La sucursal del Banco de la Nación Argentina en Uruguay fue sancionada tras permitir una operación sospechosa a un cliente con antecedentes de lavado de activos.
En una reciente investigación, la sucursal en Uruguay del Banco de la Nación Argentina fue sancionada por su manejo de una cuenta abierta a un empresario argentino con antecedentes de lavado de activos.
En febrero de 2022, el empresario argentino, identificado en los documentos oficiales, solicitó la apertura de una cuenta en la sucursal uruguaya del banco. A pesar de que la Oficial de Cumplimiento de la entidad advirtió sobre la investigación del cliente por delitos graves como lavado de activos, sobreprecios y soborno, el gerente de la sucursal autorizó la apertura de la cuenta, contraviniendo la recomendación de no proceder.
La apertura de la cuenta se realizó con un perfil transaccional limitado a USD 10.000 mensuales, asignado debido a la alta clasificación de riesgo del cliente. Sin embargo, el 29 de junio de 2022, la cuenta recibió una transferencia internacional de USD 700.000, una suma que excedió ampliamente el límite asignado y generó una alerta automática en el sistema de la entidad.
Pese a el alto riesgo de esta transacción, el banco archivó la alerta sin llevar a cabo una revisión exhaustiva, lo que suscitó una serie de interrogantes sobre la efectividad de sus controles internos. Según el Manual de Prevención del Lavado de Activos del banco, las sucursales están obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF) sobre transacciones que resulten inusuales o que carezcan de justificación económica adecuada. En este caso, parece que dicha normativa no fue aplicada correctamente.
La Unidad de Cumplimiento y el Banco Central del Uruguay están investigando la situación para determinar las posibles sanciones y medidas correctivas.
El empresario argentino, cuyo nombre no fue divulgado en esta etapa del proceso, sigue bajo investigación.
Aunque el banco argentino presentó descargos, estos no fueron aceptados por varias razones.
En primer lugar, entienden que "el hecho de que los fondos provengan de una institución financiera del exterior no exonera a la institución de su deber de analizar la transacción con otros elementos, máxime cuando se trata de un importe significativo para la entidad".
De hecho, argumentan que el informe profesional de Contador Público del 03 de junio de 2022 certificando que el cliente disponía de la suma de U$S 1.829.157 en una institución financiera de Suiza, "no es un dictamen del origen lícito de los fondos, sino una certificación de que existían".
"La institución no puede ignorar que el monto recibido del exterior que generó la alerta no resulta acorde con el perfil definido ni tampoco con el nivel de ingresos declarado y para el cual presentó declaración. Nuevamente, no había elementos que justificaran el origen del monto transferido contrario al perfil (contrato de compraventa de inmuebles, etc.), más allá del punto de origen de dicha transferencia", agrega el documento.
