Lo que importa sobre la denuncia del Gobierno
- Según informó la revista Quorum, la denuncia fue presentada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y alude a “graves irregularidades” que habría cometido la jueza Andrade al ordenar liberar a 114 detenidos en la madrugada posterior a los incidentes de la marcha de jubilados del miércoles 12 de marzo, de la cual participaron hinchadas de clubes de fútbol.
- La investigación de la denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad Nacional por supuesto “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “prevaricato” y “encubrimiento” contra la magistrada porteña quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
- En concreto se cuestionó que la orden se hubiera dado por el sistema de mensajería “WhatsApp” y se la tildó de “ideológica”.
- Andrade es jueza titular del Juzgado Contravencional 15 de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó la liberación “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”, sostiene la denuncia.
- También tilda de “arbitraria” su decisión de establecer que no pudo probarse la flagrancia, es decir que los detenidos hubieran estado cometiendo algún delito al momento de ser apresados.
- “Tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”, agrega la presentación.
- La decisión de la magistrada no quedó documentada “en un registro oficial” y no dio intervención formal a la fiscalía.
Contexto
La jueza estaba de turno en la zona del Congreso Nacional cuando ocurrieron los incidentes. Dispuso liberar a 114 detenidos al considerar que a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.