El Juzgado Federal de Goya pidió investigar dos cruces fronterizos en la provincia de Misiones en relación con la desaparición de Loan Danilo Peña. Los caminos en cuestión son San Antonio y Andresito, y la solicitud surge a raíz de ciertas irregularidades detectadas.
Se habrían identificado irregularidades en los controles de vehículos y personas en esos caminos durante un período determinado. Ante esta situación, la jueza Cristina Penzo solicitó la incautación de las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Las grabaciones solicitadas corresponden a los días que siguieron a la desaparición del niño de 5 años en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.
No obstante, se informó que no existen registros adecuados para identificar irregularidades, dado que las grabaciones de las cámaras en los puntos de control fronterizo se almacenan por un período limitado, lo que complica el avance de la investigación.
Benítez presentó una apelación contra el procesamiento
Hace una semana, se llevaron a cabo los procesamientos con prisión preventiva de los siete individuos arrestados en relación al caso de la desaparición de Loan. Tal como era previsible, uno de los imputados optó por presentar una apelación, y se sospecha que los otros detenidos seguirán su ejemplo.
Antonio Benítez, el tío político del menor, interpuso un recurso de apelación contra el procesamiento relacionado con la supuesta sustracción y ocultamiento del niño. El abogado de Benítez, Ricardo Osuna, afirmó que formalizó esta solicitud ante la jueza federal, y se cree que los demás letrados también realizaron una petición similar.
Los abogados de otros dos detenidos también apelaron
Dos de los siete acusados en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, quien tiene tan solo cinco años, decidieron apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes con el objetivo de cambiar la decisión de la juez federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo. Los defensores Jorge Montti y Marcelo Hanson argumentan que la juez hizo una “arbitraria valoración de los escasísimos y exiguos probables indicios en que se apoya en cuanto a la participación” que fundamentan la implicación de Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez, de 49 años, y Mónica del Carmen Millapi, de 36.
El fallo, que consta de 1.077 páginas, será sometido a un riguroso análisis por parte de los jueces Ramón González, Mirta Sotelo y Selva Spessot. Estos magistrados son conocidos por su crítica frecuente hacia el trabajo de Pozzer Penzo, llegando incluso a denunciarla ante el Consejo de la Magistratura.
En su declaración, Montti y Hanson argumentaron que la jueza de Goya “recurre a su unívoca voluntad interpretativa”, sin ofrecer aclaraciones sobre cómo sucedieron los eventos ni proporcionando justificaciones para su decisión. Además, señalaron que Pozzer Penzo basa su resolución “a la sola interpretación personal y subjetiva de constancias, sin cotejarlas o sopesarlas con las pruebas y evidencias que exculpan a Ramírez y Millapi”.
Los letrados argumentaron que en el procesamiento de la semana pasada se pasaron por alto “la consideración de pruebas positivas contundentes”. Entre estas, destacaron las grabaciones de las cámaras gesell realizadas a los menores que formaron parte de la excursión al naranjal el 13 de junio, así como las reconstrucciones de los hechos y las declaraciones. Estas evidencias testimoniales e indagatorias de todos los imputados no mencionan a Millapi y Ramírez ni les atribuyen ninguna acción. Según su opinión, esas pruebas que favorecen a los acusados son completamente opuestas a “los endebles indicios y la interpretación personal y subjetiva” de la jueza.
Al revisar varios apartados de la resolución de la jueza, los abogados defensores criticaron que Pozzer Penzo no explicó “cómo se consumó la supuesta maniobra delictiva” que se les atribuyó. “No describe ni precisa dicha maniobra ni quiénes pudieron haber intervenido en la misma. No la define en ningún aspecto como era su deber hacerlo para brindar a los imputados la posibilidad de ejercer su defensa en el sentido más amplio que contemplan las garantías constitucionales”, dijeron.
Los abogados de Ramírez y Millapi criticaron duramente el desempeño de los fiscales involucrados en el caso. Al abordar el testimonio proporcionado por la pareja, argumentaron que “debió ser el Ministerio Público Fiscal quien ante la supuesta 'coartada' de Ramírez debió investigar y exigir del Hospital Zonal de Goya los datos que refería el imputado. No lo hizo, pero sí vierten los fiscales de la causa su opinión infundada e imputatoria” al solicitar la detención preventiva.
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La semana anterior, Pozzer Penzo emitió una resolución que abarca más de 1.000 páginas, en la cual determinó que Bernardino Antonio Benítez (38), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (49), Mónica del Carmen Millapi (36), Laudelina Peña (46), María Victoria Caillava (53) y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (63) son coautores del delito de "sustracción de un menor de 10 años".
El comisario Walter Adrián Maciel, de 44 años, también fue sujeto de una orden de prisión preventiva y un procesamiento por su participación en la “sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primer delito y autor del segundo”.
En el mismo documento, se estableció que Millapi cumpliría su prisión domiciliaria, lo que se llevó a cabo este domingo a media mañana. La mujer originaria de Neuquén estaba alojada en el servicio penitenciario de la ciudad de Salta y fue derivada a un domicilio del barrio Villa Farrel. Este fin de semana, llegó desde Goya acompañada por una comitiva de seguridad para continuar las medidas judiciales en su contra en la capital neuquina.
