El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, ha reiterado su intención de ser querellante en la causa que investiga la presunta extorsión de líderes piqueteros que supuestamente exigían dinero a los beneficiarios de planes sociales. Estos líderes habrían amenazado a los beneficiarios con perder sus ingresos o el acceso a los alimentos proporcionados por el Estado si no participaban en las manifestaciones.
Este nuevo pedido del Gobierno para ser querellante se produjo después de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara una solicitud similar del Ministerio de Seguridad. Casanello argumentó que el Ministerio de Seguridad, como auxiliar del fiscal, ocupa un lugar importante en la investigación, pero incompatible con el papel de litigante que pretende.
El ministerio que dirige Patricia Bullrich supervisa las fuerzas de seguridad federales. En esta causa, la Policía Federal Argentina llevó a cabo los allanamientos, interceptó las comunicaciones de los acusados y está analizando los teléfonos incautados, entre otras medidas.
Ahora, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello se ha presentado como querellante. Aquí la situación es diferente, ya que a diferencia de Seguridad, que constituye el brazo armado de la aplicación de la ley, Capital Humano podría presentarse como víctima de la maniobra investigada.
Precisamente, una de las hipótesis que investiga el juez Casanello es la administración fraudulenta. En este contexto, el objeto de la causa es el desvío de los fondos que el Estado había asignado al Plan Potenciar Trabajo y que habría sido retenido o desviado hacia otros fines por las organizaciones sociales. Al tratarse de dinero gestionado por Capital Humano, podría haber un agravio para este ministerio.
La estrategia judicial de los piqueteros
Por otro lado, algunos de los piqueteros imputados, unos 28, han presentado una solicitud de nulidad de toda la investigación. Esta solicitud fue presentada por la presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero, Elizabeth Palma, patrocinada por Liliana Alaniz y Claudia Ferrero.
Solicitaron la anulación de todo el caso y la devolución de los teléfonos y las planillas de asistencia y libros de “castigos” incautados. Argumentaron que el allanamiento se realizó sin tomar las precauciones especiales reservadas para organizaciones como las cooperativas.
Afirmaron que en el caso de un “local de las asociaciones”, siempre que no sea una vivienda particular, “deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieran los locales, a menos que ello fuera perjudicial para la investigación”.
El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, trabajó este jueves en un dictamen en el que se pronunciará por rechazar esta solicitud de nulidad, ya que es inconsistente avisar a los sospechosos antes de allanarlos, ya que esto frustraría la investigación. Sin embargo, después del dictamen fiscal, es el juez Casanello quien debe resolver.
Además, en el expediente se han dispuesto medidas de prueba para determinar si las extorsiones, las amenazas y la imposición de castigos y sanciones eran parte de una acción aislada de algunos líderes piqueteros sobre otros, o si esta era la modalidad sobre la cual se basaba el funcionamiento de toda la organización social.
Asimismo, se han dispuesto otras medidas de prueba que se mantienen en reserva, para determinar si la responsabilidad se limita a los 28 imputados a los que se les allanó y se les incautaron sus teléfonos, o si la cadena de responsabilidades sube en las organizaciones investigadas.
