Un nuevo informe presentado en Buenos Aires reveló que Argentina posee el 21% de las reservas mundiales de litio pero produce apenas el 5,2% del total global, una brecha que expone las limitaciones estructurales del país para capitalizar uno de los recursos más estratégicos de la transición energética. El documento, elaborado por Fundación Libertad (FL) en conjunto con la consultora Invecq y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), identificó vacíos regulatorios, fragmentación provincial y deficiencias en los mecanismos de fiscalización como los principales obstáculos para atraer inversiones de largo plazo.
El estudio, titulado "Litio en Argentina: Cómo atraer buenas inversiones para un mejor futuro", se basó en trabajo de campo realizado entre el segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2025 en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, e incluyó entrevistas con empresarios y funcionarios del sector. Fue presentado durante la Conferencia sobre Minerales Estratégicos e Inversiones de Calidad en el Cono Sur, realizada en agosto de 2025, donde expertos regionales debatieron estrategias para proteger a los países con riqueza mineral de inversiones consideradas perjudiciales.
La paradoja del "oro blanco"
Argentina forma parte del llamado Triángulo del Litio junto con Bolivia y Chile, una región que concentra entre el 56% y el 68% de los recursos mundiales de este mineral. Según la U.S. Geological Survey 2024, los recursos globales de litio ascienden a 559 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), de los cuales Bolivia posee el 22%, Argentina el 21% y Chile el 10,5%.
Sin embargo, la producción no refleja ese potencial. Mientras Australia lidera con el 47% de la producción mundial, seguida por Chile con el 24% y China con el 17%, Argentina apenas alcanza el cuarto puesto. El país cuenta con 50 proyectos de litio en distintas fases de desarrollo, pero solo cuatro están actualmente en etapa de comercialización y apenas cinco en fase de construcción de infraestructura.
La demanda global de litio creció exponencialmente en los últimos años, impulsada por su uso en baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. En 2022, el 83% del litio producido mundialmente se destinó a la fabricación de baterías, con la electromovilidad representando el 65% de la demanda total.
Unas 40 empresas, tanto extranjeras como nacionales, operan actualmente en Argentina con proyectos en distintas etapas. De ese total, solo ocho son empresas nacionales y únicamente una (YPF) es de propiedad estatal. Entre los proyectos más relevantes se encuentran Centenario-Ratones, operado por la francesa Eramet en Salta con una inversión de aproximadamente 595 millones de dólares; Cauchari-Olaroz, que demandó una inversión de 741 millones de dólares; y el proyecto Fénix, adquirido por Río Tinto, que proyecta una expansión que podría llevar la capacidad productiva a 60.000 toneladas anuales de LCE para 2030.
Una "zona gris" regulatoria
El informe identificó como principal limitación estructural la ausencia de una legislación específica para el litio. A diferencia de otros recursos mineros, el litio se regula mediante normativas generales como el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, lo que impide diseñar mecanismos que promuevan valor agregado local, encadenamientos productivos y una gobernanza más eficaz de las rentas generadas.
"La posición general siempre ha sido que la minería necesita grandes inversiones, por lo que no se la debe obstaculizar con regulaciones excesivas", señaló Miguel Mitre, presidente de Ligreen S.A., empresa que opera en el Salar de Jama, Jujuy. Sin embargo, el estudio advirtió que la falta de regulación específica también genera incertidumbre y dificulta la planificación de inversiones de largo plazo.
La administración del litio quedó mayoritariamente en manos de las provincias, lo cual derivó en un esquema fragmentado y poco coordinado. La discrecionalidad provincial en materia de regalías, fideicomisos y licencias creó asimetrías entre jurisdicciones. Por ejemplo, la provincia de Jujuy aplica la Ley N.º 5.789, que obliga a las empresas a incorporar a la estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) como socia con al menos un 8,5% de participación en los proyectos de litio, mientras otras provincias no tienen requisitos similares.
Otro punto crítico identificado fue el régimen de precios de transferencia. La normativa actual presenta deficiencias en el control de las operaciones entre empresas vinculadas, lo cual habilita prácticas como la subfacturación de exportaciones. Los precios de referencia establecidos por la Dirección General de Aduanas fueron significativamente inferiores a los valores de mercado: 11,35 dólares por kilogramo en 2024 frente a 53 dólares en 2022, generando interrogantes sobre la capacidad estatal para capturar adecuadamente la renta minera. El informe mencionó que existen procesos judiciales abiertos, como el de Livent, por presunta subdeclaración de exportaciones.
Capital "constructivo" versus "corrosivo"
El documento introdujo una distinción conceptual entre dos tipos de inversión. El capital "corrosivo" se manifiesta en proyectos que priorizan la rentabilidad inmediata sin considerar el impacto ambiental, el respeto a las comunidades locales o la contribución al desarrollo industrial del país. Esto se traduce en el incumplimiento de estándares internacionales, la utilización de prácticas de precios de transferencia que eluden impuestos y la limitación a la mera extracción del mineral sin promover la creación de valor agregado.
En contraposición, el capital "constructivo" se distingue por su compromiso con el largo plazo y la generación de valor compartido. Implica el cumplimiento de estándares rigurosos en materia ambiental y social, operaciones comerciales transparentes que aseguren una renta justa para el Estado y las empresas, y la contribución al desarrollo de la cadena de valor local.
Siete recomendaciones para cambiar el rumbo
El informe propuso un conjunto de medidas concretas para fortalecer el marco legal y la gobernanza del sector. Entre las principales recomendaciones figuran la modernización del régimen fiscal y aduanero, con un sistema específico de precios de transferencia para el litio que incluya actualización automática de precios de referencia en base a valores internacionales.
También sugirió reforzar institucionalmente la Mesa del Litio como mecanismo de articulación entre Nación y provincias, con reglas comunes para evaluaciones de impacto ambiental, esquemas de regalías y participación estatal en proyectos. El documento propuso establecer una banda de participación accionaria pública de entre el 5% y el 10% en proyectos litíferos, con transparencia sobre retornos esperados.
Otras recomendaciones incluyeron avanzar en la adhesión plena de Argentina a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), publicar contratos y licencias que involucren recursos públicos, desarrollar una estrategia específica para atraer inversiones con estándares tecnológicos y laborales exigentes, financiar infraestructura minera mediante esquemas público-privados y fomentar el desarrollo de proveedores nacionales.
El documento concluyó que el sector del litio en Argentina muestra un crecimiento acelerado, aunque su sostenibilidad a largo plazo aún se encuentra en desarrollo. La consolidación de un desarrollo que fortalezca las capacidades locales y genere beneficios duraderos para el país dependerá, según el informe, de las medidas adoptadas y del seguimiento que se dé a esta agenda.
