El caso, que tuvo una gran repercusión mediática en 2009, involucró a la Justicia de Mendoza allanando dos viviendas que funcionaban como clínicas de abortos clandestinos y venta de bebés. Los investigadores lograron desmantelar una banda compuesta por dos obstetras, enfermeras, familiares y vecinos cómplices.
La causa se prolongó durante 15 años, y recién esta semana se emitieron condenas. No hubo juicio oral, ya que se resolvió mediante un juicio abreviado, un acuerdo en el que cuatro de los principales imputados reconocieron su culpabilidad. Como resultado, lograron una reducción de la calificación de la pena y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso, evitando así la cárcel.
La denuncia que destapó la red y desencadenó la investigación judicial data de febrero de 2009, cuando una llamada anónima alertó a la Policía sobre una clínica clandestina en un chalé de Guaymallén, en el Gran Mendoza. La banda incluía a dos ginecólogos: Silvia Irene Lorenzo (69) y Ernesto Aveiro Porcel, quien falleció el año pasado a los 86 años.
En su perfil de Facebook, Lorenzo tiene como una de sus citas favoritas: "Cuando me muera, tírenme a las fieras. Total, ya estoy acostumbrada". En dicho perfil, también se presenta como "viuda", cuenta que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y afirma: "Defiendo los derechos de las mujeres".
La red incluía cuidadores de los recién nacidos y entregadores a cambio de dinero. Uno de ellos era Diego Horacio Funes (45), hijo de la ginecóloga Lorenzo, y otra persona involucrada era Roxana Ascanio (53), una vecina. Usaban dos viviendas en San José, Guaymallén, en el límite con la capital mendocina.
Durante los allanamientos, la Policía encontró a una bebé de apenas 20 días en un moisés, sola y llorando por hambre. En otra clínica, detuvieron a dos mujeres, una de ellas enfermera. Los investigadores hallaron una sala de espera con sillones y revistas viejas, y una habitación con una camilla para partos, material quirúrgico y desechos de placenta y gasas con sangre. Además, encontraron dos bebés indocumentados que presumiblemente iban a ser vendidos.
La operatoria de la banda que vendía bebés
La investigación reveló que las embarazadas eran reclutadas en Mendoza y provincias vecinas. Durante seis meses, la Policía de Mendoza y la Policía Federal siguieron varias pistas a partir de denuncias de mujeres que habrían abortado o entregado a sus bebés en estos sitios ilegales. La confirmación llegó cuando encontraron a la bebé sola en una de las clínicas y, en otra vivienda, hallaron a un varón de unos tres meses escondido debajo de la cama.
Según los investigadores, a las mujeres que temían abortar se les recomendaba continuar el embarazo, y recibían dinero para cubrir los gastos de gestación. Al nacer el bebé, las enfermeras y los médicos se quedaban con él. Funes, hijo de la obstetra, vivía en la planta alta de una de las clínicas y cuidaba a los recién nacidos hasta su entrega a las familias compradoras.
La médica y su secretaria, Hilda Griselda Morán, buscaban a las parejas que comprarían a los niños, con un valor mencionado en 2009 de 20 mil pesos por bebé. Según la causa, el precio variaba según el color de piel y ojos de los niños, y se realizaban actas de nacimiento falsas para tramitar el DNI de los bebés.
La fiscalía imputó a los acusados por asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años. Los cuatro acusados obtuvieron libertad condicional durante el proceso penal, logrando finalmente que se les retirara la calificación de asociación ilícita. El pasado lunes fueron condenados a una pena de 3 años de prisión en suspenso, lo que les permite seguir en libertad.
