El Senado se expresó e insistió con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, logrando derribar definitivamente el veto de Javier Milei. Desde el Gobierno advierten que promulgarán estas iniciativas, pero no las podrán en marcha, tal como ocurre con la emergencia en discapacidad.
Con 59 votos a favor, la iniciativa por el Hospital Garrahan volvió a cobrar fuerza de ley. Y con 58 votos, lo mismo ocurrió con el financiamiento a las universidades nacionales. La debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza en la Cámara alta (que últimamente queda en evidencia en ambos recintos, en rigor) no le permitió blindar los vetos.
La sesión no termina acá. El temario también incluye la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales. Y se abordará el Programa Alerta Sofía, creado por el Ministerio de Seguridad en 2019, para el cual se buscará que deje de ser regulado por un decreto, sino por una ley.
Qué fija la Ley de emergencia pediátrica
La ley de emergencia pediátrica, basada en la situación del Hospital Garrahan, busca la “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
El documento establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial, que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. La misma no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023. Incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
El Gobierno rechazó esta norma por el impacto fiscal que genera. Según detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un reciente informe, el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Qué fija la Ley de financiamiento universitaria
Pese a que el año pasado no logró prosperar, este 2025 la ley de financiamiento universitario logró salir adelante. La iniciativa propone la actualización de las partidas "según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”.
"Deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”, en base a lo que establece.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima un impacto presupuestario para 2025 de aproximadamente $1,96 billones, lo que representaría el 0,23% del PBI.
La decisión del Gobierno
Debido a que ambas normas afectarían al programa económico nacional, Milei posiblemente haga caso omiso a las mismas. Su decisión tendrá lugar pese a que han sido aprobadas e insistidas por el Congreso, respetando todas las facultades que la Constitución nacional le da a los senadores y diputados.
Lo que posiblemente plantee el Gobierno es que serán promulgadas pero no acatadas. Esperará a que se aclaren los métodos de financiamiento de las mismas duranta el tratamiento del Presupuesto 2026 este año (o el siguiente).
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El Senado derribó los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
Hacia esa situación apuntó Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), con sus declaraciones luego de las dos votaciones contra los vetos: "A diferencia del presidente, en el Congreso sí escucharon y vieron las movilizaciones como el pedido de la gente. Ahora es importante que el conjunto del pueblo, los universitarios, el Congreso de la Nación y la propia Justicia obliguen al Gobierno a cumplir con la ley. Y que la ley se haga efectiva".
Algo similar ocurre con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aunque fue promulgada hace tiempo, no se puso en marcha y no sucederá hasta tanto su solvencia económica sea aclarada por los miembros del Congreso. Esta decisión generó tal repercusión que el Senado, luego de esta votación, avanzará con otro proyecto.
Es una propuesta parlamentaria del senador Martín Lousteau, titular del bloque UCR, que no sólo le recrimina al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el incumplimiento de esta Ley, sino que "además se lo dice replicando el artículo 51 de una ley firmada por Milei, Bullrich y Cúneo Libarona, que es la del Régimen Penal Juvenil".
"Este proyecto de ley dice que se reasignan partidas para cumplir con las erogaciones previstas. Este proyecto lo envió al Congreso el propio Jefe de Gabinete", argumentó el radical. Los miembros del cuerpo aprobaron en la jornada de hoy el tratamiento sobre tablas del proyecto y se discutirá al final de la sesión. Según mencionaron a este medio, el kirchnerismo adherirá, por lo que cosecha el apoyo suficiente.
Las acusaciones de Martín Lousteau contra Guillermo Francos
Se trata de un proyecto de resolución, cuyo documento expresa: "El rechazo al Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo de la Nación, publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de septiembre de 2025, el cual, amparándose en una pretensa imposibilidad legal de reasignar las partidas presupuestarias del ya dos veces prorrogado Presupuesto Nacional, decide atribuirse competencias legislativas y suspender la ejecución de la insistida Ley N° 27.793".
"La propia Ley facultó expresamente en su Artículo 19 al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas adoptadas y, asimismo, especificó que tales reestructuraciones no podían realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad 'Servicios Sociales'", añade.
También acusa que hace dos años no se aprueba un presupuesto nacional por "decisión del propio gobierno", que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente. Lousteau indica que "el propio Jefe de Gabinete, en la reconducción del presupuesto anterior, subestimó los recursos que recibiría el Ejecutivo durante el 2025, lo que le dejó un margen de discrecionalidad aún mayor".
"Por tanto, este Senado reclama que el Jefe de Gabinete dé cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 27.793 y reasigne las partidas presupuestarias que sean necesarias para cumplir con ella", concluye.
