En Río Gallegos, la Corte de Justicia llevará a cabo este miércoles, el juicio contra un padre y su pareja acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra sus tres hijos. La acusación les imputa la tortura, el maltrato y la explotación emocional y física hacia los niños, dos varones y una niña entre 10, 12 y 13 años, que sufrieron terribles condiciones, incluyendo golpes, encierros y la obligación de consumir excrementos y vómitos.
En la sala de justicia, el juez Joaquín Cabral presidirá el juicio de David F. y Roxana V., de 33 años cada uno al momento de los hechos. La justicia ahora se inclinará para determinar el castigo adecuado para sus crímenes, que abarcan “lesiones graves calificadas por ensañamiento y alevosía, amenazas y reducción a la servidumbre”. Los términos de la sentencia pueden oscilar entre 8 y 20 años.
El incidente tuvo lugar en julio de 2021, en un departamento en el centro de la capital de Santa Cruz, durante el periodo de aislamiento por la pandemia de Covid-19. El caso salió a la luz cuando los dos niños, de 13 y 10 años, lograron escapar por la ventana del baño y se dirigieron corriendo a la comisaría.
Al llegar a la comisaría, relataron a la policía los abusos constantes que sufrían: mencionaron que eran torturados, obligados a comer excremento y vómito, golpeados con un tubo, y mantenidos encerrados todo el día. La ruptura de una tablet los había impulsado a huir, temiendo que eso desencadenara un castigo aún más severo.
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Los oficiales se quedaron sorprendidos al observar que el hermano menor tiene una oreja deformada. Al preguntar, el niño reveló que las lesiones son resultado de mordeduras de su madrastra. Ante esta situación, los policías decidieron actuar de inmediato: poco después, un vehículo policial llegó al departamento en el centro de Santa Cruz. También se presentó un representante de un organismo de protección infantil, quien asegura a la niña y pone a salvo a los tres hermanos.
Los horrores que sufrieron los niños quedaron al descubierto durante sus testimonios en la cámara Gesell. En diciembre de 2021, tras confirmar las torturas mediante los testimonios y los exámenes médicos, la jueza de instrucción Marcela Quintana dictó la orden de arresto para la pareja. Jorge Godoy, de la Defensoría Pública Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes N°2 de Santa Cruz, contó: “La mujer también amenazaba a la nena con atentar contra su integridad sexual con un palo, pero no pudo probarse la presencia de una situación de abuso”.
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“Gracias a que esa tablet se rompió y por el miedo a morir, ellos pudieron salvar sus vidas. En la época en que ocurrieron estos hechos estábamos en pandemia. Además de estar encerrados, estos chicos no iban a la escuela, que es uno de los detectores principales de la vulneración de los derechos de los niños”, expresó Godoy.
Antes de mudarse con su padre y su pareja, los tres hermanos habían abandonado la casa de su madre biológica "porque el padrastro los golpeaba", explicó Jorge Godoy y agregó que "la madre biológica estaba implicada en un caso relacionado con drogas. Los niños vivían en una situación de extrema vulnerabilidad".
Lo que sucedió después fue aún más aterrador. "Los golpeaban a puño cerrado en todo el cuerpo. Les pegaban con un cinturón, con un caño metálico. Los torturaban, les abrían la boca con los dedos y se la estiraban. A mordidas y tirones, la mujer le deformó la oreja al más chico y después le extraía la sangre acumulada con una jeringa", describió Godoy. "Los chicos llegaron al extremo de hacer un pacto suicida si algo le pasaba a alguno de ellos", agregó.
Incluso el hermano menor, aterrorizado por su madrastra, “empezó a hacerse caca encima y esta mujer lo hacía comerse su propia materia fecal”. En una ocasión, cuando la niña vomitó durante la comida, la detenida “la obligó a comer del plato con el vómito”.
Los hermanos eran confinados en una habitación casi todo el día. Allí, se les hacía limpiar y el mayor “era obligado a prepararle la comida a la mujer y llevársela a la habitación. Los trataba como si fuesen esclavos”, según el defensor, quien también menciona que “El padre también participaba de los maltratos”.
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Actualmente, los dos hermanos residen en Río Gallegos con su tía materna, quien no tenía conocimiento de los abusos que sufrían sus sobrinos ni siquiera durante el período de los ataques. Según otra fuente del caso, los chicos están bien adaptados; uno asiste a la escuela y juega al fútbol, mientras que el otro participa en competiciones de matemáticas. En cuanto a la niña, ella se trasladó al norte del país para vivir con otro familiar.
El hermano mayor, que actualmente tiene 16 años, prestará testimonio en el juicio. Según Godoy, “quiere hablar y contar lo que le pasó a él y a sus hermanos. Pidió expresamente que no estuvieran el padre ni la madrastra”. En cuanto al hermano menor, "por su edad, no puede declarar. Pero quiere expresar de alguna manera lo que él espera del juicio y probablemente haga un video”.
El defensor comentó que “habrá que demostrar cada uno de los delitos y de allí irán surgiendo las agravantes que pueden tener impacto en las condenas, aunque las pruebas son contundentes”. Agregó que, “por la cantidad de elementos probatorios y de testigos, es posible que el juicio se demore más de un día”.
“En el Código Penal no existe una figura que contemple el maltrato infantil agravado por el vínculo. Lamentablemente, para que haya delito tienen que matarlo al nene, como ya ocurrido en otros casos. Existen las lesiones graves o leves, pero no con el agravante del vínculo. No hay delito si una madre obliga a comer caca a su hijo. Con el daño psicológico generado a partir del maltrato pasa lo mismo”, subraya Godoy y concluye: “En la Argentina discutimos si bajar o no la edad de imputabilidad, pero no hablamos de estas cosas”.
