La administración estableció una "Determinación de situación de emergencia” con la que busca aumentar la producción de madera en el país y contener el riesgo creciente de incendios forestales. La medida despertó el rechazo de ambientalistas y expertos en gestión forestal que niegan su eficacia y sostienen que "solo se trata de ayudar a la industria maderera".
