El Senado quedará en el centro de la escena, pero el telón de fondo es la relación cada vez más tirante con los gobernadores que ven en la asfixia de las cuentas públicas y la caída en la recaudación dos problemas sin solución. En ese marco, ante los problemas financieros ensayan una respuesta política.
En este caso, el posicionamiento tendrá dos etapas: primero, la ausencia en el acto del 9 de julio y después la articulación parlamentaria para avanzar en cuestiones que contradicen la postura oficial.
La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores en medio de la tensión electoral parece haber alcanzado un punto de difícil retorno. En ese marco, el Congreso emerge otra vez como el campo de batalla donde las tensiones se harán notar. Tras un año y medio de colaboración con la administración de Javier Milei, los mandatarios provinciales se muestran decididos a endurecer su postura ante el incumplimiento de promesas y el impacto directo del ajuste en sus provincias. El destrato a los aliados políticos, en particular a aquellos sectores que responden a gobernadores de la UCR, de Pro y del PJ, hicieron posible la construcción de mayoría opositora circunstancial en el Congreso que ya dio sus primeros pasos en Diputados y podría terminar por consolidarse en el Senado.
La coparticipación vuelve al centro del debate
En este contexto, la reforma de la Ley de Coparticipación volvió al centro del debate, con una coincidencia generalizada entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar sobre ella. La intención es modificar leyes puntuales que regulan el reparto de fondos. Ahí se enmarca, por ejemplo, la ley que establece el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Actualmente, la política de "déficit cero" y el freno a la obra pública han llevado a que la Nación se quede con el 90% de este impuesto, de cobro instantáneo, a pesar de que las provincias asumen funciones como vivienda, rutas y saneamiento que antes se financiaban con esos recursos. Un legislador de la oposición dialoguista, que está dispuesto el próximo jueves a autoconvocarse en el Senado explicó: "Si la Nación no realiza estas obras, corresponde modificar la ley y redistribuir los fondos a quienes sí se encargan de ellas".
En el combo de reclamos que se transforman en proyectos y llegaron al Congreso de la mano de los gobernadores también están las normas que buscan obligar al Poder Ejecutivo a automatizar el giro de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y eliminar varios fondos fiduciarios para que sus recursos se distribuyan conforme a la Ley de Coparticipación Federal. Estos dictámenes fueron firmados por referentes de diversas bancadas opositoras y aliadas de los libertarios, como José Mayans, Eduardo Vischi, Alfredo De Ángeli y Carlos Espínola.
La reactivación del Senado
La semana pasada la oposición pudo avanzar en Comisión con proyectos que contaban con media sanción de Diputados y que, hasta ahora, permanecían estancados. Así las cosas, el temario, que podría ser tratado el jueves, incluye la recomposición de las jubilaciones en un 7,2% y el incremento del bono para haberes mínimos de $70.000 a $110.000, la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo, y la declaración de emergencia en la asistencia pública a personas con discapacidad.
Si bien tanto desde el núcleo duro del kirchnerismo como desde el sector que se recuesta sobre los gobernadores del peronismo señalan que "por ahora el número para sesionar no está", la amenaza de que el Congreso sancione un paquete de leyes de fuerte impacto social y exponer al oficialismo a un nuevo veto es una realidad.
La dinámica que tomó el Senado en los últimos 15 días revela una evidente debilidad del oficialismo. A los problemas de número que suele tener el oficialismo en el Senado se le sumó la nula relación con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. La falta de comunicación dificulta establecer estrategias para la bancada oficialista e incluso articular diálogos necesarios para tabicar proyectos que puedan afectar la imagen del Gobierno.
Por ahora, la única estrategia que parece tener el oficialismo para resistir los embates es abrazarse al reglamento y paralizar el trabajo en Comisión. Por caso, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado no registró reuniones convocadas por su presidente en los últimos 4 meses.
En ese contexto los problemas parecen acumularse en un futuro cercano. Si bien, el Presidente ya anticipó intención de vetar estas leyes, no está claro si volverá a tener el número para sostener esa decisión en el Congreso.
