Según dijeron a El Observador abogados al tanto de las negociaciones, actualmente el acuerdo cuenta con casi un 70% de adhesiones pero para que pueda ser aprobado por la justicia debería superar el 75%.
Para los damnificados lo que les ofrece Goldring es bastante menor a los números que se informaban al 31 de diciembre de 2021, ya que sostienen que fueron estafados en US$ 100 millones, por lo que hay un núcleo duro que se niega a firmar.
Schertz era uno de ellos pero cambió de opinión y firmó. En diálogo con El Observador asegura que no pretende “convencer a nadie porque cada persona que atraviesa esta situación, merece tomar su decisión con toda la información disponible”.
“Fui de los que decía que no había que firmar. Que había que esperar. Que la justicia terminaría dándonos la razón. Que el dinero en Estados Unidos estaba ahí, embargado, esperando ser recuperado”, reconoce. Sin embargo, varias razones lo llevaron a cambiar de opinión.
“Me cansé del sistema”
Schertz admite que “el caso Goldring” lo hizo entender que “el problema no es solo Sara. Es el sistema dentro del cual este caso se procesa”.
“La justicia uruguaya tiene una lógica propia que da la impresión de priorizar los derechos del acusado por encima de los de las víctimas. Los plazos son excesivamente largos. Los recursos procesales se multiplican. Y en este caso concreto, Sara Goldring contrató como defensores a Gonzalo Fernández y a Ricardo Olivera — dos de los abogados más influyentes del país”, afirma.
Agrega que la contratación de estos profesionales va más allá de la defensa técnica. “En casos de alta exposición pública, los estudios jurídicos de este nivel aportan algo que ningún código establece pero todos conocen: peso institucional, relaciones construidas durante décadas, y la capacidad de usar cada herramienta procesal disponible con una precisión que alarga los tiempos indefinidamente. La Fiscalía lo sabe. Los damnificados lo sentimos. Y el resultado está a la vista: llevamos casi tres años desde la formalización sin llegar al juicio oral”.
Audiencia Sara Goldring
Los fiscales adjuntos Federico Rodríguez y Andrea Graña adelante y atrás abogados y víctimas de Sara Goldring
Dante Fernandez / FocoUy
A su modo de ver, el sistema es “como una burla”. “Mientras nosotros perdimos una buena parte del dinero de nuestra vida, la acusada transita el proceso con herramientas que un ciudadano común simplemente no tendría”, dice en relación a que los estudios jurídicos en penal y en civil han ido presentando recursos “que han alargado los procesos durante años”.
También entiende que en este caso existió una responsabilidad por omisión del Banco Central del Uruguay (BCU) “que no controló lo que debía controlar — y cuya pasividad permitió que este esquema funcionara durante años”.
“Tenemos un poder político que observa el aumento de las estafas financieras y permanece pasivo, sin aportar soluciones legislativas ni regulatorias. Y una Lideco que, para muchos damnificados, ha transmitido la sensación de estar más interesado en cerrar el proceso que en maximizar el recupero”, dice en relación a la Liga de Defensa Comercial que actuó como interventor de CVM por parte del BCU.
“La ilusión americana”
Schertz lamenta que durante meses, la esperanza de muchos damnificados estuvo puesta en una vía paralela: litigar contra el banco Jefferies en Estados Unidos, “donde Sara Goldring y su familia tenían cuentas con fondos significativos, además de suponer que el banco colaboró en maniobras ilegales”. Esa estrategia fue impulsada por la abogada Patricia Regules, una uruguaya que vive en Brasil y representa a varios clientes a los que les propuso esa vía alternativa para recuperar lo invertido.
El damnificado señala que Regules “llegó a prometer retornos extraordinarios — en algún momento mencionó cifras de veinte o treinta veces que figuraban en los estados de cuentas-. Esas promesas generaron expectativas muy altas en un grupo importante de damnificados que decidió no firmar el APR y apostar por esa vía”.
“Hoy, dos años y medio después, no hay demanda iniciada en Estados Unidos. No hay financiamiento confirmado”, cuestiona. Agrega que un inversor que se especializa en derecho y litigios internacionales realizó un due diligence completo y decidió no ir por ese camino. “Cuando Regules presentó los números finales, el escenario ideal en mi caso mostraba un retorno de aproximadamente un 1,25% adicional sobre el capital, en el mejor de los casos”, dice.
Schertz concluye: “La promesa de la vía americana me decepcionó. No tengo fe en que pueda prosperar en las condiciones actuales. Y sin inversor que la financie, la estrategia no tiene motor”.
Además, surgió otra prueba que le había generado expectativas pero el tiempo les juega en contra. El abogado que lo representa en la causa penal, Pablo Donnángelo, junto a Eduardo Sasson, “presentó una denuncia basada en un hallazgo significativo: mientras Goldring le comunicaba a sus clientes que tenían saldo en efectivo, en paralelo estaba realizando operaciones bursátiles con ese dinero”.
