lograr y cómo vamos a comprobar que avanzamos.
También debemos reconocer los pasos positivos que ya se están dando. Mejorar la práctica política implica valorar una buena iniciativa por su aporte al país, cualquiera sea su origen.
En esa perspectiva corresponde reconocer avances del gobierno actual. El refuerzo del Bono Crianza y el impulso a la articulación entre ciencia, empresas y producción a través de Uruguay Innova recogen compromisos de campaña y son pasos positivos que merecen continuidad y evaluación. La primera infancia y la innovación pueden integrar esos acuerdos a diez años: dos prioridades cuyo valor deberá medirse por las oportunidades que generen y por su capacidad de mejorar la vida de las próximas generaciones.
Nuestro Estado de bienestar necesita renovarse. Cuando las respuestas públicas fallan de manera persistente, el ciudadano termina buscando individualmente lo que esperaba resolver como parte de una comunidad. Quien puede, compra una solución; quien no puede, espera. Esa distancia debilita la confianza y profundiza la fractura social.
La discusión sobre el Estado debe llegar hasta allí. A los tiempos de respuesta, a la coordinación entre oficinas, al uso de los recursos y a la responsabilidad por los resultados. Cada nueva estructura debería justificar qué problema resuelve. Cada programa debería poder corregirse cuando la evidencia muestre que no está cumpliendo su cometido.
Diez temas para diez años requieren una práctica política capaz de reconocer avances, corregir errores y sostener compromisos más allá del calendario electoral. También requieren empresarios, trabajadores, universidades y organizaciones sociales dispuestos a asumir su parte.
Uruguay tiene condiciones para elegir su rumbo. Aprovecharlas exige convertir la confianza que hemos construido en capacidad de hacer. El mejor reconocimiento a nuestra tradición democrática será dejar un Estado que responda mejor y un país donde las próximas generaciones encuentren más oportunidades.