La Justicia avanza en la investigación sobre Manuel Adorni, pero como gesto político no lo llamarán a indagatoria antes de su presentación en el Congreso.
Manuel Adorni llega debilitado a su presentación en el Congreso.
La tentación de seguir haciendo cuentas ante cada aparición de un bien o viaje del jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni para saber si le cierra o no “el blanco” es grande.
En estos días además de las cuatro prestamistas de dos de sus bienes, la Justicia puso el foco en un viaje que realizó para pasar fin de año del 2024 en Aruba. Primero se dijo que había sido en clase ejecutiva a un precio de 1.450 dólares el pasaje. Multiplicado por los cuatro miembros de la familia. Más tarde, la aerolínea le rectifico el dato a la fiscalía. No había sido en clase ejecutiva sino en premium economy. La diferencia no es sustancial y no hace al fondo de la cuestión ni mucho menos. El pago se habría realizado en efectivo.
También se conocieron las refacciones que se hicieron sobre el inmueble de la calle Miró en Caballito. La Justicia quiere saber cuándo comenzaron esas obras, si el departamento ya estaba escriturado a nombre de Adorni cuando entraron a trabajar y para eso citó como testigo al encargado del edificio.
Así podría continuar el minuto a minuto de la causa que desvela al presidente Javier Milei, aunque se resista a admitirlo y haga todo lo que tenga que hacer para mantenerlo en su cargo: desde reconocimiento público en la AmCham hasta fotos con la propia Karina Milei en eventos varios.
El problema es más profundo que las continuas revelaciones que sí, tienen un común denominador. El comportamiento vidrioso de quien debe explicaciones que no dejen márgenes de duda.
Manuel Adorni actuó en la función pública como un privado más e hizo negocios como si los hiciera entre privados, olvidándose justamente que se trata de un funcionario público.
Escriturar bienes por debajo de su valor u omitir la facturación para ahorrarse el IVA puede ser para el ciudadano de a pie una falta ética o una evasión tributaria. En un funcionario es un delito.
Como omitir un bien maliciosamente en una declaración jurada. No tan lejos en el tiempo a Carlos Saul Menem lo procesaron por eso.
Pero el presunto enriquecimiento ilícito por el que se lo investiga en el juzgado de Ariel Lijo y que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita es solo uno de los múltiples frentes que tiene el jefe de Gabinete en los tribunales federales de Comodoro Py.
La figura de negociaciones incompatibles ronda los expedientes.
“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación…”
¿Se interesó para beneficio propio o de terceros otorgándole contratos con la Televisión Pública a su amigo del alma Marcelo Grandio?
¿Se interesó en que Bettina Angeletti, su cónyugue sea contratada por empresas contratistas del Estado?
¿Lo hizo en el marco de la licitación del predio de Tecnópolis? ¿Se interesó por que le sean contratadas determinadas empresas a las que la Justicia hoy investiga cómo están constituidas? ¿Y en la concesión del predio? Porque él es el responsable político final de la gestión, ya que se trata de un predio estatal bajo gestión del Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que depende de Jefatura de Gabinete.
Hay malestar en el Gobierno entre los pocos convencidos de que se trata de una operación de desestabilización y creen que la Justicia Federal está siendo cómplice y cobrándose cuentas pendientes.
Sin embargo, desde los despachos judiciales que intervienen en las investigaciones niegan cualquier tipo de intromisión en la vida política y aseguran que un gesto contundente de institucionalidad es que el jefe de Gabinete no será citado a dar explicaciones en el marco de una declaración indagatoria antes del próximo 29 de abril.
Ese día es clave ya que Manuel Adorni debe presentarse a rendir el informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, se desata el debate político entre los distintos sectores acerca de si Adorni debería ampararse en lo que establece el reglamento circunscribiendo su informe a la gestión de Gobierno o si debe responder preguntas de los diputados sobre las investigaciones que se llevan adelante.
Desde la Justicia esquivan acusaciones y aseguran que de ninguna manera colaborarán a que Adorni llegue debilitado a la sesión con un pedido de indagatoria sobre sus espaldas.