“Cuando me enteré, pensé: esto es irrefutable. Por fin. La justicia va a tener que darnos la razón. Consulté con otro abogado que me dijo que aunque la prueba sea sólida y termine siendo decisiva, el proceso puede demorar cinco años más”, lamenta.
El tiempo, la espera y el resultado incierto fueron los factores que lo llevaron a inclinar la balanza, dice.
“Para quienes creen que la condena está cerca, conviene hacer las cuentas con honestidad: resta el control de acusación, el juicio oral, la sentencia, las apelaciones — inevitables en un caso de esta complejidad — y finalmente un proceso civil adicional para hacer efectivo el cobro. Todo eso junto no se mide en meses. Se mide en años. Entre cinco y ocho, siendo realistas”, admite.
Además, afirma que los abogados de Goldring “llegan con plena confianza en ganar. Ya tienen numerosos atenuantes preparados para el peor de los escenarios. La contraparte no llega en posición débil”.
En el frente internacional, “si la vía contra Jefferies llegara a iniciarse hoy — lo cual no está ocurriendo — los plazos realistas son de cuatro a ocho años. Cuatro a ocho años no es una abstracción. Es tiempo de vida. Es incertidumbre acumulada. Y al final de ese camino, nadie puede garantizarnos qué vamos a encontrar”, señala.
“Un dato jurídico que pocos conocen”
Otro elemento que pesó en su balanza fue lo que considera “un dato jurídico que pocos conocen”: el embargo sobre las cuentas de Sara Goldring en Jefferies existe como medida cautelar del proceso penal en Uruguay. “No es una medida civil independiente. Si Goldring falleciera antes de que concluya el proceso penal, la acción penal se extingue automáticamente. Y con ella, ese embargo”.
“Para reemplazar ese embargo con uno civil en Estados Unidos sería necesario actuar en forma inmediata, presentar una contracautela ante la jurisdicción americana, y tener los recursos y la organización para hacerlo antes de que los herederos — u otras personas con poder sobre esas cuentas — muevan ese dinero. En la práctica, esa ventana puede ser de horas o días”, advierte.
Schertz entiende que “no es una variable menor” dado que Goldring es una mujer de edad avanzada, con problemas de salud documentados en el propio expediente judicial.
Pero sobre cualquier argumento jurídico, lo que cambió su perspectiva son los casos concretos. “Me conmueven los casos de quienes perdieron casi todo — gente a la que le bajaron el capital al 10% o menos y se niega a firmar. Pero hay casos igual de horribles del otro lado: personas que firmaron no por convicción sino por necesidad urgente. Personas enfermas que necesitaban ese dinero para tratamientos, familias que pasaron a depender de otros para cubrir necesidades básicas, personas que no tienen la opción de esperar cinco años más”, afirma.
“Y hay casos que duelen más todavía: damnificados que murieron durante estos años sin haber cobrado un peso. Gente que, con ese dinero, podría haber pagado un tratamiento en el exterior”, agrega.
En su opinión, los damnificados que aún no firmaron “están impidiendo — sin proponérselo — que los dos tercios restantes puedan cobrar. No digo esto para acusar a nadie. Las razones para no firmar pueden ser legítimas. Pero esa decisión individual tiene consecuencias colectivas que no siempre se visualizan”.
El APR y “los números reales”
Schertz evalúa también que si bien el APR garantiza el cobro del 60% de los créditos verificados al valor de diciembre de 2022, “considerando los valores ya devueltos durante el proceso de liquidación, la restitución total alcanza aproximadamente el 75% del dinero original”, según ha expresado Lideco.
Si bien aclara que cuando Goldring pasó de conceder el pago del 50% al 60% en el APR, muchos pensaron que era una concesión y la realidad es que los valores custodiados habían subido en el mercado por lo que no le representó ningún esfuerzo adicional, dado que el tiempo apremia por la fecha del 13 de mayo, no esperó para firmar.
“Durante estos cuatro años, tener esta causa permanentemente en la cabeza me molestaba. Era una niebla que ocupaba el intelecto sin permiso. Cuando firmé, esa niebla se disipó. Nunca estuve preso, pero sentí una sensación de libertad y tranquilidad que no se consigue con ningún dinero”, reflexiona.
Agrega que “el costo de seguir esperando no es solo financiero. También es personal, emocional, y de tiempo de vida. Considero que me vale mucho más tener algo pronto y certero, que algo que podría llegar a demorar muchos años con un resultado incierto”.
Schertz afirma que “la bronca es legítima — y seguirá siéndolo independientemente de lo que cada uno decida” pero entiende que hay una pregunta que cada uno debería hacerse “con honestidad: ¿se puede esperar entre cinco y ocho años, con incertidumbre real sobre el resultado, sin saber si al final va a cobrar, y sin saber qué circunstancias de la vida van a cambiar en ese tiempo?”
“Quizás la discusión no deba centrarse únicamente en cuánto podría recuperarse algún día. También debería considerar cuánto cuesta esperar. Porque a veces el exceso de espera puede convertir una eventual victoria jurídica en una derrota humana, emocional y financiera”, finaliza.
