El Gobierno de Javier Milei tomó distancia este miércoles de la iniciativa de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir las causas judiciales contra los miembros de las organizaciones guerrilleras que operaron en Argentina en los años '70. A pesar de que el presidente comparte la postura de que “todos los asesinos deben ir presos”, fuentes de la Casa Rosada aclararon que este tema no forma parte de la agenda del Ejecutivo nacional.
En un acto celebrado en el Senado para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Villarruel anunció que buscará reabrir “todas las causas” relacionadas con el accionar de guerrillas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La vicepresidenta señaló que la justicia debe actuar de manera equitativa y responsabilizar a los miembros de estas organizaciones por sus crímenes. "Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación", afirmó Villarruel durante el evento, enfatizando la necesidad de una revisión histórica de aquellos años.
Sin embargo, la Casa Rosada se apresuró a marcar distancia de esta iniciativa. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue claro al señalar que, aunque Milei comparte la visión de que no debe haber impunidad para los responsables de crímenes, esta cuestión no es una prioridad para el Presidente. “Todos sabemos de la lucha que Villarruel lleva desde hace años para que la Justicia juzgue a todas las partes. Obviamente, es un tema de la agenda de Villarruel porque es su bandera y la conocimos en esta lucha. Es un tema que hoy no está en la agenda del Presidente”, manifestó Adorni en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.
El acto organizado por Villarruel y la consiguiente postura del Gobierno revelan una brecha en las prioridades y agendas dentro del oficialismo. Mientras que la vicepresidenta ha retomado su activismo en torno a los eventos de los años 70, el Presidente y su equipo han optado por enfocarse en otras cuestiones. Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que esta falta de coordinación no es nueva, y que Milei y Villarruel llevan agendas separadas. “Victoria está en su mundo. Se repite la historia de los vices”, comentó un colaborador con llegada directa a los hermanos Milei.
En el entorno de Villarruel, se defendió la realización del acto, argumentando que había sido programado desde hacía dos meses y que no se buscó comprometer a la Casa Rosada. “No quisimos comprometer a la Casa Rosada con el tema ni incomodarlos. Victoria sabe que hay tiempos y momentos para cada cosa. Pero ella también tiene que sintonizar con sus electores”, explicaron fuentes del Senado.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también subrayó que la reapertura de las causas contra los guerrilleros es un tema propio de la agenda de la vicepresidenta y no del gobierno nacional. “Es la agenda de la vicepresidenta de la República. No es un tema que esté planteando el gobierno nacional”, afirmó Francos. Además, añadió que desconocía si hay una propuesta concreta detrás de la iniciativa de Villarruel, pero que si existiera, sería analizada en su debido momento. “No tengo claro cuál es la propuesta concreta que se va a hacer con respecto a esa idea de promover la continuidad de los juicios contra Montoneros. No puedo decirlo porque no conozco si hay concretamente una propuesta o fue un discurso en el que se planteó que hay una situación pendiente. Si hay una propuesta, la analizaremos”, explicó el ministro coordinador en una entrevista con radio La Red.
Reacciones y antecedentes
Villarruel, quien ya había organizado homenajes a víctimas de guerrillas durante su carrera política, utilizó el evento en el Senado para retomar su activismo histórico. En su discurso, hizo hincapié en los 1.094 muertos entre 1969 y 1979 atribuidos a las acciones de Montoneros y el ERP, sin mencionar a las víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar (1976-1983). La vicepresidenta acusó a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de haber protegido a los responsables de estos actos, creando una "muralla de oscuridad pestilente" para garantizar su impunidad.
El acto de Villarruel ha generado diversas reacciones, tanto dentro como fuera del gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se alineó con Villarruel al afirmar en una entrevista televisiva que la causa de José Ignacio Rucci, un sindicalista asesinado en 1973 en un ataque atribuido a Montoneros, es “una causa emblemática que es necesario reabrir”. Cabe recordar que esta causa fue archivada en 2012 por el juez federal Ariel Lijo, a quien Villarruel había cuestionado por su nominación a la Corte Suprema debido a su manejo de esta investigación.
En contraste, otros sectores del oficialismo han optado por tomar distancia. El evento organizado por Villarruel también sirvió para que la vicepresidenta se desmarcara de la reciente visita de diputados libertarios a militares presos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Tras esa visita, figuras del entorno de Milei, como la diputada Lilia Lemoine, criticaron a Villarruel por su silencio sobre el tema, mientras que el propio Milei insinuó que el cura Javier Olivera Ravasi, quien organizó la visita, podría haber conspirado contra el Gobierno. “Habrá que investigar. Hubo intenciones”, comentó Milei.
Villarruel aclaró que la reapertura de las causas judiciales contra los guerrilleros de los años 70 será impulsada por la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), con su "anuencia". Aunque la vicepresidenta no planea presentar un proyecto de ley al respecto, busca crear un nuevo clima político que presione al Poder Judicial para que actúe con mayor equidad. “Ella dice que durante 20 años la Justicia juzgó de manera distinta a unos y a otros. Quizás ahora la Justicia pueda actuar menos condicionada por la política”, señalaron en su entorno.
El acto y las declaraciones de Villarruel marcan un esfuerzo por parte de la vicepresidenta de mantener viva su agenda en torno a la revisión de los años 70, mientras intenta navegar las aguas políticas con un gobierno que tiene otras prioridades. Aunque el Presidente no ha mostrado interés en apoyar esta iniciativa, la postura de Villarruel ha dejado en claro que sigue comprometida con su causa, buscando influir en el debate público y en el ámbito judicial.
