El Gobierno aprobó el ingreso del sexto proyecto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con una propuesta de la australiana Galan Lithium para desarrollar una operación de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, por 217 millones de dólares. La iniciativa contempla producir 20.850 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a partir de 2027 y proyecta exportaciones superiores a los 180 millones de dólares desde 2029.
El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, quien destacó que "es el sexto proyecto RIGI aprobado, por un total de 12.800 millones de dólares". La cifra representa el compromiso acumulado desde que el régimen entró en plena vigencia en octubre pasado, cuando se presentaron 15 proyectos de los cuales seis obtuvieron luz verde.
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Sin embargo, la jornada también marcó un hito por otro motivo: el Comité Evaluador del RIGI rechazó por primera vez una solicitud de ingreso. Se trató del proyecto "Mariana" presentado por la empresa china Ganfeng, una de las principales mineras de litio a nivel mundial, que implicaba una inversión de 273 millones de dólares para ampliar su operación en el Salar de Llullaillaco, Salta.
"El proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años", explicó Caputo sobre el rechazo a la firma china.
La decisión cobró particular relevancia por su timing: llegó apenas un día después de que Peter Lamelas, designado por Donald Trump para ser embajador en Buenos Aires, declarara ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que trabajará para "mantenerlos fuera del continente" a los "países autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán". Aunque ninguna fuente oficial estableció una conexión directa entre ambos hechos, la coincidencia temporal genera interrogantes sobre la influencia geopolítica en las decisiones de inversión.
Galan Lithium se suma al boom del litio argentino
El proyecto aprobado de Galan Lithium representa un paso significativo en el desarrollo del sector litífero nacional. La empresa australiana, que había aplicado al RIGI el 30 de octubre pasado, se convirtió en la primera minera en solicitar el régimen para pasar a la etapa de producción industrial tras un período de pruebas.
Su director general, el chileno Juan Pablo Vargas de la Vega, había destacado que los incentivos del RIGI "fortalecerán la capacidad de Galan para captar capital y maximizar el desarrollo del proyecto HMW". En el marco del desarrollo de la primera fase, la empresa logró acumular unas 6.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en sus pozos de evaporación.
La compañía prevé alcanzar una producción inicial de 4.000 toneladas anuales, con una expansión a 5.400 toneladas cuando las condiciones del mercado sean más favorables, considerando los actuales bajos precios del litio. Galan también es propietaria del proyecto Candelas, emplazado en la puna salteña, que aún no posee fecha de inicio de producción.
El rechazo a Ganfeng, en tanto, involucra a una empresa que había inaugurado en febrero pasado su planta de producción de cloruro de litio con capacidad para 20.000 toneladas anuales, tras una inversión de 980 millones de dólares. La instalación, ubicada en el Parque Industrial de General Güemes, cuenta con abastecimiento total de energía renovable mediante paneles solares de 120 MW y 288 MWp de almacenamiento en baterías.
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Los proyectos millonarios ya aprobados
El RIGI acumula hasta ahora aprobaciones por 12.800 millones de dólares en seis proyectos estratégicos. El primero fue el parque solar El Quemado de YPF Luz en Mendoza, con una inversión de 211 millones de dólares.
El más ambicioso corresponde al Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), presentado por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. La obra demandará 3.000 millones de dólares y permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de crudo desde 2027, equivalentes a casi 13.000 millones de dólares anuales en exportaciones.
El tercer proyecto involucra la exportación de gas natural licuado (GNL) mediante dos buques de licuefacción amarrados en Río Negro. La sociedad Southern Energy, conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), invertirá 2.825 millones de dólares en una década.
Rio Tinto obtuvo aprobación para destinar 2.724 millones de dólares a la expansión del proyecto Rincón de Litio en Salta, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería. El quinto proyecto correspondió a Sidersa, que construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires, con una inversión de 286,3 millones de dólares.
Entre los proyectos pendientes de evaluación se destacan iniciativas de la surcoreana Posco para ampliar la producción del proyecto Sal de Oro en Salta (633 millones de dólares), Minas Argentinas para reactivar la explotación aurífera en San Juan (665 millones) y McEwen Copper para acelerar estudios de factibilidad en producción de cobre (227 millones).
El sector litífero cobra especial relevancia según proyecciones de la Secretaría de Minería: las exportaciones del "oro blanco" podrían alcanzar los 11.341 millones de dólares en 2032, un valor 17 veces superior a los 645 millones exportados en 2024. Argentina aspira a convertirse en el segundo productor mundial de litio para 2035, con 130.000 toneladas métricas, desplazando a Chile y aprovechando que concentra el 20% de los recursos mundiales del mineral.
El RIGI ofrece incentivos significativos: reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, pago del IVA mediante certificados de crédito fiscal y exención de derechos de importación. El beneficio más valorado es el acceso progresivo a divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero. A cambio, las empresas deben comprometer una inversión mínima de 200 millones de dólares y desembolsar al menos el 40% del total en los primeros dos años.
