Distraídos en el barro de la pelea cotidiana, dedicados a tejer chicanas para desvirtuar al rival de turno o perdidos en la bruma de un sistema repleto de opacidades, buena parte de los políticos uruguayos parecen ciegos y sordos al descontento que acecha a su alrededor.
Como si no alcanzara con las encuestas locales que muestran el enojo con el gobierno y con la oposición, los últimos datos del Latinobarómetro confirman un deterioro sostenido de esa confianza que desde hace años viene siendo escasa.
En Uruguay —el histórico baluarte institucional del continente, el país que siempre se precia de su estabilidad y de su fe republicana— la confianza en los políticos sigue en caída libre.
Según esta encuesta regional, en Uruguay, la gente cree cada vez menos que la democracia es "preferible a cualquier otra forma de gobierno". Si bien esa cifra llega a un nada desdeñable 64%, en el 2020 era del 74% y hoy está por debajo de la fe en la democracia que tienen, por ejemplo, en la siempre incierta Argentina. Además, en 2011, 51% de los ciudadanos creía que el Estado hacía "mucho" o "algo" por él, pero en 2026 la cifra cayó a 31%.
Acerca de qué tan representados se sienten los uruguayos en el Parlamento, solo 29% dice sentirse "representado" y 65% asegura sentirse "no representado".
No es que el uruguayo se haya convertido en autoritario de la noche a la mañana. En realidad parece estar perdiendo la paciencia, siendo que los uruguayos suelen ser muy pacientes. Sienten que los políticos son una referencia cada vez más lejana, y no es menor que el Parlamento alcance una aprobación bajísima ya que son sus integrantes los que, mayormente, suelen dar la cara en los medios de comunicación.
Sin embargo, lejos de la autocrítica, la respuesta del elenco político frente a este malestar creciente es la inacción, la provocación involuntaria, o la soberbia lisa y llana.
En el catálogo de frases desafortunadas de las últimas semanas, pica en los primeros lugares una del senador blanco Sergio Botana. En un país donde los sueldos menores a $ 40 mil son mayoría y muchos no llegan a los $ 25 mil, el parlamentario, que recibe unos $ 400 mil nominales, soltó sin anestesia: “Es un buen sueldo. Ahora, yo te voy a decir una cosa: yo, que vivo de ese sueldo, nunca llego a un mes en el que me dé la plata”, dijo en el programa de streaming Hacemos lo que podemos.
En la misma frecuencia de desconexión se anotó el también senador blanco Sebastián Da Silva. En un cruce con el dirigente sindical Martín Pereira en el programa de streaming Todo un Tema de El Observador sobre el régimen de fueros y licencias, el sindicalista dijo que cobraba unos $ 60 mil nominales. La reacción de Da Silva fue una mezcla de asombro e ironía: “Mmm, tendrás una forma muy eficiente de vivir. Yo con esa plata no puedo vivir”.
Probablemente lo que quiso decir Da Silva es que desconfiaba de que esa fuera la única entrada de dinero de Pereira. Pero eso de que con $ 60 mil “no se puede vivir” significa reconocer que la inmensa mayoría de sus gobernados vive en un estado de necesidad que a él le resultaría insoportable.
Derroches
Si en el Parlamento las frases duelen, en el ámbito de las juntas departamentales las prácticas avergüenzan. El caso de los ediles de la Junta de Montevideo es el monumento vivo a la tramoya legalizada. Bajo la premisa constitucional de que el cargo de edil es honorario, la política local ideó un engranaje perfecto de vales de nafta, viáticos, secretarios y partidas compensatorias que quedó en primer plano luego de que saltara que un curul blanco tenía contratado a un ñoqui que, además, lavaba dinero del narcotráfico.
Sin embargo, lejos de la autocrítica, la respuesta del elenco político frente a este malestar creciente es la inacción, la provocación involuntaria, o la soberbia lisa y llana. Sin embargo, lejos de la autocrítica, la respuesta del elenco político frente a este malestar creciente es la inacción, la provocación involuntaria, o la soberbia lisa y llana.
En medio de este carnaval de excesos y frases desafortunadas, la decisión del Yamandú Orsi de ordenar la cancelación de las fiestas de fin de año en entes autónomos y organismos públicos —como el Banco de Seguros del Estado— es una señal de sentido común básico, que debió ser impuesta desde muy arriba porque la inercia burocrática ya tenía la mesa servida.
Según informó El País, en el 2025 la despedida de fin de año del BSE costó unos US$ 150 mil. En una fiesta similar del Banco Hipotecario se había consumido casi $ 900 mil pesos.
Entonces, el descontento popular no es una casualidad ni un virus importado de una región que desde hace tiempo está buscando respuestas fuera del sistema político tradicional.
Es producto de la fatiga de ver cómo se gasta el tiempo en chicanas, acusaciones cruzadas y vanidades personales, en lugar de acordar soluciones reales para la gente. Si los políticos no pueden con eso, deberían, al menos, cuidar la lengua.
