El Gobierno Nacional autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar a las universidades nacionales, una medida que será oficializada en las próximas horas con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. Esta decisión revoca un decreto anterior, promovido por el ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, que restringía las facultades de control del organismo..
Ahora, la SIGEN podrá acceder en tiempo real a los gastos de las universidades, lo que permitirá una mayor supervisión del uso de los fondos públicos destinados a la educación superior.
La medida responde a un pedido realizado por el bloque del PRO en el marco de las negociaciones sobre el financiamiento educativo, y fue aprobada por el presidente Javier Milei y su principal asesor, Santiago Caputo. Durante una reunión reciente entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el titular del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y Caputo, se insistió en la necesidad de avanzar con esta auditoría como parte de las condiciones para sostener el veto al financiamiento educativo.
La resolución que habilita a Javier Milei a auditar universidades
La nueva resolución firmada por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, establece que la SIGEN podrá realizar auditorías internas en las universidades sin las limitaciones impuestas anteriormente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que tenía un plan de trabajo anual más acotado. De esta manera, el Gobierno podrá monitorear con mayor precisión el destino de los recursos asignados a las universidades nacionales, algo que Barra justificó como necesario para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
IF-2024-112489009-APN-PTN.pdf
El dictamen de la Procuración General de la administración de Javier Milei que habilita las auditorías en las Universidades.
La derogación del decreto 72/18, impulsado por Zannini, es un paso clave en esta política de control financiero. El decreto, que restringía la capacidad de la SIGEN de auditar a las universidades, había generado críticas entre los sectores que consideran que estas instituciones deben estar sujetas a un mayor escrutinio debido al volumen de recursos que manejan. El control interno de la SIGEN se enmarca dentro de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la cual establece que todos los organismos descentralizados, incluidas las universidades, deben rendir cuentas de su gestión financiera.
Según el dictamen emitido por la Procuración del Tesoro, al cual El Observador tuvo acceso, el marco normativo actual refuerza la idea de que las universidades deben rendir cuentas bajo los mismos principios de regularidad financiera que rigen para otros organismos públicos. El texto subraya que la SIGEN, como órgano rector del control interno, debe supervisar que los gastos realizados por las universidades sean acordes con los objetivos presupuestarios del Estado.
Una disputa política de fondo
El pedido de derogar el decreto de Zannini y permitir a la SIGEN auditar a las universidades se ha convertido en un punto central en las conversaciones entre el PRO y el Gobierno Nacional. La derogación del decreto y la nueva resolución fueron solicitadas por Ritondo como parte de las discusiones para sostener el veto presidencial al financiamiento educativo. Esta política ha generado tensiones en el Congreso y dentro de las propias universidades, que en algunos casos han resistido el control directo de la SIGEN bajo la premisa de su autonomía universitaria.
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Los argumentos del Gobierno para las auditorías
A pesar de esta autonomía, el dictamen legal justifica la necesidad de un control externo e interno robusto para garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente. En particular, la resolución permite al Gobierno saltear los límites que previamente imponía la Auditoría General de la Nación (AGN) y aplicar auditorías de forma directa y constante. Según la Procuración del Tesoro, esto garantizará una mayor transparencia en el uso de los recursos que el Estado Nacional destina a las universidades.
Este nuevo enfoque de control financiero sobre las universidades se enmarca en el plan más amplio del presidente Milei de revisar el sistema educativo, donde ya se han señalado posibles irregularidades y se ha cuestionado la eficiencia de algunos programas universitarios. La resolución también es vista como un intento de parte del Gobierno de avanzar en su agenda de reforma del sistema educativo, en medio de un contexto económico difícil y presiones por ajustar el gasto público.
Primeras repercusiones
La decisión de la Casa Rosada de avanzar con la habilitación de la SIGEN para realizar auditorias generó que de inmediato las casas de estudio se pongan en estado de alerta y diseñen sus próximos pasos a seguir. "Esto fue echarle nafta al fuego", analizó el rector de una de las universidades más grandes del país.
Los sectores reformistas dentro de las universidades no ocultaban su sorpresa por la avanzada del Gobierno en la derogación del decreto de Zanini ya que habían bajado la intensidad de las protestas para no entorpecer las negociaciones en el Presupuesto 2025, la verdadera madre de esta batalla.
"Al final el Gobierno utilizó a los troskos como fundamento para buscar meterse en la autonomía de las universidades", manifestó una fuente al tanto de la situación. Es que las diversas tomas de facultades que se vieron durante la semana fueron alentada por centros de estudiantes que están en manos del PTS o el PO. Además esos grupos son minoritarios en relación a la cantidad de alumnos totales.
El festejo en la administración de Javier Milei
Confirmada la noticia de la habilitación de la SIGEN para auditar a las universidades, en el Gobierno aparecieron las primeras voces festejando la situación. Uno de ellos fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. "Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales", escribió el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter)
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