La empresa química Atanor, dedicada principalmente a la producción de herbicidas para el sector agropecuario, despidió a 15 de sus 150 empleados, debido a la paralización de su planta en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Esta situación se originó en marzo pasado, cuando la jueza Luciana Díaz Bancalari ordenó detener las operaciones tras la explosión de un reactor de Atrazina, un herbicida, causada por un exceso de presión. En respuesta a la explosión, se realizaron peritajes para evaluar el impacto ambiental, cuyos resultados se conocerán esta semana.
Desde el mes de mayo, los trabajadores de la planta se encontraban suspendidos, percibiendo únicamente el 75% de sus salarios. Ricardo García, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Nicolás, explicó que “la semana pasada se abrió un régimen de retiros voluntarios, en el que se fueron diez compañeros. Ahora echaron a 15 compañeros más”. Además, señaló la gravedad de la situación: “El viernes hay una audiencia en el despacho de la jueza con todos los directivos y peritos de los distintos ministerios, municipalidades y empresas, en el que se van a analizar los resultados de los peritajes para ver si pueden resolver la situación y que se pueda volver a trabajar. Pero realmente estamos muy, muy complicados”.
García también mencionó que, dentro de la planta, no se registraron problemas de salud ni conflictos con otros trabajadores. “Sabemos que se estaba trabajando bien, pero bueno, el accidente ocurrió por otra cosa, no es que hubo una negligencia de alguien, fue un accidente, como puede pasar en cualquier industria”, añadió. Sin embargo, advirtió que si no se logra reactivar la producción la próxima semana, todos podrían perder sus empleos.
Además de la explosión, la planta de Atanor ya había estado bajo escrutinio por posibles casos de contaminación. En abril, la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires reveló los resultados de muestras tomadas en mayo del año anterior, que confirmaron la presencia de agroquímicos en los pozos de la zona. “La Atrazina o sus derivados (sobre todo la hidroxiatrazina) se han hallado con valores por encima del límite de cuantificación en todas las muestras”, indicó el informe.
Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace, comentó: “Ya dos fallos de la Justicia de 2023 demostraron la responsabilidad de Atanor en la contaminación del Río Paraná. Con este informe, se confirma que la contaminación de Atanor llegó al acuífero Puelche”. Tras la explosión del reactor, Greenpeace recolectó muestras en dos sitios cercanos a la planta y en un efluente que va al Paraná, donde se detectaron atrazina y otros agrotóxicos en todos los puntos muestreados, en un radio de 150 a 350 metros de distancia con la planta. Sin embargo, aún se espera la confirmación de los informes oficiales.
La explosión de Atanor
En la madrugada del 20 de marzo, una potente explosión sacudió la tranquilidad de los vecinos de San Nicolás, una ciudad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. La detonación se originó en un reactor de la planta industrial de Atanor, lo que provocó un incendio y dejó a un operario herido, además de generar gran preocupación entre la población por posibles efectos contaminantes en el aire.
Según un comunicado oficial de la compañía, "se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso". Esta situación derivó en un incendio en la zona de aminación de la planta, lo que requirió la rápida intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes lograron controlar las llamas.
El incidente, ocurrido alrededor de las 3:30 de la madrugada, dejó como saldo a un operario herido, identificado como Julio César Corbalán, quien "presentó quemaduras que dieron origen a su inmediato traslado a un centro sanatorial de la ciudad", según informó Atanor.
La empresa también indicó que estaba "abocada a la realización de tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas". Además, Atanor explicó que "debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión".
La acusación por contaminación después de la explosión
Después de la explosión de una planta de Atanor en San Nicolás, Greenpeace confirmó la presencia de restos de Atrazina, un compuesto altamente tóxico, en un radio de hasta 350 metros alrededor de la fábrica. La Atrazina fue prohibida en la Unión Europea desde 2004 y restringida en Estados Unidos, y en las manzanas cercanas a la planta se observó una incidencia de cáncer significativamente más alta que en otras áreas.
El 20 de marzo pasado, los residentes de San Nicolás vivieron una noche de angustia, confinados en sus hogares sin poder abrir las ventanas. A las 3:30 de la madrugada, uno de los reactores de Atanor explotó, esparciendo un polvo blanco y tóxico que cubrió parte de la ciudad. Gabriel Godoy, residente del barrio Los Fresnos a solo 200 metros de la planta, relató que uno de sus hijos lo buscó después de la explosión y, al salir, vio una nube que terminó desplazándose hacia otras zonas cercanas.
“Mi hermano vive a 800 metros de Atanor y le picaban los ojos y la garganta”, cuenta Godoy, quien vivió en Los Fresnos durante 20 años. “No había ningún protocolo, nos decían que nunca iba a pasar. Pero pasó”, añadió. La situación de incertidumbre llevó a que algunos habitantes de San Nicolás abandonaran sus hogares, buscando refugio en ciudades vecinas.
Al día siguiente, una tormenta inusualmente fuerte limpió la zona superficialmente, pero los residuos tóxicos permanecieron. “Así y todo encontramos Atrazina a 350 metros a la redonda de la planta”, explicó Leonel Mingo, vocero de Greenpeace, en declaraciones a LPO.
La planta fue clausurada tras el incidente, pero Atanor busca reabrirla. Según el sitio Bichos de Campo, la empresa controla el 15% del mercado de herbicidas en Argentina y fue adquirida en 1997 por Albaugh, una compañía estadounidense especializada en este tipo de productos.
El abogado ambientalista Fabián Maggi, quien presentó denuncias contra Atanor por contaminación, repite una y otra vez la palabra “impunidad” para describir la situación. “Esto viene pasando hace años, con este gobierno y con los anteriores también. Hay causas que tienen más de una década, con sentencia”, afirma.
Maggi critica especialmente a Iván Colángelo, un funcionario encargado de evaluar las consecuencias de la explosión, quien aseguró que el material tóxico había sido “contenido”, aunque no logró convencer a los vecinos. Colángelo también trabaja como asesor privado para una empresa con intereses en el puerto local, lo que generó desconfianza entre los residentes, quienes temen que se esté intentando expandir la zona industrial de la ciudad a expensas de los barrios residenciales.
Leonel Mingo de Greenpeace subrayó la gravedad de la situación: “Estas nuevas cuatro muestras aportan datos concretos de contaminación por atrazina en San Nicolás. Vamos a seguir exponiendo la contaminación y exigiendo que se investiguen las causas y el impacto de la explosión de manera urgente”.
Godoy, por su parte, cuestiona la situación de salud en la zona: “Hay algo externo para que en una familia de seis personas cuatro hayan muerto o estén enfermos de cáncer, no es una cuestión de suerte”.
En respuesta, Atanor emitió un comunicado en el que asegura haber tomado muestras de aire y suelo el día del “evento”, con resultados negativos. Según la empresa, “los resultados de estos análisis no han detectado en aire concentraciones de ninguno de los compuestos requeridos por el Ministerio de Ambiente ni en suelo trazas de atrazina. Dicha información, respaldada por Certificados de Cadena de Custodia (CCC) y Protocolos Oficiales de Informe (PI) emitidos y firmados por el laboratorio mencionado, ha sido acreditada en cada uno de los requerimientos de los organismos de control y de las actuaciones que tramitan en sede judicial”.
