Un informe realizado en conjunto por las ONG Ruido y Connectas reveló que en la mayoría de las provincias argentinas los máximos tribunales mantienen vínculos previos con el poder político: de 138 magistrados que integran las cortes provinciales, 88 tienen antecedentes laborales, familiares o políticos con gobiernos locales antes de asumir, y 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político con el que habían trabajado. Sin embargo, Santiago del Estero destaca como la provincia cuya Corte Suprema muestra menos dependencias políticas.
Según informó la revista Quorum, el relevamiento que abarcó las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reveló que en promedio el 64% de los miembros de las cortes provinciales habían tenido algún tipo de nexo con el poder político antes de ocupar su cargo.
Qué dice el informe
Provincias como La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa y Entre Ríos lideran el ranking de “colonización judicial”, con magistrados que en algunos casos se desempeñaron como ministros, legisladores, secretarios o asesores del gobierno local previo a su designación.
En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela promovió la designación de su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia, quien fue elegida presidenta del máximo tribunal a los cuatro meses de asumir. Asimismo, su esposo ocupa cargos estratégicos y comparte negocios con el mandatario, consolidando la percepción de una Corte alineada al Ejecutivo.
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Cortes con vínculos políticos
Situaciones similares se registran en San Juan, donde los cinco integrantes de la Corte tienen vínculos previos con ex gobernadores peronistas, y en Tucumán, donde cuatro de los cinco magistrados ocuparon cargos de relevancia en el gobierno provincial.
El estudio también advierte que la predominancia del peronismo en estas designaciones es evidente: 87 de los 138 magistrados relevados fueron nombrados por gestiones del mismo signo político con el que tenían vínculos anteriores.
El informe destaca, además, la falta de transparencia de los poderes judiciales provinciales. La mayoría de los tribunales superiores no dispone de información pública sobre los antecedentes de sus miembros, lo que dificulta evaluar la independencia y trayectoria de quienes deciden en causas de alta sensibilidad política.
Solo algunos tribunales, como el de Córdoba, ofrecieron información completa, mientras que otros respondieron de manera parcial o nula a los pedidos de acceso a la información.
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Santiago del Estero es la excepción
Santiago del Estero emerge, en este contexto, como una excepción significativa. Su Corte Suprema muestra una menor cantidad de magistrados con nexos políticos previos, lo que la coloca como un caso de mayor autonomía frente a la influencia del poder provincial.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia está compuesto por los jueces Eduardo Federico López Alzogaray (presidente), Eduardo José Ramón Llugdar y Ana Rosa Rodríguez, y ninguno de ellos -según este informe- tuvo un vínculo laboral con el gobierno local.
