La CNV y la Superintendencia de Seguros lanzaron fondos y seguros para sumar a las tradicionales indemnizaciones laborales.
La transformación del régimen de indemnización por despido dio un paso más esta semana. En menos de un mes, el Estado avanzó con dos regulaciones clave que apuntan a robustecer un nuevo esquema de protección para los trabajadores: los fondos de cese laboral.
Bajo este modelo, los tradicionales pagos por antigüedad podrán ser reemplazados por un sistema de aportes periódicos, canalizados a través de instrumentos financieros, con foco en la previsibilidad, la transparencia y la desjudicialización.
Estas medidas se enmarcan en el plan que tiene el Gobierno Nacional de llevar a cabo una reforma laboral. “Es imprescindible. El nivel de empleo no crece desde 2011 y el número de empleadores no crece desde 2008. No crece la cantidad de empresas ni de empleo y no podemos ignorar eso”, señaló Luis Caputo, Ministro de Economía de La Nación, en una exposición reciente en el IAE Summit. “Son cosas que habrá que cambiar. También es necesaria una reforma tributaria pero la pieza fundamental es la reforma laboral”.
En esa línea, Caputo dijo que el Gobierno continuará “desregulando” y en ese proceso se incluirá a Federico Sturzenegger. Como sus facultades delegadas finalizaron el martes, ahora deberá enfocarse en otros aspectos y, según fuentes cercanas a él, iniciará el camino para generar una reforma laboral.
Los primeros pasos se dan con estos cambios relacionados a nuevas opciones de indemnización en el país.
El 23 de junio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General 1071/2025, que reglamenta los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs). Además, este jueves salió por Boletín Oficial que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) se sumó al impulso con una normativa que habilita la comercialización de los llamados “Seguros de Cese Laboral”.
Ambas herramientas se inscriben dentro del marco legal introducido por la Ley Bases 27.742, que en su artículo 96 habilita a reemplazar la indemnización por antigüedad mediante convenios colectivos. Los nuevos instrumentos pueden ser vistos como una especie de “mochila” económica portable, una alternativa inspirada en esquemas europeos como el Trattamento di Fine Rapporto italiano o las cuentas individuales de indemnización austríacas.
“Esta tendencia busca transformar un pasivo contingente, como lo es la indemnización, en un gasto cierto, previsible y planificable, con respaldo legal y financiero”, explica Walter Mañko, socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte Legal Argentina.
El esquema creado por la CNV permite canalizar los aportes patronales (y eventualmente de los trabajadores) en Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) que operan bajo reglas especiales. Estos vehículos están diseñados para acumular capital que luego será utilizado para abonar compensaciones al momento de una desvinculación laboral.
Entre los puntos más destacados de la Resolución 1071/2025 figuran:
Estos fondos tienen una ventaja clave: su administración está sujeta a la supervisión directa de la CNV, lo que otorga una capa adicional de seguridad jurídica y financiera. Además, las inversiones están sujetas a restricciones para evitar conflictos de interés (por ejemplo, no se pueden comprar activos del propio empleador) y se fijan topes de concentración por industria.
Por su parte, la Resolución 347/2025 de la SSN aprobó esta semana los lineamientos para un nuevo tipo de seguro que, al igual que los PICs, se enmarca en el Decreto 847/2024. Los “Seguros de Cese Laboral” funcionarán como una alternativa aseguradora para cubrir los costos asociados a la desvinculación.
Estos productos se rigen por condiciones contractuales específicas y una nota técnica que define cómo se calculan las primas, qué riesgos se cubren y de qué forma se liquida el beneficio al trabajador. A diferencia de los PICs, estos seguros no necesariamente requieren la acumulación previa de aportes, sino que operan bajo una lógica de cobertura tradicional.
El esquema asegurador podría resultar más atractivo para ciertos sectores donde la rotación laboral es menor o más imprevisible, y donde los empleadores prefieran trasladar el riesgo a una aseguradora en lugar de capitalizar fondos.
Tanto los fondos como los seguros son opcionales y solo pueden ser implementados si hay un convenio colectivo que lo permita. En ese sentido, los actores del mercado laboral deberán negociar no solo la adhesión al nuevo sistema, sino también las reglas específicas: cuánto se aporta, con qué frecuencia y bajo qué condiciones se activa el beneficio.
Según deslizó el propio Sturzenegger, habría tres espacios que ya estarían pensando en sumar el formato de Fondos Comunes de Inversión a las opciones de cese laboral: la Sociedad Rural Argentina (SRA) y los gremios de Seguridad y Gastronómicos.
Para los trabajadores, los beneficios son claros: previsibilidad, protección ante el cese, portabilidad (en caso de cambiar de empleo dentro del mismo régimen) y acceso a información regular sobre los fondos acumulados. Para las empresas, en tanto, representa la posibilidad de convertir un gasto incierto y judicializable en un costo planificable y administrable.
“El éxito del modelo dependerá de la confianza que logren generar estos instrumentos y del rol activo de los gremios en su negociación e implementación”, advierte Mañko.
La reforma del sistema indemnizatorio avanza, paso a paso, hacia una arquitectura moderna, híbrida y regulada. En ese camino, los fondos y seguros de cese laboral aparecen como piezas centrales del nuevo mapa laboral argentino.