El gobierno argentino presentó un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska para solicitar la suspensión del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. La medida busca frenar la decisión judicial que estableció esta forma de pago por la sentencia de 16.100 millones de dólares más intereses determinada en 2023, mientras el Ejecutivo prepara la apelación formal que presentará antes de mediados de mes.
En la Casa Rosada aseguraron que no se sentarán a negociar con Burford Capital hasta que no haya una resolución definitiva y consideraron que sería "un daño irreparable" la entrega de la mayoría accionaria de la petrolera estatal. Además, el Gobierno apuesta a disputar el monto final de la sentencia porque considera que hay razones legales para reducirla incluso a "algunos cientos de millones", según explicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso.
Argumentos técnicos contra la decisión judicial
En el escrito de cuatro páginas, la defensa argentina argumentó que Preska se excedió en su jurisdicción y que no existe posibilidad material de expropiar las acciones. "Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores", graficaron fuentes con acceso al expediente.
Los abogados del Estado sostuvieron que cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener una aprobación con dos tercios de los votos. Para la Argentina, avanzar con la decisión de Preska podría traer "consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo".
"No se puede poner al genio de vuelta en la botella", fue una de las frases citadas por los abogados al señalar que si los fondos demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo, algo que ya solicitaron en sus presentaciones judiciales, el daño causado sería irreparable incluso si Argentina ganara la apelación por la cuestión de fondo.
Estrategia de dilación y recursos jurídicos
El pedido de suspensión representa el primer paso del Estado argentino tras la orden de Preska del lunes pasado, que estableció un plazo de 14 días para la entrega de las acciones a los fondos Burford y Eton Park. En paralelo, el Gobierno ya diseña la apelación sobre la cuestión de fondo que presentará en los próximos quince días, como anticipó el presidente Javier Milei.
La Procuración del Tesoro pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación estadounidense) para ganar tiempo, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda: pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir a la segunda instancia.
El Gobierno trabaja con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.
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Los fondos embargados por la decisión de la jueza estadounidense Preska provienen de garantías vinculadas a los bonos Brady, emitidos por Argentina en los años 90.
El peor escenario sería que ni Preska ni la cámara de apelaciones concedan la suspensión de la sentencia. En ese caso se activaría, a mediados de mes, la concreción del pago ordenado por la jueza. En el Gobierno argumentan que más allá de las razones jurídicas, operativamente esa forma de pago es inviable porque las acciones no son de sencilla transferencia y si existiera una reversión del fallo en alguna instancia superior, sería técnicamente improbable para el Estado recuperar esa tenencia.
A nivel técnico, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración del Tesoro Nacional. Castro Videla está excusado para participar porque su exsocio Alberto Bianchi fue testigo experto en contra del Estado argentino en este litigio. Stampalija, abogado por la Universidad Austral con maestrías en Derecho por las universidades de Hong Kong y Nueva York, es especialista en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. En los tribunales neoyorquinos seguirá interviniendo el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que representa al país desde el inicio del conflicto.
En la Casa Rosada negaron con contundencia que hubiera contactos con los bonistas, aunque estos aseguran que sí los hay. En línea con el descargo que hizo Milei en redes sociales apuntando al gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el Ejecutivo se lamentaron por el "impacto negativo" y la "falta de credibilidad que genera lo que pasó". "Es un peso más para los esfuerzos que tiene que hacer el país. Un elemento más de la herencia recibida", señalaron fuentes oficiales.
