El gobierno de Javier Milei publicó el lunes en el Boletín Oficial el primer tramo de la reglamentación de la Ley Bases. El documento, firmado el viernes por el Presidente, establece las directrices para los capítulos sobre privatizaciones de empresas públicas o con participación estatal y empleo público, ambos incluidos en el Título II de la Ley Bases, titulado “Reforma del Estado”.
El Decreto 695/2024, firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo, introduce una novedad significativa: una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para quienes aspiren a trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima, diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación, y la identificación del candidato se realizará solo después de la calificación.
El decreto también establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, que deberá expedirse en un plazo de cinco días.
Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales cuando la función lo requiera. También se estipula que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.
El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esta medida busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.
Régimen de contrataciones y reorganización
El régimen de contrataciones del gobierno de Javier Milei incluye modalidades de contratación por tiempo determinado y designación en plantas transitorias, orientadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos deberán detallar las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. El personal bajo este régimen no gozará de estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.
Desde el comienzo de su gestión, el gobierno de Milei ha iniciado un proceso de reorganización de la planta del Estado, que incluye la no renovación de cientos de contratos y la disponibilidad de aquellos que integran la planta permanente. Para gestionar esta reorganización, se creó el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.
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El decreto establece una escala para asignar el período de disponibilidad del personal afectado: hasta 15 años de antigüedad será de 6 meses, más de 15 años y hasta 30 años de antigüedad será de 9 meses, y más de 30 años de antigüedad será de 12 meses. Durante este período, el personal percibirá un importe mensual equivalente a su retribución escalafonaria, “con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”.
Para calcular la indemnización, se tomarán en cuenta las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y “se computarán los servicios no simultáneos prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no generó derecho a indemnización”. Además, el personal con sumarios en curso no podrá cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.
Los empleados en licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán ser pasados a disponibilidad. Asimismo, aquellos que estén próximos a jubilarse (dentro de un período máximo de 12 meses) serán reubicados transitoriamente hasta que se resuelva su situación.
Respecto a las reubicaciones y movilidades, el decreto establece que la afectación definitiva de un empleado a otra dependencia será considerada como traslado, condicionado a la existencia de una vacante financiada. Además, se podrán realizar permutas a solicitud de agentes de igual situación escalafonaria, siempre que no afecten la necesidad del servicio.
Por otro lado, el Gobierno ha implementado un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones. Las infracciones incluyen llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias y condenas judiciales, entre otras. La normativa busca asegurar el cumplimiento de las responsabilidades laborales y mantener la eficiencia del servicio público.
Las explicaciones del ministro Sturzenegger
Por otra parte, y a través de las redes, Sturzenegger compartió su análisis de las modificaciones del empleo público, la cual definió como “anti-ñoquis”.
“Se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado”, escribió el funcionario.
“Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo”, explicó.
“Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación, quien obtenga una nota superior a la de corte”, continuó Sturzenegger.
Por último, aprovechó el mensaje para separar la actual gestión de la anterior. “De esta manera, se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de ‘minar’ al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana”, aseveró.