La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien lleva adelante el caso relacionado con la nacionalización de la mayor parte de las acciones de YPF, ordenó que Argentina entregue correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de alrededor de diez funcionarios y ex funcionarios. Entre los implicados se encuentran figuras como Luis Caputo y Sergio Massa. El objetivo de esta solicitud es intentar demostrar que estos individuos habrían influido en la fijación de los precios de los combustibles.
Esta orden fue emitida desde el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el mismo que previamente condenó a Argentina a abonar una suma de 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park. Estos fondos adquirieron los derechos de litigio que surgieron tras la expropiación de acciones que pertenecían al grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi.
Dado que la posibilidad de que el Estado argentino pague el monto adeudado, junto con los intereses acumulados que ya rondan los 900 millones de dólares, parece muy remota, los demandantes buscan reincorporar a YPF en el proceso. La petrolera había sido excluida en una instancia anterior del caso, pero ahora buscan embargar sus activos.
El fundamento de Burford es que YPF es un "alter ego" del Estado argentino. Según su planteo, la empresa no opera como una Sociedad Anónima (SA) privada, como debería, sino que responde a los intereses políticos del gobierno de turno.
En consecuencia, la jueza Preska solicitó las comunicaciones de varios funcionarios clave, incluyendo al actual ministro de Economía, su predecesor y ex candidato presidencial. También pidió los mensajes de Santiago Caputo, asesor presidencial; Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Massa; Guillermo Michel, ex titular de la Aduana y estrecho colaborador del ministro; y José Ignacio de Mendiguren, ex secretario de Industria, en un acontecimiento sin precedentes.
Burford intensifica su estrategia para embargar activos argentinos
Según información publicada por el Financial Times, el fondo inglés Burford diseñó una estrategia que apunta directamente contra el Estado argentino con el fin de embargar sus bienes. En este contexto, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación están en la mira.
De acuerdo con lo mencionado por el medio internacional, los abogados de Burford argumentan que las empresas argentinas están plagadas de designaciones políticas de personal no calificado. Esto las haría "indistinguibles" del Estado, considerándolas parte de él.
En contraposición, los abogados argentinos, en distintas presentaciones ante las cortes, rechazaron esta postura, negando que estas instituciones funcionen como un "alter ego" del Estado. Además, señalan que la Justicia de Estados Unidos ya las ha definido como "operacionalmente separadas del Estado".
Quién es Loretta Preska
Loretta Preska nació el 7 de enero de 1949 en Albany, una ciudad del distrito de Nueva York, en Estados Unidos. Tras completar sus estudios de derecho en la Universidad de Fordham, desarrolló su carrera en bufetes de abogados privados antes de incorporarse al sistema judicial estadounidense. Entre los estudios en los que trabajó se encuentran Cahill Gordon & Reindel y Hertzog, Calamari & Gleason.
En 1992, el presidente George H. W. Bush la nominó como jueza, y su nombramiento fue aprobado de manera unánime por el Senado de Estados Unidos. Cuando el juez Thomas Griesa falleció en diciembre de 2017, Preska asumió como la magistrada más importante del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Actualmente, también está a cargo del caso YPF, uno de los juicios más relevantes que enfrenta Argentina en la actualidad.
