La jueza Lucila Córdoba, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N°8, dio marcha atrás y revirtió la prohibición de difusión información que involucrara al periodista Jorge Lanata y su esposa Elba Marcovecchio que ella misma había dictado el pasado jueves y que generó un amplio repudio por parte de asociaciones y entidades periodisticas.
Córdoba levantó la prohibición que había dictado el viernes, que alcanzaba a “cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB)” argumentándo que tanto el periodista como su familia “no tienen inconveniente que se hable y esa es la voluntad de él”, según difundió este domingo en un comunicado que lleva la firma de la magistrada y que asegura que habló con el periodista y le consultó por su voluntad “en cuanto a que se brinde información respecto de sus circunstancias de salud y familiar”. “Uno siempre puede salir a responder”, fue la respuesta que le dio Lanata, según el escrito.
La prohibición dispuesta por Córdoba la semana pasada se dio en el marco de una causa que promovida por las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, contra su esposa actual, Elba Marcovecchio, a quien acusan de presuntamente sustraer una gran cantidad de bienes valiosos de Lanata mientras este se encuentra internado en terapia intensiva.
En la demanda presentada, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia N°8, las hijas del conductor detallaron que Marcovecchio habría aprovechado el delicado estado de salud de su esposo para retirar objetos de gran valor del domicilio sin su conocimiento ni consentimiento.
Según la denuncia, Marcovecchio realizó múltiples visitas al departamento de Lanata en la calle Esmeralda, el mismo edificio en que ella también reside, donde habría sustraído tanto “dinero en efectivo” como “objetos de gran valor económico y emocional”. Las hijas de Lanata acusan a la mujer de su padre de actuar “aprovechando la vulnerabilidad” del periodista, quien, debido a su estado de salud, no podía intervenir ni estar al tanto de dichas acciones. Entre los detallados en la demanda como sustraídos se encuentran relojes de alta gama, obras de arte y sus respectivos certificados de autenticidad, joyas y otros documentos importantes.
“Marcovecchio se presentó en varias ocasiones en el domicilio del periodista acompañada de personas ajenas al entorno familiar, y que durante esas visitas retiró estos bienes sin autorización”, sostiene la denuncia.
La prohibición dispuesta por la jueza Córdoba había sido duramente criticada por organizaciones como la Academia Nacional de Periodismo, que en un comunicado oficial consideró que implicaba una violación a la Constitución, el derecho internacional y una restricción al acceso a la información pública. “La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa“, sostuvo la entidad.
Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también repudiaron “enérgicamente” el falo por considerar que es “incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”.
