En una audiencia marcada por la tensión, el padre Julio César Grassi, de 68 años, quien cumple una condena de 15 años por dos delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados, solicitó esta mañana al Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón que le conceda la libertad condicional. Durante su intervención, el sacerdote aseguró que cuenta con “contención familiar y económica” y destacó los estudios que realizó mientras estuvo encarcelado, afirmando estar preparado para su reinserción en la sociedad.
“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, declaró Grassi ante los jueces. Reiteró que tiene “un sentimiento genuino de ser inocente” y que cumplió con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional.
Desde la cárcel de Campana, donde está detenido, Grassi participó de la audiencia a través de Zoom, siendo escuchado por el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa en representación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), quien se opone rotundamente a su liberación.
Asimismo, Sergio Piri, representante del particular damnificado conocido como Gabriel, también manifestó su rechazo a la petición. Es importante destacar que Grassi se estuvo defendiendo a sí mismo, ya que obtuvo el título de abogado mientras cumplía su condena. El tribunal que revisa su caso está compuesto por la jueza Mariana Maldonado y los jueces Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, con el fiscal Mario Ravizzini a cargo de la fiscalía de ejecución.
El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón comenzó a analizar la solicitud de Grassi a las 11 de la mañana, a solo cuatro años de que termine de cumplir su sentencia. Para sustentar su pedido de libertad anticipada, Grassi hizo referencia a casos internacionales en los que personas fueron encarceladas por “errores judiciales”, y añadió que el informe psicológico presentado no indica que él justifique los delitos de los que fue acusado. “Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores”, subrayó Grassi, remarcando que rechaza rotundamente los delitos que se le imputan.
Entre los requisitos para acceder a la libertad condicional, se incluye la presentación de un informe que acredite la capacidad del preso para reinsertarse laboralmente en la sociedad. Grassi afirmó que, en caso de ser liberado, se dedicaría a actividades pastorales enfocadas en personas detenidas. Además, indicó que ya tiene un domicilio en una quinta de José C. Paz, propiedad de un militar cercano a su hermano, lo que demostraría su arraigo.
El sacerdote también expresó su intención de llevar adelante un “proyecto de vida distinto” en su eventual libertad. Explicó que completó diversos estudios, incluyendo abogacía, una diplomatura, pastoral carcelaria y notariado, con el objetivo de ayudar a personas en situación de pobreza. “Sé que las cosas no pueden seguir como antes y, siendo inocente, tendré que buscar otras actividades dentro de la pastoral”, afirmó, mencionando que desea contribuir en el ámbito del derecho penal, si la iglesia lo permite.
A pesar de sus argumentos, el fiscal a cargo se opuso a la solicitud de Grassi, destacando que el condenado “no reconoce sus acciones transgresoras” y continúa proclamando su inocencia. Además, hizo hincapié en la “gravedad de la condena” y la “reiteración delictiva” de Grassi, quien enfrentó otros procesos penales. Por su parte, Sergio Piri, representante de la víctima, describió a Grassi como una persona “omnipotente” que “no recapacitó en absoluto durante el encierro”, y concluyó que “Grassi no cambió en nada”, por lo que no está en condiciones de reinsertarse en la sociedad.
La vida y obra del padre Grassi: de la televisión a la cárcel
El sacerdote Julio César Grassi, quien se hizo conocido en los años '90 por sus apariciones en programas de televisión, fue una figura prominente en la esfera pública gracias a su labor al frente de la fundación “Felices los Niños”. Personalidades como Susana Giménez lo apoyaron, aunque con dudas sobre el uso de los fondos destinados a la fundación. “Felices los Niños”, fundada en 1993 en William Morris, Hurlingham, llegó a tener 52 sedes y asistió a más de 6.000 niños en todo el país, recibiendo un terreno de 67 hectáreas y una donación de 5 millones de dólares del gobierno de Carlos Menem.
La situación cambió drásticamente en 2002 cuando el programa "Telenoche Investiga" reveló denuncias de abuso sexual contra Grassi. La investigación, que comenzó en el año 2000, se intensificó cuando “Gabriel” relató cómo fue abusado por Grassi a los 13 años en la sede de la fundación. Este escándalo desencadenó un proceso judicial que culminó en 2009 con la condena del sacerdote por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores. Sin embargo, Grassi logró retrasar su encarcelamiento hasta 2013, cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la sentencia y ordenó su detención.
Durante su tiempo en prisión, Grassi no solo cumplió su condena sino que también aprovechó para estudiar Derecho y convertirse en abogado, autodefendiéndose en audiencias posteriores. En 2014, volvió a ser noticia al descubrirse que desviaba donaciones destinadas a la fundación hacia el penal de Campana, donde está detenido. Además, en 2016, fue condenado por “peculado” tras haberse comprobado que utilizó fondos de la fundación para pagar el alquiler de una casa quinta.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la condena, la Iglesia Católica nunca tomó una decisión definitiva sobre su expulsión del clero. Mientras sigue cumpliendo su pena, que se extenderá hasta 2028, Grassi manifiesta su intención de continuar con su labor pastoral y como abogado desde la cárcel, defendiendo a los pobres y celebrando misas, en una postura que causó controversia y críticas dentro y fuera de la institución eclesiástica.
