El juez federal Ariel Lijo ha desclasificado información de inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la AMIA, en respuesta a una solicitud de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa.
Lijo ha decidido “declarar de acceso público el informe” elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”.
Este documento, conocido como “Informe Toma”, fue elaborado durante la gestión de Miguel Ángel Toma al frente del área de inteligencia, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde.
El juez Lijo recordó que este documento “fue un elemento de prueba abordado en el primer juicio celebrado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3”. Lijo, uno de los candidatos del gobierno para la Corte Suprema, resolvió que “la publicidad del documento encuentra anclaje normativo en las decisiones administrativas de desclasificación. (…) El informe goza de carácter público”.
Además, el juez dispuso “intimar a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto PEN n° 213/20”, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Este artículo estableció la formación de una “mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos”.
Esta mesa debía estar integrada por la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, la Cancillería “y se invitará al efecto a representantes del Ministerio Público Fiscal, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos”.
La conservación de la documentación
Lijo también recogió la preocupación de las querellas por la conservación de elementos de prueba recolectados a lo largo de estos 30 años de “investigación”.
En ese sentido, ordenó “una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo, a los fines de analizar las preocupaciones expresadas respecto a la conservación de la documentación en función del riesgo edilicio y la adecuación del inmueble para dicho fin”.
“Al efecto se convocara a personal designado del Archivo Nacional de la Memoria”, añadió.
Finalmente, Lijo requirió a la AFI “que arbitre la forma en que el Área de Análisis de la UFI AMIA tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación a las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación que le fue transferida”.
