El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, exhortó este miércoles a las empresas locales a excluir a la tecnológica china Huawei de sus proyectos de inversión. Lo hizo durante su participación en el AmCham Energy Forum, un encuentro empresarial realizado en Buenos Aires, donde vinculó a la compañía con el Partido Comunista Chino y advirtió sobre los riesgos de seguridad que implica su tecnología para sectores estratégicos como la energía y la minería.
"China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología", planteó Lamelas ante los empresarios presentes. Y agregó, en referencia directa a la principal cuenca de hidrocarburos no convencionales del país: "Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta".
Las declaraciones del embajador no surgieron de la nada. Semanas atrás, la embajada estadounidense ya había presionado de manera informal a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), la distribuidora eléctrica más importante de la Patagonia, por un contrato firmado con Huawei para desplegar una red de fibra óptica a través de su unidad Calfibra. El episodio, que trascendió a mediados de julio, se convirtió en el primer caso concreto de esta disputa en suelo argentino y derivó en una respuesta oficial de la embajada china, algo poco habitual en la diplomacia bilateral.
El conflicto en Neuquén
Según reconstruyeron distintos medios locales, un funcionario de asuntos económicos de la embajada estadounidense comenzó a enviar mensajes de WhatsApp a un gerente de Calfibra el 12 de julio, en los que consultaba sobre la posibilidad de cancelar el proyecto con Huawei e indagaba si la cooperativa había "traspasado los límites". Ante la insistencia, las autoridades de CALF optaron por una respuesta institucional: el 29 de julio enviaron una nota formal al embajador Lamelas, con copia a la Cancillería argentina, en la que pidieron precisiones sobre si esas comunicaciones representaban una posición oficial de Washington.
La cooperativa, que presta servicio eléctrico en la capital neuquina desde 1933 y que a través de Calfibra ya conecta a unos 9.000 clientes con un ritmo de crecimiento de 1.200 altas mensuales, salió después a rechazar en un comunicado que su red pudiera caracterizarse como una "red china". Explicó que combina equipamiento de distintos proveedores internacionales, entre ellos las firmas estadounidenses HPE y APC, y precisó que fue el propio Lamelas quien "encuadró este asunto como una cuestión de seguridad" en sus comunicaciones con la entidad.
Un gerente de la cooperativa admitió públicamente la incomodidad que le generaron los planteos de la embajada, aunque confirmó la continuidad del acuerdo con Huawei por ofrecer mejores condiciones de financiamiento y precio que las alternativas evaluadas. El caso llegó incluso a la Legislatura provincial, donde una diputada del Movimiento Popular Neuquino presentó una declaración de repudio a lo que calificó como una presión indebida sobre una empresa argentina.
Desde la embajada estadounidense no negaron el intercambio y plantearon que la posibilidad de otorgar o revocar visas a directivos vinculados con compañías chinas consideradas un riesgo para su seguridad nacional es una herramienta que aplican en distintos países, y que no descartan utilizar con otros ejecutivos del sector energético argentino. La embajada china en Buenos Aires respondió con un comunicado en el que acusó a Washington de actuar con arrogancia y prejuicio, calificó la presión sobre CALF como una violación a la soberanía argentina y a los principios del libre mercado, y pidió a Estados Unidos que abandone lo que definió como prácticas hegemónicas.
Una compañía bajo sospecha
La desconfianza que rodea a Huawei no nació con el episodio patagónico. Desde hace más de una década, la compañía arrastra una serie de acusaciones que alimentan las sospechas de buena parte de los gobiernos occidentales sobre sus vínculos con el aparato de inteligencia chino. El caso más resonante ocurrió en diciembre de 2018, cuando Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa e hija de su fundador, fue detenida en Canadá a pedido de Estados Unidos. Meses después, el Departamento de Justicia estadounidense presentó 13 cargos criminales contra la compañía y contra Meng, entre ellos fraude bancario, violación de las sanciones a Irán, obstrucción de la justicia y robo de secretos comerciales de telecomunicaciones. En 2019, Washington incorporó a Huawei a su lista negra comercial, la Entity List, lo que forzó a empresas como Google a restringir sus vínculos con la firma china.
A eso se sumó, años más tarde, una denuncia menos conocida pero igual de sensible para este debate: distintos medios reportaron que tras la construcción, a cargo de Huawei, de la sede de la Unión Africana en Etiopía, se detectó una transferencia sistemática de datos hacia servidores ubicados en Shanghái durante un período prolongado. Tanto la empresa como el gobierno chino negaron cualquier responsabilidad, pero el hecho quedó instalado como referencia obligada en cada nuevo conflicto sobre infraestructura crítica vinculada a la compañía, incluido uno que involucra hoy a España por un contrato de almacenamiento de datos de escuchas legales.
Huawei por su parte niega en forma sistemática cualquier vínculo de espionaje con el Estado chino y algunos gobiernos europeos, como Francia y el Reino Unido, evitaron en su momento sumarse a una prohibición total de sus equipos por considerar que no existe evidencia pública contundente. Ese contrapunto —entre sospechas basadas en casos concretos y ausencia de pruebas irrefutables— atraviesa buena parte de la disputa que hoy también involucra a la Argentina.
Una disputa de escala global
El episodio de Neuquén, menor en escala frente a otros capítulos de esta puja, funciona como caso testigo de una competencia que se libra en simultáneo en decenas de países: el control de las redes de telecomunicaciones, la infraestructura energética digitalizada y el almacenamiento de datos considerados estratégicos. Estados Unidos impulsa desde hace años una estrategia para desplazar a Huawei y a otras tecnológicas chinas de las redes 5G y de la infraestructura crítica de sus aliados, con el argumento de que esos sistemas podrían convertirse en canales de acceso para el Estado chino. China rechaza ese planteo y lo describe como una estrategia de contención destinada a frenar su desarrollo industrial en sectores de alto valor agregado, como los semiconductores y la inteligencia artificial.
Vaca Muerta se volvió relevante en ese tablero por una razón concreta: la formación neuquina ya representa alrededor del 67% del petróleo y el 58% del gas que produce la Argentina, y explica buena parte del superávit comercial energético del país, que en el primer semestre de 2026 rondó los 5.076 millones de dólares, según el Indec. A esa escala productiva se suma que buena parte de su infraestructura digital todavía está en construcción. Redes de fibra óptica, sistemas de control remoto de pozos y plataformas de gestión energética pueden orientarse hacia uno u otro ecosistema tecnológico según qué proveedores terminen eligiendo las empresas de la región. Lamelas confirmó, en ese mismo foro, que su país evalúa participar del financiamiento de AMBA I, una obra de transmisión eléctrica valuada en 800 millones de dólares cuyo pliego licitatorio ya restringe la participación de empresas controladas por gobiernos extranjeros, una condición que puede leerse como parte de la misma estrategia.
