Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el nuevo proyecto de Código Penal en la cárcel de Ezeiza. El escenario buscó reforzar la idea de que “el que las hace, las paga”, una de las consignas centrales del Gobierno. El diputado y candidato José Luis Espert, cuestionado por presuntos vínculos con un empresario ligado al narcotráfico, estuvo presente imprevistamente en el acto.
El nuevo texto del Código reemplazaría al vigente desde 1921, que "acumula más de un siglo de parches". Según el Gobierno, la iniciativa busca modernizar las normas, endurecer condenas y actualizar figuras penales que hoy no responden a la realidad actual del crimen organizado.
“Un código de tolerancia cero”
Bullrich definió la propuesta como “un código de tolerancia cero”, pensado para terminar con la “impunidad de quienes delinquen” y garantizar condenas más rápidas y efectivas. Según la ministra, el proyecto eleva las penas para una amplia gama de delitos y actualiza figuras que hasta ahora eran apenas contravenciones.
En detalle, anunció que la pena por homicidio simple pasará de 10 a 30 años, que se incorporará la Ley Antimafias y que habrá agravantes específicos para delitos patrimoniales como el hurto y el robo bajo la modalidad motochorro. “Hurtabas una o mil veces y no pasaba nada; ahora va a haber una pena de hasta 3 años”, ejemplificó. En el caso de los motochorros, la condena podrá llegar a 15 años de prisión.
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El proyecto también endurece las sanciones por portación ilegal de armas: la sola portación de un arma sin autorización será considerada delito no excarcelable, con agravantes para quienes tengan antecedentes. Lo mismo regirá para la portación de armas blancas. Además, convierte en delitos graves a las entraderas, estafas piramidales, pornovenganza y secuestros virtuales, y establece castigos más severos para denuncias falsas y amenazas, sobre todo cuando se usen como herramientas de venganza en casos de violencia de género o conflictos familiares.
Bullrich puso especial énfasis en el robo de celulares, considerado el delito más frecuente en el país, que tendrá penas de entre 3 y 12 años. “Se trata de un delito que afecta a millones de argentinos en su vida cotidiana y que hasta ahora no tenía sanciones acordes a su magnitud”, argumentó la ministra.
Narcotráfico, corrupción y cambios técnicos en la Justicia
Uno de los ejes más duros del anuncio fue el de los delitos complejos, con un fuerte incremento de penas para narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y pornografía infantil. “Hoy narcotraficantes importantes salen con juicio abreviado y penas de seis años; eso se termina”, aseguró Bullrich.
En paralelo, se agravan las condenas para presidentes, vicepresidentes, ministros, gobernadores y legisladores que cometan hechos de corrupción. También se amplía la cobertura legal de las fuerzas de seguridad, que ya no solo actuarán bajo la figura de legítima defensa, sino también bajo el concepto de “cumplimiento del deber”, buscando evitar que policías o gendarmes queden imputados al actuar en servicio.
El proyecto no solo endurece penas, también introduce cambios estructurales en el sistema penal. El más resonante es la baja de la edad de imputabilidad: de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes a esa edad "ya comprenden la criminalidad de sus actos". Además, propone reemplazar el actual modelo inquisitivo por un sistema acusatorio, donde los fiscales conducen las investigaciones y los juicios orales se resuelven en plazos más cortos. Según Bullrich, en casos de narcotráfico las sentencias no deberían tardar más de nueve meses.
Milei: el Congreso como árbitro
El cierre político quedó en manos del propio Milei, que apuntó a los legisladores nacionales: “Si logramos aprobar estas reformas quienes delinquen van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Que este grupo de reformas se implementen o no depende del Congreso de la Nación”, lanzó.
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El presidente insistió en que “no hay puntos medios” y reclamó a diputados y senadores que “se pongan del lado de las víctimas y no del de los delincuentes”. Para Milei, la aprobación del nuevo Código Penal será un quiebre en materia de seguridad: “Todos sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo”.
