Según estimaciones, un tercio de la población de San Pedro, que asciende a alrededor de 70.000 personas, invirtió en esta plataforma, confiando en su promesa de generar rentabilidad a partir de la compra y venta de criptomonedas. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando se descubrieron aspectos sospechosos sobre el funcionamiento de RainbowEx, incluyendo la falta de registros en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la contratación de actores para aparentar ser directivos de la empresa.
El esquema fue impulsado principalmente a través de una aplicación móvil, que no estaba disponible en las tiendas oficiales como Google Play, lo que obligaba a los usuarios a descargar un archivo APK, un formato conocido por su vulnerabilidad a problemas de seguridad informática. A través de esta plataforma, se ofrecían criptomonedas no disponibles en otros mercados, lo que generó aún más incertidumbre sobre la legitimidad de las operaciones.
La figura de "La China", una supuesta experta en criptomonedas, también jugó un rol central. Esta mujer, que luego se descubrió que es una actriz indonesia, era quien indicaba a los inversores cuándo comprar y vender monedas digitales a través de la aplicación de mensajería Telegram. Esta mecánica fue fundamental para atraer a los inversores, quienes dependían de sus instrucciones para obtener los supuestos beneficios.
La Justicia avanza en la investigación
El caso tomó tal relevancia que tanto la Justicia federal como la provincial comenzaron investigaciones. La fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, y la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, fueron de las primeras en intervenir, con el objetivo de determinar si se trata de un delito de intermediación financiera ilegal o de una estafa masiva. Ambas fiscales coordinaron sus acciones para frenar lo que podría ser una estafa que afectaría gravemente a miles de personas.
“La Justicia ya está investigando el caso con el equipo especializado en ciberdelitos. Esto podría encuadrarse en el artículo 310 del Código Penal, que sanciona la intermediación financiera sin el registro correspondiente ante la CNV”, señalaron fuentes judiciales a La Nación.
Por su parte, el fiscal federal Matías Di Lello también inició un expediente de oficio el martes 8 de octubre. A pesar de que aún no se presentaron denuncias formales por parte de damnificados, las publicaciones virales y la creciente preocupación de los inversores de San Pedro motivaron el inicio de las investigaciones. Di Lello se encuentra analizando si RainbowEx y Knight Consortium están implicados en un delito de intermediación financiera no autorizada y posibles actividades de lavado de activos. Para ello, solicitó a la Comisión Nacional de Valores que confirmara si la plataforma tenía algún tipo de registro en el país.
La respuesta de la CNV no dejó lugar a dudas: “A la fecha del presente, RainbowEx, Rainbow Exchange y/o Knight Consortium no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, ni han presentado solicitud de inscripción”, detalla el informe citado por el portal de la Procuración.
Además de este informe, el fiscal Di Lello dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal, con el fin de profundizar en las investigaciones y determinar si se trata de un esquema Ponzi. Este tipo de estructuras suelen derrumbarse cuando no ingresan nuevos inversores para sostener las ganancias prometidas a los participantes previos, lo que genera una "corrida" que puede terminar con la desaparición del dinero invertido.
Sospechas sobre Knight Consortium
Una de las claves del caso es el grupo Knight Consortium, entidad detrás de RainbowEx, que se presenta como una fundación de accionistas que opera en mercados de valores internacionales. Sin embargo, las investigaciones preliminares revelaron que la firma no está registrada ni tiene respaldo legal en Argentina, lo que genera serias dudas sobre la legitimidad de sus operaciones.
El grupo organizó un evento en el lujoso Hotel Emperador, en la ciudad de Buenos Aires, en el que participaron directivos que luego se descubrió que eran actores contratados para la ocasión. Según revelaciones de la investigación, uno de estos actores, Maurycy Lyczko, de origen polaco, declaró haber sido contratado por 1.500 dólares para hacerse pasar por un ejecutivo de la compañía durante la cena con inversores. “Me pagaron para participar del evento y hacer de directivo. Fue una actuación, no tengo ninguna relación con la empresa”, aseguró Lyczko en declaraciones a la Justicia.
