El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quedó envuelto en medio de una polémica luego de la difusión, con denuncia penal incluida, de que habría tomado decisiones ejecutivas que terminaron en su beneficio personal. La mira quedó puesta en una serie de trabajos que se están haciendo en la Costanera del Río del Valle.
Según una presentación que hicieron legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical, Jalil realizó obras públicas para supuestamente revalorizar terrenos que le pertenecerían en una zona de San Fernando. Este proyecto abarca a más de 46 hectáreas y 360 lotes y se realiza en un área alejada del centro urbano. “Con la plata del pueblo, Jalil engorda el valor de sus propiedades”, describen.
Las obras en cuestión son en la Costanera del Río del Valle, zona lindera a terrenos que según los denunciantes pertenecen a la familia Jalil. Los beneficios sería de diversa índole, muchos de los cuales fueron revelados por Canal 9 esta semana. Según la información, los trabajos ya realizados o en proyecto suman un total de más de 61 mil millones de pesos.
El más importante es el trabajo específico de la Costanera, que incluye un muro de hormigón, la traza, avenida, veredas, rotondas, entre otras, por los que se presupuestaron casi 47 millones de pesos. Una de las obras que todavía no se construyó es un puente, que tiene un valor de 12 millones de pesos.
Otras dos obras son un tendido eléctrico para proveer de energía eléctrica la zona y también un acueducto, que según la denuncia, se realizó sin realizar los estudios de factibilidad necesarios. La primera tuvo un costo de $ 1.800.000 y la segunda, casi un millón más.
En Canal 9, además, apuntaron a una de las empresas encargadas de las obras. Se trata de Huasi Construcciones, propiedad de Aldo Hugo Salgado. El vínculo con Jalil es directo: está casado en primeras nupcias con Silvia Jalil, hermana del mandatario catamarqueño.
La denuncia del radicalismo la presentaron Alfredo Marchioli, Alicia Paz y María Alejandra Pons, y es por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
"Lo más inmoral es que al frente, del otro lado de Río Valle, se encuentran los barrios Santa Lucía Sur y Gauchito Gil, donde está la pobreza, la indigencia y el abandono por parte del Estado", advirtió Marchioli, de la UCR.
