La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay resolvió la exclusión definitiva de una entidad del Registro de Empresas Administradoras de Crédito. La medida se tomó tras constatar que la institución mantiene una situación de "incumplimiento contumaz" respecto a la normativa vigente, acumulando una serie de omisiones que han vuelto imposible la fiscalización de su actividad por parte del regulador.
Se trata de Crediunión S.R.L., empresa que, según los antecedentes detallados en la resolución, dejó de presentar la información requerida para las Administradoras de Crédito de Menores Activos desde diciembre de 2023.
Entre la documentación faltante se encuentran datos críticos, como el balance de la administración, informes de compilación, tasas activas por tarjeta y la conformación de sus conjuntos económicos. Debido a esta falta de transparencia, los últimos estados contables que posee el supervisor corresponden al ejercicio cerrado en setiembre de 2023.
La situación de la firma se agravó ante la falta de respuesta a las reiteradas advertencias del Banco Central. Las omisiones, que incluyeron el incumplimiento en el envío de datos sobre la tasa de control regulatorio, generaron multas por atraso que, al 9 de setiembre de 2025, ya ascendían a $ 42.696.079,14.
A pesar de ser intimada formalmente mediante una nota oficial para regularizar su situación y cancelar las deudas en un plazo de diez días hábiles, la institución no emitió respuesta alguna.
Ante la imposibilidad de ubicar a los responsables en su domicilio constituido, el BCU debió proceder a una citación a través de publicaciones en el Diario Oficial durante los días 19, 20 y 23 de febrero de 2026, para que el interesado tomara vista del expediente sancionatorio. Una vez vencido el plazo legal sin que la entidad compareciera ni brindara explicaciones, el regulador concluyó que el comportamiento de la empresa es incompatible con su permanencia en el sistema financiero regulado.
La resolución, firmada por el superintendente Juan Pedro Cantera, subraya que la obtención de la información solicitada es una condición necesaria para ejercer el control efectivo que la ley encomienda a la SSF. En consecuencia, se dispuso la exclusión de la empresa del registro.
