El panorama político de los últimos días deja una frase contundente: "Habemus Papam, no habemus Ficha Limpia". La política argentina sigue cargada de tensiones y sorpresas, pero esta vez el tema central no es una nueva elección o un cambio de figura pública, sino una ley que ha despertado un debate profundo y, en algunos sectores, muy erróneo.
Es cierto, la desaparición de la Ficha Limpia generó opiniones encontradas. Se escuchó en varios medios defender que esta medida no servía para nada. Se llegó a decir que el proyecto de ley había sido una especie de cortina de humo, diseñado sólo para aparentar que aquellos preocupados por la corrupción trataban de tomar cartas en el asunto, como si de alguna forma esto fuera un intento inútil de "mostrar compromiso". Y, en este punto, es imposible estar de acuerdo con esa postura.
No se puede subestimar un principio que buscaba algo tan simple como elemental: que quienes se postulen para representar al pueblo no hayan sido condenados por delitos relacionados con la administración pública. Lo que la Ficha Limpia planteaba era un filtro, una manera de asegurar que aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos tengan un mínimo de responsabilidad y transparencia. Y no se habla de denuncias por denuncias, sino de un trámite judicial respaldado por el debido proceso: un juicio, una condena, y una confirmación de esa condena por una cámara de casación. ¿Por qué descalificar algo así?
Argumentos equivocados y peligrosos
En el contexto de la discusión sobre la caída de la Ficha Limpia, se han escuchado argumentos que no solo son equivocados, sino peligrosos. Algunos sostienen que esta ley estaba dirigida exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner, apuntando a su persona como la principal afectada por esta legislación. Y la pregunta es: ¿realmente es eso lo que está en juego aquí? No, lo que está en juego es la posibilidad de tener un sistema electoral en el que el pueblo pueda elegir entre opciones que, por lo menos, no tengan el peso de condenas firmes sobre sus espaldas.
La Ficha Limpia no era una medida en contra de un partido o una figura en particular. La ley planteaba un criterio de exclusión para quienes, por su conducta, no merecían representar al pueblo, independientemente de su ideología o simpatía política. Y, en este punto, se ha caído en un error muy común: hablar de "persecución" cuando en realidad se trataba de garantizar que los ciudadanos elijan, con plena conciencia, a quienes realmente pueden confiarles el destino del país.
Ahora, algunos podrían objetar que, si uno fue procesado y condenado, ¿no debería ser el electorado el que decida si esa persona tiene la posibilidad de volver a la arena política? La respuesta es un rotundo no. Y no se dice desde el punto de vista de una "exclusión" sin justificación, sino desde la perspectiva de los millones de ciudadanos que merecen saber si los políticos que eligen tienen un historial limpio. Si alguien fue procesado, condenado, y esa condena fue confirmada por una instancia superior, ¿por qué dejarlo en la oferta electoral? ¿Acaso no es una cuestión básica de responsabilidad?
Más allá de Cristina
Aquí no se está hablando de una ley hecha a medida de un solo individuo, sino de una propuesta que, al menos en su planteo inicial, buscaba que se filtraran aquellos que no han cumplido con las mínimas exigencias de honestidad. Claro, puede que haya quienes digan que se debe incorporar más tipos de delitos a la lista, y eso tiene sentido. Pero la Ficha Limpia era un filtro, un "sacame los productos vencidos" de la góndola política.
Lo que realmente molesta es que se esté dispuesto a dejar pasar esta oportunidad de filtrar a aquellos que, por sus acciones, han demostrado que no pueden ser parte de un sistema de administración pública. No se está hablando de ideologías o afiliaciones, sino de principios éticos básicos. El pueblo merece saber que quien está al frente de un cargo público no solo tiene la capacidad de gestionar, sino que también tiene el compromiso de hacerlo de manera honesta.
En resumen, la Ficha Limpia no es el fin de la política ni el comienzo de un régimen de exclusión. Es, o debería haber sido, una garantía mínima de transparencia. Y lamentablemente, en medio de las internas políticas, muchos no se han dado cuenta de lo que realmente se jugaba con esta iniciativa. Si alguien comete un delito contra el bien público, el pueblo tiene el derecho de elegir a personas con un historial limpio para representar su voluntad. Y eso es lo que verdaderamente se debe proteger.
Y mientras todo esto ocurre en la política, tenemos a un nuevo Papa. León XIV acaba de comenzar su pontificado, enfrentándose a los desafíos internos del Vaticano, los cambios que trae consigo, y, como no, el peso de las expectativas. Pero a diferencia de la política argentina, donde parece que todo gira en torno a roscas internas y estrategias de poder, la Iglesia, con su nueva cabeza, tiene la responsabilidad de representar un mensaje claro y trascendente. Aquí, lamentablemente, no se puede decir lo mismo de muchos de nuestros líderes políticos. Que Dios nos ayude.
