En las casi cuatro horas que duró la primera audiencia, se suscitaron algunos debates relacionados con los aspectos sobre los que declararían los testigos y sobre aspectos legales que rodearán esos testimonios. Sin embargo, con los aportes de todas las partes y de los defensores de las víctimas, y las consultas que fue haciendo la jueza de garantía del caso, Diovanet Olivera, se llegaron a zanjar las diferencias. Se acordó hacer algunas precisiones para acotar los interrogatorios.
Al comienzo de la audiencia, la fiscalía presentó un resumen de los hechos por lo que acusa a Sara Goldring como autora penal del delito de apropiación indebida y le pidió cuatro años de penitenciaría y se remitió a la acusación.
A su turno, la defensa conformada por los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Dominguez, insistió en que la conducta de Goldring “fue penalmente irrelevante” y dijo que es un caso “único en la historia de la criminalidad donde una persona pone de su propio peculio US$ 26 millones” para salvar una empresa, aunque no pudo lograrlo.
Luego, se le informó a la jueza que tanto la defensa como la fiscalía estaban de acuerdo en algunos aspectos por los que llegó a la liquidación de CVM, en cuánto a que no se informó debidamente a los clientes de la situación de la empresa, lo que implicó enormes pérdidas y que se extrajera dinero de la cuenta ómnibus a través de la cual CVM realizaba operaciones en Estados Unidos, que el dinero de determinados clientes fue utilizado para cubrir las pérdidas de otros y que al día de hoy las pérdidas superan los US$ 21 millones.
A continuación la fiscalía mencionó la lista de los testigos que propone para el juicio y allí se generaron dos grandes debates que hicieron que la audiencia se extendiera. Luego de casi cuatro horas, la jueza Olivera dispuso interrumpirla hasta el viernes, cuando se retomará el debate.
Dos debates: el rol de United Brokers y el secreto de información financiera
La fiscalía presentó su lista de testigos que empieza con funcionarios del Banco Central que actuaron en la intervención de CVM desde distintos roles, y que declararán sobre el proceso de liquidación de CVM y sobre distintos informes presentados a la fiscalía. Entre ellos figuran Gervasio Dalchiele y/o Marco Alonso de la IUAF, el gerente de la Asesoría Jurídica del BCU Daniel Artecona, el superintendente Juan Pedro Cantera, la gerenta general de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) Patricia Torrado, el expresidente de la BVM Angel Urraburu, el gerente de Lideco, Fernando Cabrera, quien declarará sobre proceso de liquidación de CVM y la interventora Ana María Chávez.
El primer extenso debate fue en torno a un planteo del defensor Marcelo Domínguez, quien planteó que resulta “impertinente” que se mencionara lo relacionado a la otra empresa de Goldring, United Brokers (UB), "ya que no tiene que ver con el objeto del juicio que nos convoca".
La fiscalía respondió que era importante para el contexto porque tenían un mismo directorio y compartían empleados.
El abogado Eduardo Sasson, representante de víctimas junto a Pablo Donnangelo, puntualizó que una de las maneras de hacerle creer a los cliente que tenían un dinero que no tenían con estados de cuenta apócrifos lo hacían a través de UB.
El fiscal adjunto Federico Rodríguez agregó que uno de los testigos, excliente de Goldring, que va a declarar, relatará que ella lo citó en las oficinas de UB e incluso el mail por el que lo convocó era el de esa firma.
Sin embargo, Domínguez insistió en que no iba dar el debate “por cerrado”. Dijo que se trata de dos empresas totalmente separadas. "Por algo la liquidación que hace Lideco es sobre CVM" y por algo en la acusación fiscal no se la nombra.
Finalmente acordaron que se suscribirán los interrogatorios de los testigos en temas en los que UB guarde relación con CVM.
El siguiente debate lo dio la jueza cuando se planteó entre los testigos de la fiscalía a once ex trabajadores de CVM, algunos de los cuales son a su vez damnificados.
La jueza señaló que entendía que se trataba de personas comprendidas en el secreto de reserva de la ley de intermediación financiera y no estaba dispuesta a relevarlas del secreto si no le explicaban sobre qué aspectos concretos declararían y no le fundamentaban en qué ley se amparaban para pedirlo. “Todo requiere sus estudio y disquisición dice la jueza. No soy pesada”, dijo.
La defensora de una de las víctimas Ana Irabedra, dijo que en algunos de los casos también son víctimas que pueden plantear ellas mismas que se amparan en el secreto si entienden que existe una causal de justificación.
“Vamos a limitarnos a lo que ella declararon en fiscalía”, fundamentó la fiscal de litigacion Valeria Bovio.
Sin embargo, la jueza insistió en su preocupación sobre que se ventilara información de otras personas que no tenían relación con la causa.
Sasson le aclaró a la jueza que la información que quería tutelar ya se encuentra agregada al proceso.
Finalmente el fiscal Rodríguez dijo que saneaban la cuestión preguntándole a las personas que digan si recibieron la orden y autorizaciones para el retiro de fondos de ciertos clientes y en su caso por parte de quien habían sido dadas las autorizaciones. Todos estuvieron de acuerdo.
El APR sigue en pie
Si bien existía alta expectativa entre los damnificados sobre si llegaba o no a las firmas necesarias para el Acuerdo Privado de Reorganización (APR) que aún está en consideración de los exclientes antes de esta audiencia, fuentes del caso dijeron que el acuerdo sigue en pie y no hay indicios de que vaya a ser retirado.
La misma Goldring había dicho a sus clientes que retirará la oferta de negociación si llegada esta instancia no superaba el 75% de quienes tienen créditos a su favor para cobrar. Su objetivo es, si logra el acuerdo con los damnificados, presentarlo a fiscalía para cerrar el proceso penal y evitar ser juzgada.
Técnicamente esa posibilidad sigue en pie hasta el día que comience el juicio, e incluso mientras se tramita el juicio, por lo que las fuentes dijeron que no retirará la oferta que consiste en devolverles el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que según el Banco Central del Uruguay (BCU) eran US$ 21.800.000 en total.
Uno de los damnificados que había dado su testimonio a El Observador, Alex Schwed dijo estar convencido de que Goldring no va a retirar la oferta del APR después de la audiencia de control de acusación porque "es su tabla de salvación”.
“Es la única manera que tiene para evitar un juicio, una condena penal, otro juicio en lo civil y una condena en lo civil. Significaría reclusión para ella, y estar obligada a pagar, no solo los US$ 21,8 millones embargados por la justicia uruguaya en EEUU, sino también otros montos adicionales derivados de los múltiples reclamos civiles sobre los que deberá responder”, dijo.