Este tipo de tácticas, sumadas a la falta de transparencia y el incumplimiento de normativas locales, llevaron a que crezcan las sospechas sobre Knight Consortium y sus intenciones reales en el mercado argentino. Además, RainbowEx anunció recientemente la suspensión de los retiros de dinero por un plazo de 14 días hábiles, lo que generó una mayor preocupación entre los inversores, quienes temen perder todo su dinero. Esta pausa en los pagos es una de las primeras señales de alerta en este tipo de esquemas, y puede ser el indicio de un colapso inminente.
Mientras tanto, la fiscal María del Valle Viviani intenta reconstruir el entramado detrás de este negocio. El abogado Adolfo Suárez Erdaire, quien inicialmente fue contratado por supuestos damnificados, prestó declaración el martes 8 de octubre, aunque no aportó pruebas concretas de sus clientes. “Conozco personas afectadas por el esquema, pero no son mis clientes”, declaró el letrado, evitando revelar la identidad de los damnificados.
Peak Capital en Casilda: otra plataforma bajo investigación por la posible estafa Ponzi
La ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, se convirtió en otro epicentro de preocupación financiera tras la suspensión de retiros por parte de la plataforma de inversiones Peak Capital. Esta plataforma, que recientemente captó la atención de pequeños ahorristas en la región, enfrenta crecientes sospechas de operar bajo un esquema Ponzi similar al caso de RainbowEx en San Pedro.
La crisis en Casilda se desató luego de que Yamil Santis, representante visible de Peak Capital en la ciudad, afirmara el martes 8 de octubre que los inversores "tienen total libertad para salir cuando lo dispongan". Sin embargo, pocas horas después de que las declaraciones de Santis se conocieran, la situación cambió drásticamente. Muchos de los inversores, al intentar retirar su dinero de la plataforma, se encontraron con la noticia de que los retiros habían sido suspendidos temporalmente, lo que generó una ola de incertidumbre.
En un mensaje enviado por Peak Capital a través de un grupo de WhatsApp destinado a los inversores, la compañía explicó que los retiros estarían suspendidos durante al menos 10 días. "Los retiros de ayer [martes] se devolverán a las cuentas de negociación de todos, y la función de retiro estará temporalmente desactivada durante los próximos 10 días", aseguraba el mensaje. La empresa justificó la suspensión de retiros alegando que estaba preparando una oferta pública inicial (IPO) y que era necesario realizar una auditoría financiera para cumplir con los requisitos de cotización en bolsa.
Este comunicado, en lugar de calmar a los inversores, intensificó las dudas sobre la legalidad y viabilidad de la plataforma. “Esto se debe a que la empresa MGS se está preparando para realizar una IPO, por lo que antes de la cotización es necesario llevar a cabo una auditoría financiera para asegurar que cumple con los requisitos de cotización, un paso que cualquier empresa debe pasar”, explicó la empresa en su mensaje, sugiriendo que esta información podía verificarse en línea.
Sospechas por eventos y regalos a los inversores
Las alarmas sobre una posible estafa al estilo Ponzi comenzaron a encenderse en Casilda luego de que Peak Capital organizara una reunión masiva para sus inversores hace dos semanas en el Círculo Deportivo de la ciudad. En dicho evento, se regalaron televisores y electrodomésticos a los asistentes, en una movida que resultó familiar para quienes siguen de cerca estos esquemas. Al igual que en el caso de San Pedro, donde miles de personas invirtieron en la plataforma RainbowEx, la mayoría de los inversores en Casilda son pequeños ahorristas que buscan ganancias rápidas y aparentemente seguras.
El patrón que se repite en ambos casos, tanto en San Pedro como en Casilda, es la atracción de inversores a través de promesas de rendimientos altos en poco tiempo, acompañadas de regalos y otros incentivos. Esto, sumado a la suspensión repentina de los retiros, llevó a las autoridades a comenzar investigaciones sobre la legalidad de las operaciones de Peak Capital.
Por el momento, la Justicia no recibió denuncias formales de los afectados, pero las autoridades están atentas al desarrollo de la situación, dado que los inversores están cada vez más preocupados por la posibilidad de perder sus ahorros.
