El objetivo de la administración de Javier Milei es reducir el plantel del Estado pero para ello estudia alternativas para no dejar gente en la calle. Por ello es que El Gobierno evalúa otorgar subsidios a las empresas para que contraten empleados públicos y si cierra un organismo, el personal podrá buscar un puesto en el sector privado y el Estado pagará el sueldo por 12 meses.
Sturzenegger se enfocará en los próximos meses en descomprimir un Estado desbordado y en ese sentido avanza en varios proyectos que modifican las condiciones de trabajo en el Estado, entre ellos un régimen de subsidios de hasta 12 meses para que las empresas privadas contraten a aquellos empleados sin funciones a partir de la eliminación o fusión de unos 60 organismos.
El ministro tiene permitido eliminar estructuras del organigrama estatal sin pasar por el Congreso, con excepción de un listado y avanzar sobre la planta permanente, con el pase a disponibilidad del personal afectado por la restructuración o la reducción de órganos por encontrarse excedida la dotación "óptima necesaria".
Según la normativa, los empleados que no sean reubicados deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado, con goce de sueldo.
Y una vez cumplidos los 12 meses, si el trabajador no formalizó una nueva relación laboral, será desvinculado e indemnizado. La nueva pata del plan de "racionalización" contempla la reubicación voluntaria del personal disponible en el sector privado mediante un régimen de "incentivos", aunque no será inmediato.
“Cuando se fusionan o cerrás organismos, se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: “Probame". Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó el extitular del Banco Central esta semana.
En las últimas horas, el gremio ATE advirtió que el ministro busca eliminar organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.
La iniciativa forma parte de la agenda del Consejo de Mayo que busca reglamentar la reforma laboral y reinstalar el capítulo laboral del DNU 70, frenado en la Justicia por un amparo de la CGT. "Estamos analizando como hacer para que el sector público pueda tener personas que puedan pasar al sector privado de una manera adecuada, la mesa del diálogo tiene que ver también con esto", confirmó un funcionario.
En el pasado, ya hubo experimentos, aunque fuera del sector público. En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri lanzó un Programa de Transformación Productiva (PTP) con subsidios a empresas para traspasar trabajadores de plantas bajo "reconversión" a empresas en expansión.
Durante la gestión de Alberto Fernández se implementaron dos programas de "Puente al Empleo” para que el sector privado contrate beneficiarios de planes sociales. En ambos casos, los resultados fueron decepcionantes.
Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre noviembre y marzo se perdieron 126.000 puestos de trabajo asalariado registrado, entre privados (95.000), públicos (22.000) y casas particulares (9.000).
¿Un examen de ingreso para ser empleado público?
Sturzenegger también busca implementar un examen adicional de ingreso a la administración pública. La Ley N° 25.164 Marco de Empleo Público establece para el ingreso a la carrera administrativa la acreditación de condiciones de conducta e idoneidad, que se verifican mediante regímenes de selección bajo el principio de igualdad de oportunidades y trato, publicidad y transparencia. Pero el funcionario cree que el régimen de concursos "no sirvió para filtrar".
Los cambios apuntarían a esquivar el control y participación gremial, siguiendo el modelo que aplicó al frente del Banco Ciudad entre 2013 y 2015. En charlas con empresarios, el economista se jacta de haber dispuesto un proceso de selección similar al de las empresas privadas, con avisos en diarios, en el que se priorizaron los "mejores promedios" y se terminó con el ingreso de familiares. "Si pudiéramos hacer lo mismo en el sistema público, escaparíamos de los ñoquis", dijo en mayo.
