Lo que sucederá mañana con la marcha universitaria en defensa del financiamiento de las universidades es un fenómeno digno de atención. Es importante separar el debate en dos aspectos: por un lado, tenemos el tema presupuestario puro, y por otro, un asunto más profundo que tiene que ver con la rendición de cuentas. No puede haber uno sin el otro. Mientras se respeten las autonomías universitarias, es fundamental que las universidades expliquen en qué se gastan los recursos que el Estado les transfiere. La sociedad exige transparencia, y eso debe reflejarse también en las universidades.
El gobierno está decidido a controlar cada peso que se invierte en la educación pública, y ese control responde al mandato social. Hoy, las universidades deben rendir cuentas claras. Y aquí es donde surge el problema de fondo: la falta de transparencia. Lamentablemente, las universidades se han acostumbrado a un statu quo administrativo que no está acorde a los tiempos actuales.
Tomemos como ejemplo lo que se conoce sobre la Universidad de Buenos Aires: el presupuesto que maneja, la cantidad de estudiantes y la tasa de egreso no son menores. ¿Cuántos estudiantes realmente se reciben cada año? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad cada uno de ellos? Estos son los números que hoy están en discusión y sobre los que no hay claridad. Esto es, precisamente, lo que me resulta preocupante cuando escucho las defensas de la universidad pública. Yo también soy un defensor de la educación superior gratuita, pero hay algo que atrasa: la opacidad. No se sabe cuántos alumnos hay en realidad, cuántos rinden exámenes o si simplemente se inscriben y desaparecen del sistema.
¿Dónde están los estudiantes fantasmas?
Ayer conversaba con Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y me comentaba un dato alarmante: de los 1.700.000 estudiantes inscriptos en universidades públicas, hay 600.000 que no tienen ningún registro de haber aprobado materias o haber avanzado en sus estudios. Estos son estudiantes fantasma, gente que no sabemos qué hace dentro del sistema universitario, si es que realmente hace algo.
Por otro lado, la Ley de Educación Superior establece que las universidades tienen la autonomía para generar ingresos propios mediante el cobro de aranceles para determinadas actividades. Esto, de concretarse, sería un avance importante. No obstante, antes de discutir si es necesario o no cobrar algún tipo de arancel, deberíamos resolver el problema básico de la falta de transparencia. ¿Cómo se puede justificar la gratuidad de la universidad si no se sabe qué pasa con una gran cantidad de estudiantes que están en el limbo?
La universidad pública debe ser gratuita, pero también debe rendir cuentas. Esto no significa poner en duda el acceso universal a la educación, sino más bien exigir claridad en el manejo de los recursos públicos. ¿Quiénes acceden realmente a la universidad? ¿Los jóvenes más vulnerables tienen las mismas oportunidades? Si no hay rendición de cuentas, la sociedad comienza a preguntarse si las universidades no se están convirtiendo en un negocio para algunos sectores políticos. Y esa es una sospecha que debemos evitar a toda costa.
Abrir las cuentas es un acto de responsabilidad
La autonomía universitaria no debería ser utilizada como excusa para el secretismo. Hoy en día, el control y la transparencia son demandas legítimas de la sociedad, y las universidades deben adaptarse a ello. Lo que necesitamos es que las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lideren este cambio. El CIN, que agrupa a los rectores de las universidades públicas, debería ser el abanderado de la rendición de cuentas, no un obstáculo.
Hace poco Álvarez me contaba que, durante meses, el CIN no permitía acceder a los números universitarios. Esa negativa es inadmisible. No se trata de una cuestión de autonomía, sino de opacidad. Y la opacidad siempre genera sospechas. Si las universidades no transparentan sus cuentas, alimentan la idea de que algo no se está haciendo bien.
Ya lo vimos en la década del 90, cuando se realizó un censo universitario para transparentar la cantidad de estudiantes y los recursos que se destinaban. Ese tipo de iniciativas deben volver a ser implementadas, no desde el gobierno, sino desde las propias universidades. Es momento de hacer borrón y cuenta nueva: saber cuántos somos, qué hacemos y cuánto cuesta realmente la universidad pública.
El gobierno actual tiene una visión economicista que, guste o no, responde a la realidad presupuestaria del país. Pero la rendición de cuentas no debe ser vista como un ataque a la autonomía universitaria. Es más, debería ser una propuesta de las propias universidades para evitar malentendidos y proteger la integridad de la educación pública. Si las universidades se mantienen en esta postura cerrada, no hacen más que alimentar las dudas sobre su verdadero rol en la sociedad.
En definitiva, la universidad pública argentina merece un debate serio y transparente. Los números deben estar sobre la mesa. Padres, alumnos y profesores tienen derecho a saber en qué se está invirtiendo el dinero de todos. La rendición de cuentas no es un capricho del gobierno de turno, es un acto de responsabilidad hacia toda la sociedad. Abrir las cuentas es el primer paso para fortalecer una de nuestras instituciones más preciadas: la universidad pública.
