Tan sólo 24 horas antes de que se conozca la ratificación de la Cámara de Casación Penal de la condena de Cristina Fernández de Kirchner por delitos vinculados a la corrupción, el oficialismo presentó un pedido formal para que el próximo miércoles al mediodía se lleve a cabo una sesión cuyo principal objetivo será tratar la ley de ficha limpia.
La norma impulsada por el La Libertad Avanza y el PRO establece la prohibición para que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan acceder a cargos nacionales. El texto deja de lado la “doctrina Pichetto” que hace referencia a una condena firme en base a fallo de la Corte Suprema y contempla la posibilidad de la inhabilitación con la mera ratificación de una resolución de segunda instancia.
La norma también señala que la prohibición regirá hasta la revocación del fallo o el cumplimiento de la pena.
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Pichetto pidió diálogo con el Congreso y no "contra el Congreso".
EFE
Así las cosas, con la ratificación por parte de la Cámara de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta quedaría fuera de juego si el Congreso aprueba la norma durante este periodo legislativo.
Lo cierto es que los tiempos son breves, y salvo que el Ejecutivo convoque a extraordinarias o prorrogue el periodo de sesiones ordinarias, la norma no tendrá chances de completar su trámite parlamentario este año, por más que el próximo miércoles obtenga media sanción de la Cámara baja. En ese marco, darle tratamiento durante en el verano será una decisión política que deberá tomar el oficialismo.
Más allá de las especulaciones electorales, el proyecto cuenta con buenas chances de ser aprobado por la Cámara baja la semana próxima. El texto cuenta con el apoyo de la totalidad del bloque oficialista y sus principales aliados.
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En virtud de la iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, su propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.
La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.
En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.
Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.
Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.
De ese modo, el Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.
