La Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París, históricamente asociada al intercambio académico y cultural, quedó en el centro de una controversia política que trascendió fronteras. El detonante: la remoción de una placa en homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina, instalada en 2022, y retirada en febrero de este año por orden del director, Santiago Muzio.
El episodio ocurrió a pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo y rápidamente activó reclamos de residentes, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos tanto en Francia como en la Argentina.
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Una decisión sin explicación clara
La placa recordaba a los desaparecidos del terrorismo de Estado y había sido colocada en el marco de la Ley 25.633, que promueve la memoria colectiva. Su retiro, sin una explicación pública concreta ni información sobre su paradero, generó sospechas y malestar. Desde el Ministerio de Capital Humano argumentaron que la medida se enmarca en un plan de “mantenimiento y modernización” del edificio, aunque esa versión fue puesta en duda: en el sector intervenido, la única ausencia visible es la de la placa.
El dato no es menor: el gesto fue leído por parte de la comunidad como algo más que una decisión administrativa.
Reacción inmediata y presión internacional
La respuesta fue rápida. Residentes de la Casa Argentina y la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia impulsaron una petición para exigir la restitución del homenaje, que ya reunió miles de firmas.
Además, el caso llegó al Congreso argentino, donde legisladores opositores presentaron iniciativas de repudio, mientras que en París se multiplicaron las expresiones públicas de rechazo.
En paralelo, una carta abierta -impulsada por referentes culturales y académicos- elevó el tono del reclamo y planteó la preocupación por lo que consideran un retroceso en políticas de memoria.
La carta abierta
Denuncias de clima interno y giro ideológico
Pero la polémica no se limita a la placa. Según denuncias de residentes y reportes periodísticos en Francia, el conflicto expone un cambio más profundo en el funcionamiento de la institución.
Testimonios hablan de un clima de tensión interna, acusaciones de “listas negras” y temor a represalias, en un contexto donde la dirección habría bloqueado actividades con contenido político o vinculadas a la democracia.
A eso se suma otra acusación sensible: el presunto vínculo de la gestión con espacios de la derecha radical europea y la utilización de las instalaciones para actividades políticas, algo que está expresamente restringido por el reglamento de la residencia.
Incluso, la Casa Argentina se habría negado a adherir a la carta de valores de la Ciudad Universitaria de París -basada en principios de laicidad y no discriminación-, lo que derivó en el congelamiento de vínculos con otras residencias.
Un conflicto que excede a París
El caso se da en un contexto más amplio: el debate sobre las políticas de memoria durante el Gobierno de Javier Milei, donde sectores opositores denuncian un cambio de enfoque o un corrimiento discursivo en temas de derechos humanos.
En ese marco, lo ocurrido en París aparece como un episodio simbólico pero potente: un espacio estatal argentino en el exterior, atravesado por tensiones ideológicas, reclamos institucionales y una disputa por el sentido de la memoria.
Por ahora, la incógnita sigue intacta: dónde está la placa y si volverá a su lugar. Mientras tanto, el conflicto escala y suma un nuevo capítulo a la discusión política argentina, esta vez con epicentro a más de 11.000 kilómetros de Buenos Aires.
