No hay sorpresa ni novedad. Cambia el clima político, pero no las formas. Javier Milei y su Gabinete parecen gobernar sin contexto. No importa qué suceda. Puede ser el aumento del dólar, un diagnóstico económico pesimista, el estallido del caso $LIBRA, las sospechas sobre ANDIS o, como sucede ahora, la investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni; la respuesta es siempre la misma: ellos son leones o domadores y el resto mandriles que necesitan hipoglós, estúpidos, operadores, ensobrados y chorros.
Las respuestas son siempre infantiles. Algunas revisten tintes políticos y otras simplemente buscan trazar alguna línea moral para diferenciar el bien y el mal. El oficialismo, que gusta de jugar al fleje de la democracia, se aferra a su relato y, anclado en su núcleo duro, profundiza la lógica amigo-enemigo.
Todo es show y Movistar Arena hasta que aparecen preguntas incómodas, investigaciones periodísticas o críticas políticas. En ese marco, el Gobierno reacciona con una fragilidad sorprendente. No tolera el escrutinio, no acepta el cuestionamiento y no soporta el control público. En definitiva, no se la banca.
El caso de Manuel Adorni expone con claridad ese mecanismo. Frente a las denuncias y las preguntas sobre su patrimonio, la respuesta oficial no consistió en explicar, aclarar o transparentar información. El argumento central fue otro: “Es una operación”. Una respuesta política ante un cuestionamiento judicial; una película que la Argentina ya vivió en su historia reciente. El lawfare por otros medios.
Bajo esa lógica, los dirigentes libertarios aseguran que detrás de las investigaciones existe un supuesto intento de desestabilización contra Javier Milei. La diputada Lilia Lemoine, vocera de oficio ante el silencio involuntario de Adorni, planteó esa hipótesis de manera explícita en redes sociales.
Lo mismo hizo el economista Miguel Boggiano, quien no dudó en exponer su vocación de sommelier periodístico al plantear un cuestionamiento a la jerarquización de la información. “Ponerse a mirar la casa de Adorni con los problemas que tiene el país”, sentenció, como si una cosa excluyera a la otra. El clima de época lleva a aclarar lo obvio: en democracia se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. El periodismo puede investigar presuntas inconsistencias patrimoniales y, al mismo tiempo, cubrir la caída de la actividad económica, la pérdida de empleo, la crisis del PAMI, el conflicto universitario o los reclamos de las personas con discapacidad.
La conveniencia del caso Manuel Adorni
De hecho, algunos analistas sostienen que el Gobierno mantiene vivo el tema Adorni porque funciona como una cortina que desplaza del centro de la escena, y de los títulos principales, problemas mucho más delicados para la gestión: los problemas de la Argentina real.
El oficialismo también intenta refugiarse en otra defensa conocida: “Hablan de esto, pero no de la corrupción kirchnerista”. El argumento tampoco resiste demasiado análisis. Primero, porque buena parte del periodismo que hoy investiga al Gobierno actual también investigó durante años los escándalos de corrupción de las administraciones anteriores. Segundo, porque ahora el oficialismo ocupa el poder; y cuando alguien gobierna, el foco inevitablemente se posa sobre sus decisiones, sus funcionarios y sus cuentas. Así funciona cualquier democracia madura.
¿Qué espera el Gobierno?
La pregunta de fondo resulta bastante simple: ¿qué espera el Gobierno? ¿Que el periodismo mire para otro lado? ¿Que no pregunte? ¿Que no investigue? Si un jefe de Gabinete de cualquier otro signo político hubiera declarado un departamento y 45.000 dólares de ahorros y, poco después, apareciera vinculado a gastos millonarios incompatibles con esos ingresos, el universo libertario habría montado un escándalo político durante semanas, probablemente con razón.
Entonces, ¿por qué ahora la investigación se convierte automáticamente en una conspiración? Además, ni siquiera se trata de un fenómeno nuevo: el propio oficialismo sostuvo durante meses que las denuncias contra José Luis Espert y contra Diego Spagnuolo formaban parte de “operaciones”, para después expulsarlos sin demasiadas explicaciones. La lógica se repite: primero descalifican cualquier cuestionamiento; después, cuando el costo político crece, intentan despegarse.
La intolerancia oficial frente a las críticas no se limita al periodismo; también alcanza a figuras que el propio presidente admiraba hasta hace poco. El caso de Domingo Cavallo resulta paradigmático. El padre de la convertibilidad cuestionó el rumbo económico de Javier Milei y criticó la estrategia de Luis Caputo. Dijo que el presidente se concentra demasiado en la teoría y poco en el funcionamiento real de la economía, y definió a Caputo como un “trader” sin programa económico. La reacción oficial fue inmediata y, como casi siempre, desproporcionada. Caputo respondió con dureza y Milei también; ambos lo atacaron públicamente.
Lo curioso, en este caso, es que el propio Milei definía hace algunos años a Cavallo como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”, y también cuestionaba con enorme dureza a Caputo por su paso por el Banco Central. En el universo libertario las convicciones parecen durar hasta la primera crítica, como suele suceder en el viejo mundo de la casta política.
El problema de fondo
El problema de fondo no reside únicamente en la susceptibilidad oficial. El problema aparece cuando un Gobierno empieza a ver conspiraciones en cualquier pregunta incómoda; cuando considera enemigos a quienes controlan, investigan o cuestionan. Cuando interpreta el ejercicio periodístico como un ataque político permanente, eso no fortalece al poder, lo debilita.
Las democracias no funcionan como un sistema de aduladores. El periodismo no existe para aplaudir gobiernos, la oposición no existe para felicitar presidentes y la ciudadanía no vota monarquías absolutas; vota administraciones que deben rendir cuentas todos los días.
Si el Gobierno quiere reducir las críticas, existe un camino mucho más efectivo que denunciar operaciones: puede mejorar la gestión. La nómina en este sentido es vasta y contundente: puede actualizar el bono de los jubilados (congelado desde el inicio de la gestión), puede devolver medicamentos gratuitos, puede resolver el deterioro del PAMI, puede frenar la caída del empleo, puede cumplir con el financiamiento universitario y puede reparar el ajuste sobre las personas con discapacidad. Nada de eso eliminará las críticas, gobernar implica convivir con ellas, pero quizás, al menos, las vuelva un poco menos inevitables.
